Los repobladores de Fraguas deberán demoler el poblado de esta antigua aldea de la Sierra Norte de Guadalajara que llevaban reconstruyendo desde 2013. Así lo recoge la sentencia emitida hoy por el Juzgado de lo Penal de Guadalajara que condena a cada uno de los seis encausados por el caso Fraguas a penas de un año y seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio y a una multa de 12 meses a razón de seis euros de cuota diaria (2.160 euros).
Además, el tribunal les impone una pena pecuniaria de 540 euros a cada uno, a razón de 6 euros diarios durante tres meses por el delito de usurpación del monte público. Una sanción que de no cumplirse daría lugar a penas de cárcel de tres años por persona, según establece la sentencia.
En cuanto a la responsabilidad civil, los okupas deberán sufragar los costes de demolición del poblado que fije la Junta de Castilla-La Mancha como acusación en este conflicto judicial iniciado hace cinco años contra el colectivo okupa.
El fallo no es definitivo. Esto significa que los acusados pueden presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra esta resolución en el plazo de diez días.
“Con sorpresa y preocupación”. Así ha recibido este viernes el colectivo la sentencia que acarrea una multa de 16.380 euros por delitos contra la Ordenación del Territorio y Usurpación de Monte Público a la que hay que sumar los costes de cerca de 30. 000 euros con los que han de sufragar, en concepto de Responsabilidad Civil el derribo de las construcciones del poblado de Fraguas y, que elevan la sanción total hasta los 50.000 euros.
“Estamos sorprendidos por una condena tan contundente que no esperábamos, ya que confiábamos en ser absueltos, después de haber demostrado en el juicio que no estamos dañando al medio ambiente”, afirma Jaime Merino, uno de los okupas de Fraguas a eldiarioclm.es.
Estas sanciones son, precisamente, la principal preocupación de los acusados, ya que, según expresa la sentencia, de no cumplirse, se transformarán en penas de tres años de prisión para cada uno de los procesados. “El problema son las multas. No tenemos recursos para afrontarlas y nos asusta la posibilidad de entrar en prisión”, asegura Merino.
“Estamos decididos a recurrir la sentencia, porque creemos que este conflicto tiene solución y nuestro proyecto es viable”, explican. El recurso que ya prepara su abogado se apoyará en los mismos argumentos sobre los que la defensa armó su estrategia judicial. Es decir, apoyar la ‘legitimidad’ de esta iniciativa que tiene como objetivo ‘recuperar un espacio rural abandonado’ y la vía administrativa como cauce para resolver el conflicto judicial con la Junta de Castilla-La Mancha. La resolución de recurso podría darse en un periodo máximo de 10 meses.
Mientras tanto, el colectivo de Fraguas no pierde la ‘esperanza’ en sacar adelante su proyecto de repoblación rural. “La sentencia es ejemplarizante y demuestra que la Junta no ha tenido nunca voluntad de regularizar nuestra situación ni ha querido dialogar con nosotros para alcanzar una salida consensuada”, asegura Jaime Merino.
Y es que el intento de comunicación que se había abierto hace unas semanas entre la Dirección provincial de Agricultura y los okupas, a través de la mediación de Ecologistas en Acción, se frustró finalmente. Según explica Merino, “Santos Tabernero rechazó reunirse, porque no quería interferir en el juicio y decidió posponer el contacto hasta que concluyera el proceso judicial”.
Ahora y a la espera de que el juez resuelva el recurso contra la sentencia, la intención de los okupas es continuar con su proyecto y no se plantean abandonar la antigua aldea de la Sierra Gorda de Guadalajara. “No vamos a dejar Fraguas a estas alturas, porque esa decisión no nos eximiría de la condena”. Además, confían en que “la presión social nos ayude a llegar a un pacto con la Junta por la vía administrativa que nos permita proseguir con nuestra vida en Fraguas”.
Durante los próximos meses, el colectivo de Fraguas planea organizar marchas reivindicativas para defender su proyecto, entre las que no descartan realizar un abrazo simbólico a Fraguas para evitar el desalojo, según relatan los okupas a este medio.
Cinco años de conflicto
El conflicto que mantienen el Gobierno de Castilla-La Mancha y el colectivo de okupas de Fraguas se retrotrae a 2013, cuando este grupo se asentó en la antigua población de la Sierra Norte de Guadalajara con el objetivo de reconstruirla y habitarla.
La problemática estriba en que Fraguas dejó de ser municipio a partir de 1968, después de que fuera expropiado forzosamente por el franquismo. Desde entonces, su condición como Monte de Utilidad pública y el hecho de que esté ubicado en los límites del Parque Natural de la Sierra Norte desde 2011 hacen que no sea habitable, según la legislación. Este es, precisamente, el argumento principal que motivó la denuncia de la Junta contra el grupo de okupas hace cinco años y sobre el que la acusación sustentó su estrategia judicial para acusarles de delitos contra la Ordenación del Territorio, Usurpación de Monte público y Daños al Medio Ambiente.
El juicio contra los okupas de Fraguas, que despertó una inusitada expectación mediática y de solidaridad por parte de otros colectivos de ocupación, concluyó con la decisión de la Junta de retirar el delito de daños contra el Medio Ambiente, que suponía más de dos años de prisión para los acusados. Este cambio implicó que la pena contra los seis activistas quedara reducida a 2 años y cuatro meses de cárcel. Esto quiere decir que, por un lado, eludían la entrada en prisión, pero seguían enfrentándose a los otros dos cargos, por delitos contra la Ordenación del Territorio y Usurpación del Monte Público. Unas penas que, hoy ha ratificado la sentencia.