- Esta normativa, actualmente en consulta pública previa, quiere fijar población y combatir los “estrangulamientos sociales” que impiden el acceso a servicios básicos
Hablar de despoblamiento en una región como Castilla-La Mancha es hacerlo de prácticamente todos los factores, variables y circunstancias que afectan al medio rural en un territorio de tan amplia extensión y con una población tan envejecida. Es el motivo por el que desde el Gobierno de esta comunidad autónoma han abierto varías vías para luchar contra esa España vaciada, entre ellas una nueva norma con rango de ley que complemente el denominado reto demográfico.
No en vano, su denominación será Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento y vendrá a complementar la normativa de Estímulo Económico en Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, ya vigente desde hace dos años y medio.
Según los primeros esbozos del borrador, una declaración de intenciones ya en consulta pública previa, el objetivo principal es hacer una apuesta decidida por la promoción del desarrollo rural en esta comunidad autónoma y garantizar así los servicios mínimos básicos a su población, posibilitar la igualdad de oportunidades efectiva para sus ciudadanos, fijar población y propiciar una adecuada cohesión económica y social entre sus territorios. En ello tendrán una especial relevancia las políticas de juventud, los servicios sociales, las telecomunicaciones, las infraestructuras y el desarrollo sostenible. Estos son los seis ejes sobre los que se vertebrará la norma:
1. Agricultura sostenible y silvicultura
El Gobierno regional parte de la premisa de que garantizar los servicios mínimos a la población rural pasa en primer lugar por fomentar y consolidar su economía, sobre todo a través de la agricultura, la ganadería y la silvicultura.
No es intención del Ejecutivo castellano-manchego dejar todo en manos de la innovación, ya que la futura ley también pondrá el foco en ampliar la base económica y social de estos territorios en las actividades tradicionales productivas y primar su carácter multifuncional, complementando con la diversificación productiva y el empoderamiento de la población.
2. Sector primario y capital natural
Propiciar la dimensión familiar y asociativa del sector primario, la creación de empleo en el medio rural y la organización asociativa de los medios de producción y comercialización para conseguir las mejoras en viabilidad y eficiencia económica ambiental y social, es otro de los horizontes que marcará la normativa.
En este sentido, el componente de la naturaleza quedará también patente en medidas para conservar, cultivar y aumentar el capital natural como “base para valorizar los servicios ambientales del medio natural”. El objetivo aquí es la preservación y mantenimiento de los equilibrios biológicos en el mundo rural, “como bienes públicos que integren función mercantil con valor social”. Es más, también incluirá la lucha contra el cambio climático como base de responsabilidad “social rural”.
3. Contra la despoblación, mejor nivel de vida
De manera más concreta, para frenar los procesos de despoblación de las zonas rurales, en el futuro texto se establecerán medidas destinadas a mantener y mejorar el nivel de vida y accesos a los servicios con métodos de crecimiento y modernización económica enmarcados en el “concepto más avanzado” de desarrollo sostenible.
Considera el Gobierno castellanomanchego que para propiciar ese nivel de vida a la población rural en términos de renta y calidad, se debe discriminar positivamente hacia aquellos habitantes de los núcleos urbanos menos accesibles por sus condiciones orográficas, más diseminados o de dimensión reducida, así como a las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión.
4. Medidas para combatir los “estrangulamientos sociales”
Otro de los objetivos de la futura Ley contra el Despoblamiento es “superar los estrangulamientos sociales” que puedan derivarse de la menor disponibilidad en el mundo rural de servicios, equipamientos e infraestructuras. Particularmente, apostará por incidir en el acceso educativo, prestaciones sanitarias, dependencia, vivienda, transportes, energía, agua y dotación de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Para ello también propondrá incentivar la utilización del patrimonio cultural, etnológico e histórico autóctonos como vía de “valorización económica y social”. Y en este mismo sentido, destaca el apoyo a la capitalización humana del medio rural mediante programas de formación y difusión de la cultura y la financiación de programas y proyectos de I+D+I adecuados a la realidad rural, y a las oportunidades y “valores ligados a un mundo rural vivo y de futuro”.
5. Un modelo bioeconómico
El trabajo conjunto y la integración pasarán por la coordinación con los agentes sociales y las mujeres rurales, junto con sus organizaciones implicadas, para conseguir una optimización en las actuaciones y recursos financieros disponibles. El contexto que marca la Junta para todo ello es la bioeconomía, la economía circular, la producción natural y ecológica, así como el agroturismo como actividades básicas en la economía rural.
6. Turismo y jóvenes
En su declaración de intenciones para esta futura ley, el Ejecutivo autonómico se ha marcado como prioritario fomentar el turismo rural con acciones de promoción dirigidas a la creciente demanda de ocio en las zonas del medio natural, configurándolo como “un destino singular y de valor único”. Pero para ello también destaca la necesidad de garantizar una plena conectividad territorial, para una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, evitando así que se produzca una brecha de derechos en el ámbito digital.
Por último, en la norma se incorporará el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social; y se propiciaran oportunidades para jóvenes en el medio rural garantizándose de este modo un relevo generacional.