Tal como hemos venido informando, este Plan regional se ha anunciado como aprobado en varias ocasiones pero ha habido que esperar hasta que el pasado 21 de julio el Ministerio de Fomento y la Junta procedieron a la firma de un convenio bilateral que concreta cual es la aportación que percibirá Castilla-La Mancha del Gobierno central, con cargo al “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016”, quince meses después de la publicación del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, que lo aprobó.El convenio establece que la región percibirá una aportación de 32 millones de euros en los dos años y medio que restan de vigencia del Plan, a los que se añade la subsidiación de los intereses de los préstamos de adquisición de vivienda ya concedidos con planes anteriores, por importe de 84 millones, mientras que la Junta de Comunidades se compromete a presupuestar otros 38 millones.
Por lo tanto la dotación real destinada a nuevos programas de ayudas del VI Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha será por lo tanto de 70 millones de euros.
Ayudas del nuevo Plan de Vivienda
Dentro de las líneas de ayudas destacan las destinadas al alquiler, que contarán con dos programas: uno de ayudas al alquiler de viviendas, al que se destinan cerca de 20 millones de euros y un segundo programa para fomentar el Parque Público de Viviendas en Alquiler, con un presupuesto de 6 millones de euros.
Otro programa será el de rehabilitación edificatoria dotado con 34 millones de euros. El cuarto programa es el relativo a la regeneración y renovación urbanas con más de 7,5 millones de euros. La línea de rehabilitación se completa con el fomento de Ciudades Sostenibles y Competitivas, que prevé financiar iniciativas de regeneración de barrios, centros históricos o zonas turísticas, y por último se prevén ayudas para la implantación del Informe de Evaluación Edificios (IEE) cuando es obligatorio.
Modificaciones en la normativa de vivienda protegida
El Decreto incluye también cambios en la normativa de las viviendas con protección pública, tales como la posibilidad de solicitar la descalificación de ese carácter de las viviendas que no se hayan vendido en el plazo mínimo de seis meses, para pasar a ser vendidas como libres. También se permite la cesión en alquiler de las viviendas protegidas a personas que, habiéndolas comprado para residir en ella, por motivos excepcionales como movilidad laboral u otras, no residan en ella, siempre que los arrendatarios cumplan con los requisitos que marca la Administración para acceder a ellas.
Finalmente se autoriza la posibilidad de que los promotores de vivienda con protección pública puedan cambiar la calificación de las mismas de venta a alquiler o viceversa en función de la demanda esperada.