Después de la implantación del decreto calificado como “de exclusión sanitaria”, que impedía la atención a inmigrantes sin la documentación apropiada, el Gobierno de María Dolores de Cospedal fue el único que no adoptó medidas autonómicas para garantizar la atención al colectivo. El Ejecutivo regional se excusó ante esta situación, denunciada por Médicos del Mundo, señalando que sólo seguían la legislación impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de volver a ofrecer atención sanitaria al colectivo, pero no de expedir tarjetas sanitarias, el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá con su obediencia estricta ante las normativas del Ejecutivo nacional. Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, quien señaló después del último Consejo de Gobierno que el Gobierno “tratará” de cumplir lo que se proponga en esta materia, siempre cumpliendo con las “obligaciones asistenciales y económicas”.
Leandro Esteban no falló en señalar que las respuestas ante estas medidas “que hayan podido ser dolorosas”, hay que pedírselas a los antiguos responsables de los Gobiernos tanto nacional como de Castilla-La Mancha. Esteban celebró que ahora se puede ofrecer a los ciudadanos una cartera de servicios, “sabiendo que la sanidad pública no está en riesgo”. Desde el PSOE, José Luis Martínez Guijarro ha criticado que la rectificación “parcial” del Ministerio “no tiene ningún sentido” y que se debería garantizar toda la asistencia sanitaria que requieran los ciudadanos.
Por su parte, Izquierda Unida ha señalado que el anuncio de readmisión es una “muestra más” del “uso electoralista” que el Gobierno central hace de los servicios públicos, al hacerlo sólo dos meses antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. En este sentido, la formación señala que la salud es un asunto importante y vital, que debe ser dejado al margen de “decisiones partidistas oportunistas” y que está matización es “una prueba más del cinismo y la insensibilidad social del Partido Popular”. En este sentido, IU señala que sólo se demuestra la “improvisación” con la que actúa Sanidad, algo que se queda, además, “a medio camino”.
Izquierda Unida se ha unido también a las denuncias de varia ONGs, que han hecho públicos casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes se les ha negado, en primera instancia, la atención médica o la tramitación de la tarjeta sanitaria, incluso al tener residencia válida. Por otro lado, ciudadanos aquejados por enfermedades graves o crónicas han visto cómo se les denegaba la atención sanitaria. A esto unen, además, lo que llaman “ejemplos de la decadencia del sistema de salud”, como los cierres de plantas y camas, saturación de las listas de espera, y las derivaciones a centros privados.