El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha calificado el mapa de nuevas titulaciones propuesto por la Universidad de Castilla-La Mancha como una proposición “unilateral” que se ha “paseado y mercadeado exclusivamente con alcaldes del PP”. Hernando criticó así la “falta de consenso” con el resto de la comunidad educativa y también con la administración regional “que es quien paga la Universidad regional”.
En este sentido, ha señalado que el mapa propuesto por Collado se ha “encallado”, porque no ha negociado las titulaciones “una a una”, ni tampoco ha proporcionado la memoria económica que requiere cada una de las carreras propuestas. “No se pueden aprobar a granel, hay que embotellarlas”, explicó el portavoz regional.
El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha finalmente no votó la propuesta de nuevos grados repartidos en distintas facultades en su última reunión, a pesar de que el mapa se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución educativa. Han explicado que se entienden que el órgano de representación carece de las competencias necesarias para aprobar este mapa. De todos modos, serán ellos los encargados de estudiar las titulaciones que se vayan presentando y también de informar de cada una de ellas.
El portavoz regional no ha descartado una auditoría externa de la Universidad regional, ya que explicó que hay que saber “hasta qué punto es necesario o no” rescatar la institución regional antes de emprender un nuevo mapa de titulaciones. “Es un paso imprescindible para no ir a ciegas, sino tomar pasos firmes con determinación hacia un futuro sólido en la Universidad de Castilla-La Mancha. No queremos ir a oscuras”, explicó.
El “mercadeo” de las titulaciones ya lo había criticado Podemos, después de una visita del secretario general de la formación y vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José García Molina, a la facultad de Periodismo en Cuenca. El partido aseguró que el enfoque de gestión que se estaba presentando tenía una visión “puramente empresarial” y que es un grave “error que afecta a la vida y al futuro de nuestra Universidad regional, amputando su vocación de servicio público y convirtiendo a las y los estudiantes en clientes y las titulaciones universitarias en productos”.