La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, ha firmado con el presidente del Colegio de Trabajadores sociales de Castilla-La Mancha, Florencio Alfaro, y los decanos de los Colegios de Abogados de Albacete, Julio García; Ciudad Real, Cipriano Arteche; Cuenca, Jesús Celada; Guadalajara, Emilio Vega; Talavera de la Reina, Margarita Cerro; y Toledo, José Sánchez, una adenda a los siete convenios suscritos en octubre del año pasado y que permiten dotar de personal especializado al programa de intermediación hipotecaria de la Junta de Comunidades.
El acuerdo firmado permite ampliar el área de cobertura de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria de la Junta de Comunidades a los alquileres, siempre que estos sean de vivienda única y habitual de la persona o familia afectada y que esté ubicada en territorio de Castilla-La Mancha. Se trata, ha dicho De la Cruz, de una medida completamente “pionera” en España y que “amplía las prestaciones” de un convenio que “hemos ido puliendo en su aplicación” pero cuyo funcionamiento “nos hace sentirnos muy satisfechos”.
Tras casi un año de funcionamiento de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, el Gobierno regional opta así no solo por renovar los servicios que ya prestaba sino por ampliar las prestaciones a través de las oficinas, desde las que se ha atendido a más de un millar de afectados y se ha evitado que 36 familias de Castilla-La Mancha pierdan su hogar al tener un procedimiento de desahucio abierto en sede judicial con fecha de lanzamiento fijada.
La inclusión de los arrendamientos como objeto de atención ciudadana obedece a la evolución que están presentando las cifras, tanto a nivel nacional como autonómico. La Junta explica que mientras en España las ejecuciones hipotecarias han bajado entre marzo de 2015 y 2016 en un 30 % y en Castilla-La Mancha en un 12%, las ejecuciones derivadas de alquileres se han incrementado en territorio nacional en un 2,47% en el último trimestre. De la Cruz ha precisado que estos datos son “globales” y que no precisan si los bienes afectados son viviendas habituales u otros recursos arrendados.
Impacto de los lanzamientos en la región
Este incremento del impacto de los lanzamientos en viviendas alquiladas ha movido al Gobierno de Castilla-La Mancha a una decisión que “no había tomado hasta ahora ninguna comunidad autónoma”. Los servicios que prestarán las OIH a través de esta línea consisten en informar al arrendado sobre sus derechos, evaluar el caso mediante un informe social que justifique las razones objetivas de los impagos, el establecimiento de mecanismos de mediación y acercamiento de posturas si lo solicitan ambas partes, la gestión de ayudas sociales complementarias y en caso extremo la búsqueda de un recurso habitacional alternativo si finalmente no puede evitarse el desalojo de la vivienda.
Por su parte, el decano de los abogados de Toledo, José Sánchez, ha agradecido el “tremendo esfuerzo” que está realizando en la materia la Consejería, y en particular la Dirección General de Vivienda que encabeza José Antonio Carrillo. Sánchez ha recordado que la función social de los abogados está escrita en sus estatutos y que el colectivo de letrados está “contento” con el convenio porque “se están cumpliendo sus fines”.
Finalmente, el presidente de los trabajadores sociales, Florencio Alfaro, ha indicado que le parece “positivo que seamos pioneros” en la atención desde la administración pública a “este drama tan grande”, al tiempo que ha definido como “modélica” la colaboración mutua del Gobierno regional con los Colegios Profesionales. “Siempre se puede mejorar y avanzar, como con esta adenda”, ha precisado, defendiendo la necesidad de “arropar y dar calidez” a los afectados.