Carmelo Ordóñez, titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia y de lo Mercantil de Ciudad Real, ha dictado un auto en el que declara libre de cargas, gravámenes y embargos a Ciudad Real International Airport (CRIA) exceptuando los relativos a los derechos de reversión de las fincas que fueron expropiadas en su día, tanto las inscritas en el registro de la propiedad, como las no inscritas.
Lo hace después de que la mercantil haya pagado lo que le restaba por abonar para hacerse definitivamente con la propiedad del aeropuerto y de esta forma se da por finalizado el proceso de venta de la infraestructura, aunque de forma paralela, sigue tramitándose en el Juzgado el procedimiento concursal hasta la finalización de todos los pagos de créditos a los acreedores.
Además, en el auto contra el que no cabe ningún recurso, se reconoce haber “verificado el pago íntegro de las cantidades, del precio por parte de la compradora”, (quedaban 53 millones de euros por abonar).
El juez hace un repaso a los antecedentes judiciales y alude al auto fechado en junio de 2010 cuando el proyecto fue declarado en concurso de acreedores, así como los posteriores pasos que llevaron a la compra del aeropuerto por parte de la entidad mercantil Ciudad Real International Airport (CRIA).
“Toca mover ficha” a las administraciones públicas
En los fundamentos de derecho del auto, Ordóñez recuerda que “han pasado cerca de 20 años desde que el proyecto de creación del aeropuerto comenzara a fraguarse”, en un proceso complejo (se repasa en este sentido lo que tiene que ver con las más de 300 fincas que componen el “entramado” que integra la unidad espacial sobre la que se asienta el aeropuerto) para el que pide “ toda la ayuda y colaboración a la compradora para que incluso una vez perfeccionada la venta pueda inscribir el objeto de venta en lo ateniente a la partida de fincas rústicas en los registros correspondientes”.
El propio juzgado se ofrece a ayudar en este “proyecto que tanto necesita como impulso económico nuestra ciudad , nuestra región y por qué no nuestro país, pues la situación económica de nuestra región es complicada , frágil y delicada”.
Dice el juez que ahora les toca “mover ficha” a las administraciones públicas. “En Juzgados como el nuestro contemplamos a diario cómo está en realidad el tejido empresarial de nuestra provincia, de ahí la urgente necesidad ahora más que nunca, ahora que ha sido ultimado con éxito la venta del aeropuerto”. Pide “celeridad” en este sentido para ayudar “a poner en marcha este proyecto tan esencial para la economía de nuestra región”.
La Junta, a expensas de lo que comuniquen los jueces
La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha sido hoy preguntada por esta cuestión. Ha comentado que el Gobierno regional está a expensas de lo que comuniquen los jueces, “hasta ahora nada nuevo”.
“Lo que afecta a Fomento es que hemos sido condenado en alguna ocasión por el juzgado como responsable subsidiario por ese PSI donde estaba ubicado el aeropuerto. Cumplimos la sentencia y desde que llegamos al Gobierno se ha saldado la deuda que había con el juzgado”
Dice haber conocido el pago de 53 millones de euros para la compra total del aeropuerto a través de la prensa para recordar que la Junta “forma parte de esa causa y si parte de esa recaudación llega al Gobierno de Castilla-La Mancha siempre será bienvenido porque se podrá destinar a hacer política y redundará al ciudadano”.