La madera del pino silvestre de los Montes Universales situados entre la comarca aragonesa de Sierra de Albarracín (Teruel) y la cabecera del Parque Nacional del Alto Tajo entre Guadalajara y Cuenca está considerada marca de alta calidad, pero se utiliza para fines muy por debajo de su potencial óptimo.
Ahora un proyecto quiere dotar de una nueva función a la madera de estos árboles para los sectores de la reforma y construcción. Se trata de la iniciativa FEADER Go ProRural, liderada por Fundación COPADE, una ONG que apuesta por el comercio justo y que, según su web, “promueve estructuras socio económicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente”.
“Se trata del primer proyecto en España que incorpora los principios del comercio justo a la explotación maderera”, explica Alejandro Terriza, director general adjunto en la Fundación COPADE y coordinador de la iniciativa.
Se apoya en ayuntamientos del territorio, el de Orihuela del Tremedal (Teruel) y el de Orea, en Guadalajara. Las zonas de las que extraer la madera son montes de utilidad pública en situación vulnerable. El abandono de usos y costumbres y la falta de gestión forestal les hace menos resilientes y eso influye, aseguran, en la calidad de la madera y también en el riesgo de incendios.
Generar productos de alta calidad que además reporten beneficio al territorio, mucho más allá del habitual destino de la madera producida en esta zona, es el objetivo de este proyecto.
Pese a su calidad, mucha de la madera actual de la zona se está utilizando ahora para embalaje y trituración. Pero durante siglos sus fines fueron otros. Por ejemplo se utilizó para construir catedrales o la estructura original del monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid.
“Nos gustó la apuesta de COFADE por el territorio y surgió la posibilidad de colaborar”, explica la alcaldesa de Orea, Marta Corella. “Lo que queremos es innovar y reindustrializarnos con la tecnología actual, queremos que esto cree puestos de trabajos cualificados y genere un impacto laboral importante y valor añadido para la zona sin que tuviera que ser una macro inversión”.
Alejandro Terriza comenta que los orígenes de la idea se remontan a 2019. “Tiene como objetivo mejorar las cosas en un territorio en el que se sienten ya no como España vaciada, sino como España vacilada”.
Han partido de la idea de “replicar” lo que la ONG ya desarrolló hace más de una década en la Reserva de la Biosfera Maya, en Guatemala. “Se ha potenciado una economía forestal sostenible con la comunidad productora en origen. Llevan ya ocho años vendiendo a Leroy Merlín España. En 2022 lo hacen ya también a la central francesa de la multinacional”.
Terriza explica que “somos una rara avis entre las ONG porque trabajamos el comercio sostenible. Si se logra generar una transacción comercial conforme a los principios del comercio justo, es muy posible generar impacto en las comunidades de origen”. Y es que, se les paga “por adelantado entre el 50 y el 90% con precios que marcan los propios productores y hay márgenes justos y transparentes”, dice Terriza.
Ahora, la fundación lidera FEADER Go Prorural, que busca “promover el desarrollo económico de las zonas rurales, mediante la generación de un mercado responsable de productos forestales innovadores de alto valor que aproveche de forma sostenible y eficiente todos los recursos naturales y conserve los bosques”. Y lo hará entre Teruel y Guadalajara, con posibilidad de extensión a Cuenca.
El proyecto financiado con fondos públicos estará en vigor hasta marzo de 2023 con una inversión de 565.239,57 euros de los que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) aporta el 80%. Un total de seis socios se han implicado en la iniciativa.
COPADE es coordinador del Grupo Operativo formado por FSC España, Azentúa, Leroy Merlin España, la Fundación Centro de Servicios y promoción forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), y los ayuntamientos de Orea (Guadalajara) y Orihuela del Tremedal (Teruel). Se trata de definir si es factible tanto técnica, económica, ambiental como socialmente para el desarrollo posterior de un modelo de negocio que permita el aprovechamiento de los montes públicos.
Esta parte forestal de España entre los la Sierra de Albarracín, el Parque Natural del Alto Tajo y la Serranía de Cuenca tiene algo en abundancia: el pino silvestre. Marta Corella que, además de alcaldesa es ingeniera forestal, cree que es posible crear “una especie de polígono industrial atomizado que impulse la actividad que todavía queda vinculada a los bosques. Llevamos tantos años en el olvido y sin investigación o innovación... Necesitamos ponernos al día porque tenemos pinos de altísima calidad y queremos catalogar su valor con tecnología actual”.
Prospección piloto en 15 parcelas de montes públicos
Ya han culminado la fase “prospectiva”. Se han seleccionado 15 parcelas de forma aleatoria de cuyo centro geográfico, y en cada una de ellas, se han cortado 10 árboles cuyo diámetro respeta la normativa de tala para caracterizar la materia prima. Y además, con el compromiso de no intervención en esta zona hasta su regeneración.
“Una cuadrilla local en el aserradero de Orihuela del Tremedal se ha ocupado de las tareas y de parte del procesado de la madera”, explica Alejandro Terriza. El producto todavía no se comercializa en esta fase porque es incompatible con la subvención pública. Se trata de ‘sembrar’ para que el territorio sea capaz de organizar después una economía sostenible.
En todo caso, el modelo que se pone sobre la mesa ya incluye, para su posterior fase de comercialización, un sistema de trazabilidad y garantías para que la persona consumidora pueda saber exactamente de dónde ha salido el producto mediante un sistema de blockchain. Permitirá conocer el origen sostenible de la madera, la información de su impacto social y otras certificaciones como el sello de FSC y el de ‘Madera Justa’. Se trata, explican los impulsores de la idea de “contribuir” a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Se apuesta por implantar una empresa de termotratado de madera
Alejandro Terriza desvela que el proyecto incluye la puesta en marcha de una empresa de termo-tratado de la madera que, entre otras cosas, favorece su durabilidad. “Está todavía por determinar si es posible, pero en España hay poca oferta. Se va estudiar en firme porque la materia prima es espectacular en uno de los bosques más densos de España”.
Sobre esta posibilidad se muestra cauto por el actual momento de incertidumbre. “Se trata de un proyecto que requiere alto coste energético” en un contexto en el que acaban de establecerse restricciones al consumo.
“La madera es un material llamado a tomar más protagonismo en la construcción”, dice Alejandro Terriza. Lo confirma la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro, reconoce que “hay una tendencia a usar madera como elemento de construcción sostenible. Los ODS también apuestan por que el proceso constructivo no genere residuos y tenga la mayor sostenibilidad posible”. Ya hay asociaciones como 'Mass Madera' que se presenta como “una red para acelerar el uso de madera maciza industrializada en España”. En Cuenca llevan años trabajando para convertirse en 'incubadora' de proyectos de gestión forestal.
Incluso entre los últimos Premios de Arquitectura otorgados por el colegio nacional que agrupa a estos profesionales está el galardón a la construcción de viviendas sociales, en Cornellà (Barcelona), a base de madera.
“En el territorio son muy conscientes de las limitaciones de bosque”, responde Alejandro Terriza cuando le preguntamos por los estudios que alertan de la necesidad de evitar la especulación con la madera. La alcaldesa de Orea coincide. “El pino silvestre autóctono de nuestras turberas lleva aquí cientos de años. Necesita luz y hay que abrírsela, sin experimentos raros ni figuras de protección que ya necesitan. Desde 1901 ya está en el catálogo de montes de utilidad pública. Es la primera figura de protección que existió en España. Intentaremos que venga iniciativa privada y si no, ya veremos”.
Marta Corella alude además al actual plan de ordenación del monte en el municipio que data de 2011 y que tiene vigencia hasta 2026 y que está limitando el crecimiento del territorio. “La Administración no tiene personal suficiente para que puedan cumplirse los planes que ella misma elabora”, así que el municipio está buscando otras salidas pero, aclara, “no podemos hacer lo que queramos, estamos sujetos al plan de ordenación”.
En 2018 Orea perdió 20.000 pinos por un temporal. “La gente ha vuelto la mirada hacia el bosque. Y eso ya no estaba sucediendo. Hemos pedido todas las subvenciones posibles. El bosque debe ser protagonista porque tenemos recursos suficientes para generar oportunidades en nuestras comunidades. Solo en gestión forestal directa podríamos crear por municipio cuatro puestos fijos y no es poco. Y queremos también apostar por la transformación en el territorio con pequeñas inversiones”, asegura optimista la alcaldesa.