El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de Ley del Agua de Castilla-La Mancha, el primer paso para su posterior tramitación en las Cortes regionales. Se trata de una normativa realizada bajo el paraguas de la Directiva Marco del Agua que sustituirá a la legislación sobre el ciclo del agua que data del año 2002. Una de sus principales novedades es crear un canon medioambiental del agua con la finalidad de “minimizar o corregir” la afección al medio ambiente que la utilización de este recurso produce.
Será un impuesto propio de la comunidad autónoma, gestionado por la Agencia regional del Agua, y su repercusión entre los usuarios se realizará en función del volumen de agua usada o consumida pero también de la contaminación real introducida en el medio hídrico.
En el texto se establece que el canon se aplicará tanto a usos domésticos como no domésticos. Los primeros se consideran aquellos particulares en las viviendas para beber, cuartos de baño, cocina, riego de huertos y jardines, climatización, piscinas y otras instalaciones.
Así, para usos domésticos se establece una cuota fija y una cuota variable, que se aplicarán mensualmente, y donde el tipo impositivo tendrá en cuenta el número de personas que habitan la vivienda, dividido en cuatro tramos de consumo a fin de garantizar “la justicia social y la progresividad de la tarifa”. De hecho, se establecen bonificaciones para familias numerosas y para mujeres víctimas de violencia de género. También se bonifican las cuotas que pagan los usuarios que residen en municipios pequeños, como medida para combatir el despoblamiento rural.
El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido a este primer trámite de la ley vinculándola también al trasvase Tajo-Segura. “No podrá decir nadie que no tenemos legitimidad para seguir defendiendo la supresión del trasvase porque hemos dejado de hacer nuestra tarea. Esta ley va a modificar la fórmula de gestión del agua, con una reflexión de común acuerdo con ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades”, ha precisado.