La aprobación del proyecto de Ley de Transparencia regional ya tiene fecha. Será la próxima semana cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha lo apruebe según ha anunciado el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page. No será la única gran medida que ponga en marcha el Ejecutivo regional ya que vendrá acompañada de un acuerdo “trascendental” con sindicatos y empresarios por la recuperación económica, que vendrá acompañado de otro más suscrito con el tejido empresarial de la región, “que será el más importante para reducir trámites burocráticos, optimizarlos e introducir la Administración electrónica”.
El presidente habló del “macro-Plan Administración Fácil” que permita dotar a las empresas de todas las ventajas posibles para que puedan establecer sus negocios. “Les pondremos hasta la banda de música si hace falta”, comentaba. Y todo ello se traducirá dijo en “un gran acuerdo” que “cuajará” antes de fin de septiembre en lo que supondrá avanzar en el camino “iniciado hace un año de cara a un marco normativo importante sobre transparencia”.
García-Page lo explicaba durante la firma, en el Palacio de Fuensalida en Toledo, de un protocolo de colaboración con el presidente de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, Enrique Barón, que persigue el fomento de la Administración electrónica, la transparencia y la participación ciudadana.
“Estamos contentos de firmar este documento que tiene que ver con la estrategia marcada en el discurso de investidura”, dijo, y que “no solo va aportar experiencia sino que acompañará al Gobierno regional en el objetivo de completar la red 3G en toda la comunidad autónoma el último año de legislatura”.
En este sentido confió en que a la vuelta de cinco años “la inmensa mayoría de los trámites” de la ciudadanía con la Administración en la región “se puedan hacer por teléfono”. Una decisión que, explicaba, va mucho más allá de evitar los cortes en las comunicaciones telefónicas por carretera, y que permitirá que en una región como esta, con 80.000 kilómetros cuadrados, dos millones de vecinos y dificultades orográficas “tremendas” en algunas zonas, se puedan hacer trámites sencillos como pedir una cita médica vía telefónica y no de manera presencial.
Por su parte, el presidente de la Fundación Europea, Enrique Barón, ha mostrado su satisfacción por la rúbrica de este convenio y ha recordado que actualmente trabajan con varios países de la Unión Europea y con más de 800 administraciones regionales y municipales con el afán de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) “al servicio de la ciudadanía”. En su opinión, con este convenio la Junta se coloca “a la vanguardia” en una de las prioridades de la Unión Europea, como es la Agenda Digital, es decir, “la aplicación de las TIC's a la economía y a la sociedad de manera generalizada”, dentro de la conocida como Estrategia 2020.
Creación de un Centro Europeo de Innovación
El protocolo suscrito supondrá la puesta en marcha de un Centro Europeo de Innovación en la región para la Administración Electrónica, la Transparencia y la Participación Ciudadana, que será financiado íntegramente por la Fundación Europea. “En cuanto nos den el local en 20 días estamos en marcha”, comentaba Barón al ser preguntado por los plazos.
Además, se implantarán diversas herramientas encaminadas a extender el uso de las nuevas tecnologías y de la Administración electrónica. Por ejemplo, a través del Programa Administratel (con dispositivos y programas que permiten a los ciudadanos realizar gestiones administrativas a través de los mismos, que pueden estar en uso las 24 horas del día); el Plan de Vuelo (aplicaciones que permiten a las administraciones la gestión electrónica de expedientes, para una Administración sin papeles) o el Programa Eurípides (herramientas que permiten grabar y emitir en directo a través de internet sesiones de órganos colegiados, plenos de ayuntamientos por ejemplo).
También existen otros programas para el Fomento de la Transparencia, como la Plataforma de Transparencia, desarrollada para ofrecer a los ciudadanos la información que requiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que permiten en especial a los ayuntamientos de la región cumplir con sus obligaciones en esta materia.
Finalmente están los programas de Fomento de la Participación, caso del Programa Participa, una plataforma de participación online que permite a la Administración tomar decisiones tras su valoración por los ciudadanos, y el Programa Proponga, una plataforma que permite que los ciudadanos puedan proponer iniciativas, mejoras o alertar sobre incidencias en los servicios).
Para la promoción y desarrollo de dichos programas y la ejecución de las actividades derivadas de los mismos y sin coste actual alguno para esta Administración regional, la Fundación asume el compromiso de ofrecer los recursos materiales y humanos adecuados, aportando la financiación necesaria tanto para la puesta a disposición de personal, como de las dotaciones necesarias para financiar los correspondientes Programas con aquellas Administraciones Públicas, Organismos y Entidades del Sector Público que formalicen con ella los correspondientes instrumentos de colaboración.
Para 2016 y 2017 la Fundación dispone de una dotación de 2.816.200 euros para material informático y de 2.601.000 euros para programas y aplicaciones. La duración de este protocolo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019.