Hace unos meses conocíamos el caso de los vecinos del barrio Larache que han sufrido uno de esos episodios en los que la legalidad contradice a la justicia y al sentido común. Cuatro familias que, después de sentirse estafadas y desamparadas por el sistema judicial, luchan porque su caso no caiga el olvido y por conseguir el apoyo social para que les concedan lo que legítimamente les pertenece.
Este intento de visibilizar su situación les reunió hace unos días a las puertas del bloque viviendas, situado en el cruce de la calle Melilla con la carretera de Fuensanta, en una improvisada concentración. La razón de esta visita, en la que también pudieron acceder por primera vez dentro del edificio para comprobar el estado de los pisos, era la presencia de un equipo de La Sexta para grabar una noticia.
“Queremos darle difusión y que sea la voz social la que hable y nos abra la puerta para poder reclamar”, explica a El CRisol Gregoria Romero, hija de una de las parejas que entregaron su antigua vivienda a cambio de un piso que, a pesar de estar construido, no pueden habitar. Impotente ante el devenir del proceso judicial, que quitó a la razón a estos vecinos tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, Gregoria, como el resto de afectados, tienen poca esperanza ya para recurrir al Tribunal Supremo, y confían en poder iniciar un nuevo proceso judicial con otra perspectiva, “si encontramos abogados que tengan la valentía de defendernos”.
Mientras tanto sus esfuerzos se centran en recabar apoyos y dar a conocer su situación. Por eso accedieron, junto a un equipo del canal nacional de televisión, al edificio donde deberían estar viviendo sus familiares. “Un trago muy desagradable”, remarcaba Gregoria, pues las viviendas han sido ocupadas en estos meses y presentaban destrozos considerables. “Yo puedo entender que gente si casa ocupe una casa vacía si está desesperada, pero no entiendo que destrocen los cables, los marcos de la puerta y la dejen como están”, recriminaba.
Antes de esta cita con las cámaras, una delegación de estos propietarios mantuvo una reunión con la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, que les transmitió su apoyo y su intención de buscar la forma para poder ayudarles en su causa. “Judicialmente poco nos puede ayudar, pero se ofreció para intervenir en la negociación con la SAREB”, actual propietaria legal del inmueble.
Un caso que se remonta a 2005
Un caso que se remonta a 2005El origen de este caso se remonta al año 2005, cuando un promotor inmobiliario ofreció a los propietarios de varias casas bajas situadas en la zona de Larache, construir en el terreno que ocupaban a cambio de un cantidad económica y una vivienda en el nuevo bloque. Los propietarios accedieron y firmaron ante notario el acuerdo.
Sin embargo, la crisis económica apareció en escena y cuando los pisos estaban prácticamente terminados, después de un retraso de tres años respecto al tiempo estimado inicialmente, estos vecinos recibieron la noticia de que el promotor se había declarado en concurso de acreedores. Entonces la Ley Concursal se volvió en contra de estos vecinos, pues Caja Duero, el banco que había concedido el préstamo para realizar las obras, tenía derecho a cobrar primero.
Además, el banco en ningún momento ha reconocido el derecho de estos vecinos sobre las viviendas y transmitió la propiedad del inmueble a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), una entidad que gestiona los activos inmobiliarios que las entidades bancarias no podían gestionar. Con toda esta situación los propietarios, la mayoría parejas de personas mayores, se han visto obligados a tener que vivir de alquiler, mientras los pisos que les pertenecen están prácticamente terminados y ocupados por gente, que para mayor indignación, los están destrozando.