El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha anunciado que la Administración pública agraria de Castilla-La Mancha ha estimado que “no hay justificación técnica” para declarar de Interés Regional la superficie de 862 hectáreas de la SAT Regadíos del Sur de Hellín“ y, por tanto, ”se va a declarar nula“ esa Declaración de Interés Regional que se hizo en su momento. Esta decisión se tomó por parte del Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal y generó una gran polémico debido a que parte de los terrenos eran propiedad de familiares de la exdiputada nacional del PP Maravillas Falcón.
Martínez Arroyo ha realizado estas declaraciones antes de la clausura de la Ejecutiva Provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Albacete, en el Ateneo de la capital. El mismo lugar donde en febrero de 2015 la organización agraria denunciaba esta polémica recalificación de terrenos junto a los representantes de las comunidades de regantes ya establecidas y a las que se las dejaba fuera del acceso al agua.
El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha señalado que “ahora toca sentarse con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y, en primer lugar, ”poner encima de la mesa que antes de nuevos regadíos, están los derechos de los actuales regantes que tienen necesidades de agua“, antes de pasar a considerar nuevos terrenos de secano a regadío. Ha explicado además que el Gobierno de Castilla-La Mancha está a punto de estimar el recurso interpuesto por la comunidad de regantes La Horca y Mayorazgo de Agramón ”contra la Declaración de Interés Regional de unos terrenos de la SAT Regadíos del Sur de Hellín“, que se hizo ”en fechas bastante inapropiadas, muy cerca de unas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha“.
Además, el consejero ha aclarado que los técnicos de la Consejería de Agricultura han visitado las parcelas 'in situ' y han comprobado que el porcentaje de superficie en cultivos herbáceos es del 75% total y no hay ninguna justificación técnica para tomar la decisión que se tomó en su momento. Por eso, apuntado a “la intencionalidad política que no es tolerable a la hora de hablar de acceso al agua en Castilla-La Mancha”.
El Gobierno regional, señala, cumple así el compromiso adquirido en junio de 2015 cuando anunció que revisaría el decreto aprobado por el Ejecutivo anterior, al considerarlo “sospechoso de intencionalidad política, ya que se presentó en fechas próximas a las Elecciones Autonómicas de mayo de 2015”, ha afirmado el consejero. Una decisión que pasará por el Consejo de Gobierno, próximamente para ser revocada e iniciar un nuevo procedimiento que sí tenga en cuenta a los agricultores históricos de la comarca de Hellín.