No ha surtido efecto. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Junta de Castilla-La Mancha contra la decisión de la Sección 1ª de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal regional, de fecha 8 de marzo de 2017, que suspendió el decreto de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que ampliaba la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito.
El Gobierno de Castilla-La Mancha utilizó esta opción ambiental para frenar la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). El Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió y el auto que hoy ha notificado el Tribunal regional cierra la puerta ante esta instancia judicial, aunque abre la posibilidad a un nuevo recurso del Ejecutivo de Emiliano García-Page, en casación, ante el Tribunal Supremo, en un plazo de 30 días.
El auto conocido hoy, no varía sustancialmente el ya emitido el pasado 8 de marzo. De entrada, el Alto Tribunal regional ya avanza, en sus razonamientos jurídicos que “ninguno de los motivos impugnatorios tendrá favorable acogida, por no quedar desautorizada la corrección jurídica del auto recurrido”.
Se muestra en desacuerdo con que, tanto la Junta de Castilla-La Mancha como Ecologistas en Acción Cuenca - que se adhirió al recurso de reposición- reprochen al Alto Tribunal el hecho de que “se incurra en el vicio de falta de motivación, de no haber tenido en cuenta el 'periculum in mora' (peligro de la mora procesal) y de no ponderar los intereses en conflicto”.
Además, reitera el TSJCLM que “si efectuamos un correcto juicio de ponderación entre los intereses enfrentados, nos parece prevalente preservar la adecuada gestión de los residuos radioactivos en orden a una mejor seguridad nuclear, mientras se sustancia el pleito, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para las aves y la modificación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales”.
El Alto Tribunal también reitera su postura sobre los argumentos relacionados con los avatares del Plan de Ordenación Urbana de este municipio por insuficiencia de recursos hídricos. “Carecen de incidencia”, señala, porque “lo determinante es la ya apuntada necesidad de llevar a cabo una adecuada y pronta gestión de los residuos radioactivos para lograr una más eficaz seguridad nuclear en todo el territorio nacional”.
En cuanto a los perjuicios ambientales que invoca la Junta, el tribunal regional cree que “no es claro que sean inmediatos ni irreparables, no se alega siquiera que exista riesgo de que se produzca la pérdida o la extinción de alguna especie”.
El Tribunal castellano-manchego vuelve a citar también que sigue la doctrina del Tribunal Supremo, invocando la sentencia de 16 de diciembre de 2016, por la que se suspendía cautelarmente el acuerdo de 28 de julio de 2015 del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que dio inicio al procedimiento para ampliar el espacio protegido de la Laguna de El Hito.
Habrá recurso ante el Supremo y si no, ante el Tribunal Europeo
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado la intención del Gobierno regional de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que desestima el recurso de la Junta, en relación a la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de El Hito y petición a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000 establecido en la Directiva Hábitats.
El titular de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha ha respetado la decisión judicial pero ha mostrado su “sorpresa” por la rapidez de los tribunales en tratar de resolver las cuestiones relativas al espacio natural en torno a la Laguna de El Hito. En cualquier caso, ha afirmado que “no comparte” la decisión y anticipa que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Supremo, “que es la vía que tenemos en este momento a nivel nacional” y tampoco descarta la decisión tomada anteriormente de recurrir a las instancias europeas.
En palabras del consejero, “con estas decisiones se está contraviniendo la Directiva Hábitats”, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D 1997/45 y desde la Consejería, “estamos obligados como Administración ambiental competente a defender el interés del ciudadano en materia de Medio Ambiente”.
Para Martínez Arroyo es asombroso que el auto venga a decir que no es prioritario el medio ambiente y que es prioritaria la actividad nuclear. Y ha recordado que el Gobierno de Emiliano García-Page siempre ha dicho que “el espacio tiene condiciones que lo hacen susceptible de protección medioambiental” y advierte, “evidentemente, no va a dejar de pelear para que el espacio esté protegido”.
En el caso de un pronunciamiento en contra por parte del Supremo, el Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá al Tribunal Europeo.