El Consejo de Gobierno de Castilla-la Mancha ha dado “luz verde” al Proyecto de Ley del Fomento y Coordinación del Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, la conocida como Ley de la Ciencia, que deberá recibir también el visto bueno en el Parlamento regional.
Por primera vez regulará “de forma global y sistemática la actuación de los poderes públicos” en cuanto a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, ha asegurado la titular de Educación, Rosa Ana Rodríguez.
Sin dotación presupuestaria concreta
La nueva norma “fija el compromiso” para la inversión en I+D+i “de forma progresiva” y, además, ha dicho la consejera se quiere “concitar” que “todas las investigaciones estén bajo el mismo paraguas”, bajo una “fórmula” en cuanto a financiación que no dependa solo de los presupuestos de la Consejería de Educación sino que agrupe los procedentes de otros departamentos, de las propias universidades (UCLM y Universidad de Alcalá) y también del sector privado.
La intención, ha dicho la consejera es “aproximarnos a los porcentajes nacionales de financiación”, pero no ha confirmado dotación presupuestaria concreta.
“La tendencia es incrementar la inversión porque todos vamos hacia el mismo objetivo”, ha dicho. “No nace con financiación concreta, solo regula la actuación en materia de investigación, tecnología e innovación”, insistía a preguntas de los periodistas.
Lo que sí ha reconocido son algunos datos de inversión vinculada a la I+D+i: “Unos 20 millones en los últimos años” y 120 contratos de investigación en la región, sin más detalles.
Ha resaltado que “arrancábamos de menos de cero”, refiriéndose a la etapa del Gobierno de Dolores de Cospedal. “Las líneas de investigación fueron cortadas entre 2011 y 2015” y eso ha dicho, generó “una brecha tan grande” que ahora es “complicado” superar.
“La Ley de Investigación de Castilla-La Mancha debe ser útil, no solo un trámite”, decía ya en 2017 el vicerrector de Investigación de la UCLM, Julián Garde, que ahora podría concurrir a las elecciones al Rectorado y reclamaba un blindaje legal para dotar al sistema regional de I+D+i de “financiación pública estable, regular y sostenida”, en una entrevista con eldiarioclm.es.
Cinco líneas de actuación y perspectiva de género
La Ley de Ciencia apuesta también por fomentar la carrera investigadora “en todos los niveles educativos” con cinco líneas de actuación que van desde la creación de “una estructura dependiente de la Junta” y encargada de la organización, coordinación, gobernanza y planificación en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación.
Además de las consejerías con competencias en I+D+i y la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, “la Ley promulga la creación del Consejo Asesor de la Ciencia la Tecnología y la Innovación de Castilla-La Mancha y la Agencia de Investigación e Innovación”, ha añadido.
En cuanto al Consejo Asesor de la Ciencia y la Tecnología será el órgano encargado de asesorar a la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, mientras que la Agencia de Investigación e Innovación será el instrumento para la modernización de la gestión pública de las políticas de I+D+i, encargándose de la financiación, evaluación, concesión y seguimiento de las actuaciones de investigación científica y técnica. Su sede estará en Puertollano.
Por otro lado, la segunda de las líneas de actuación que persigue la futura Ley es el desarrollo de medidas sistemáticas para promocionar e incentivar la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
La elaboración del Plan de investigación científica y desarrollo tecnológico es la tercera línea que en el “futuro” recogerá las ayudas a la investigación, tanto la que desarrollan organismos públicos como privados, además de la contratación de nuevos recursos humanos en I+D+i y un “registro de Agentes en I+D+i”.
La ley, aseguraba permitirá a la región contar con “mejores condiciones para tener mayor crecimiento económico y la reforzará de cara a futuras crisis que pudieran llegar”.
También fomentará la carrera investigadora “entendida como un conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y progreso profesional”, en la que primen los parámetros de “igualdad, mérito y capacidad” y en conformidad a la normativa vigente.
Y finalmente, la norma incorpora elementos de fomento de la cultura científica para todas las etapas educativas y la presencia mujer en el avance científico. “El enfoque de género será transversal en toda la gestión del I+D+i”, comentaba.
Una norma que, concluía, “nace con el consenso de todos los agentes, sector sindical, empresarial y las universidades”.