La resolución publicada el pasado viernes se presenta nuevamente, después de que el año pasado no se presentase ninguna empresa para el concurso de privatización de las residencias universitarias públicas de Cuenca. El documento hace referencia a las tres residencias que se encuentran en activo actualmente, Alonso de Ojeda, Bartolomé de Cossío y Juan Giménez de Aguilar.
Se trata de una licitación por procedimiento abierto por dos años, prorrogable, que dará la posibilidad a empresas privadas de contratar la gestión de los servicios públicos mediante concesión. Los criterios establecidos por el documento se basan en el proyecto de explotación, el precio del canon, la oferta de desayuno y cena para los fines de semana y la posibilidad de mejoras en las instalaciones según inversión económica.
Comisiones Obreras hizo público recientemente un estudio de las condiciones de las residencias universitarias alrededor de la región, en el que se señalaba que las residencias universitarias de Cuenca, las únicas públicas, eran también las únicas instalaciones que cumplían adecuadamente con los servicios que se ofrecen a los estudiantes, a diferencia de las privadas que muestran deficiencias en términos de limpieza, alimentación e, incluso, Internet.
La Junta de Comunidades ha hecho también público un plan para trasladar al personal de estas residencias, en su mayoría en condición fija. El sindicato de educación STE Castilla-La Mancha ha mostrado también su rechazo ante estas medidas, señalando que la responsabilidad del Gobierno regional es gestionar los servicios de manera directa, no entregarlos a manos privadas.