La macrogranja porcina del municipio toledano de La Villa de Don Fadrique, propiedad de Carmen Verdugo Carpintero, ha recibido la autorización ambiental para poder ampliar las plazas de cebo de su explotación de las 1.700 a las 3.650 plazas -1.950 plazas nuevas-. Esta autorización, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), refleja la viabilidad concedida por el Gobierno regional a este proyecto de ampliación de ganadería intensiva, un asunto que ha sido objeto de diversas polémicas y luchas vecinales en diversos pueblos de la región durante el 2017.
Este tipo de autorizaciones fue criticado también durante la pasada semana, en plena celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) por la plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos, que lanzó una campaña para difundir “los efectos negativos” de estas instalaciones en el sector regional y denunció el borrado de 80 mensajes en Facebook que criticaba el efecto de las macrogranjas en el turismo.
Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha considerado viable la ampliación de esta explotación localizada en la parcela 63 del polígono 24 de la Villa de Don Fadrique, que cuenta actualmente con dos naves de cebo de más de 700 metros cuadrados cada una de ellas y que realiza un consumo de 13.645 metros cúbicos (m3) de agua al año concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Según indica la Resolución publicada este miércoles 24 de enero, para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación implantará y presentará ante el órgano ambiental antes de la puesta en funcionamiento de la actividad un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación así como de sus impactos ambientales.
Esta ampliación supone también que en la explotación porcina se generen 7.848 m3 de purines, que seguirán un sistema de gestión teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la zona, ‘Lillo-Quintanar de la Orden-Ocaña-Consuegra-Villacañas’, y los cultivos en cada parcela. Además, se establecen asimismo otras medidas de protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera, de protección del paisaje o de adecuación urbanística. No obstante, contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir de este jueves 25 de enero.