Llega el 16 de diciembre y con él el último día dado por la justicia a la Junta de Comunidades para readmitir a los 393 interinos que despidió ilegalmente hace ya dos años y medio, en agosto de 2012. A las 9:30 de la mañana comienza la Mesa de Negociación con los sindicatos, que está pensada con una duración determinada de 8 horas, prorrogable tantos días como sea necesario para llegar a aun acuerdo, y es que hoy acaba el plazo de dos meses concedidos el pasado 16 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para hacerlo.
A esta mesa de negociación han sido llamados miembros de Comisiones Obreras, UGT, CSI-F y STAS. Paralelamente a la negociación que se llevará a cabo en la Consejería de Administraciones Públicas, los mismos empleados han convocado una concentración en la puerta del edificio desde las 10:30 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 19:30, con pitada y cacerolada incluida hasta la hora final de la negociación por hoy. Los asistentes lo tienen claro: no se irán de allí sin su readmisión en los puestos de trabajo que ocupaban y de los que fueron despedidos ilegalmente.
El plan de la Junta es sin embargo todo lo contrario: una “triquiñuela” judicial que se basa en readmitir a estos trabajadores como en la situación previa que tenían, para minutos después emitir una nueva orden de Relación de Puestos de Trabajo que no solo les vuelve a despedir, sino que elimina otras 100 plazas más de trabajo público (en este caso no cubiertas). En total así la Junta elimina 773 puestos públicos.
Los juristas preguntados por este medio también han dado su punto de vista de lo que sería la situación: representantes legales en derecho laboral han indicado que este movimiento es “claramente ilegal”. “La Junta caería en readmisión defectuosa, a lo que se le podría sumar temeridad y mala fe”. Volvería a ser un despido improcedente exactamente en las mismas circunstancias que el anterior: lo único que se ganaría es que se tendría que volver a empezar el pleito para que los trabajadores sean readmitidos, lo que llevaría algo más de 2 años hasta una sentencia. Es decir: solo se ganaría tiempo, pero el sueldo se les seguiría teniendo que pagar a estas personas, intereses incluidos, pero el problema quedaría para el gobierno que saliese elegido en las elecciones de mayo.
Son ya unos 30 millones de euros a pagar por la por la Junta a estos trabajadores que corresponden a 31 mensualidades de nómina cada uno. A ello hay que sumarle intereses de los pagos y costas judiciales.
Los puntos de ambos partidos son muy divergentes por lo que a pesar de la prolongada jornada de negociaciones de hoy es complicado que se llegue a un acuerdo. No obstante la negociación, por parte de la justicia, no cabe: la sentencia la debe cumplir la Junta, y es hoy cuando acaba el plazo para hacerlo, si no quiere caer en otro delito de incumplimiento de condena o que la propia justicia sea la que recoloque a estos funcionarios en vista de que la Junta fuese reacia a hacerlo (tendría potestad para hacerlo).