Castilla-La Mancha tendrá una nueva Ley de Patrimonio que venga a sustituir a la norma vigente que data de 1985. El Consejo de Gobierno ha tomado este martes en consideración el anteproyecto del texto para su “inmediata” remisión al Consejo Consultivo, según ha explicado la consejera portavoz, Blanca Fernández.
“La nueva norma acabará con el desajuste que en este momento se produce entre la actual legislación patrimonial de la región y la realidad actual de la Comunidad Autónoma, de mayor entidad y complejidad que en el año 1985 en el ámbito institucional, organizativo, competencial y, consecuentemente, patrimonial”, ha señalado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
El borrador de la nueva ley data de la anterior legislatura, en concreto del año 2018, como ya adelantase eldiarioclm.es, y todavía no es definitivo. El patrimonio propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha cuenta con 7.255 inmuebles o 2.262 vehículos, entre otras cosas..
El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno consta de 138 artículos, más del doble de artículos de los que tiene la actual normativa. “Ello permitirá que Castilla-La Mancha cuente con un marco regulatorio más completo, totalmente renovado, adaptado a las circunstancias actuales y acorde a la legislación básica del Estado en la materia”.
Entre los principales objetivos de esta nueva ley se encuentra acomodar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta y a la actual situación del patrimonio regional. El segundo de los objetivos es actualizar esta ley de acuerdo con el marco normativo de carácter administrativo en el que se inserta la legislación patrimonial, que ha sufrido una transformación de gran alcance en estos 35 años, así como adecuar la legislación del patrimonio autonómico al ordenamiento general administrativo. En tercer lugar, se pretende adaptar el contenido de la norma a las circunstancias actuales de la gestión patrimonial y, finalmente, el cuarto objetivo es fomentar la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial.
Principales novedades
Entre estas novedades se encuentra la nueva regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, es decir, aquellas cuestiones de derecho público relativas a la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades.
También el proyecto de Ley establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales, de tal forma que se regulan los supuestos que legitiman el otorgamiento de las mismas, los nuevos plazos máximos, el régimen económico o el contenido mínimo de los pliegos reguladores.
Ruiz Molina ha explicado que también se regulan los aspectos fundamentales de la tramitación de los expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión, ajustando dicha tramitación a las normas y principios del procedimiento administrativo común; al tiempo que se acomete un régimen sancionador completamente nuevo y que se adecúa a las prescripciones del resto de normativa administrativa.
Además, por primera vez se aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta de Comunidades, con la finalidad de procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente del parque de oficinas administrativas.
Finalmente, Ruiz Molina ha mencionado la regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Junta, con especial atención a las empresas públicas, y la renovación de la reglamentación del Inventario General como otras de las novedades de esta ley.