Médicos del Mundo ha lanzado la campaña “Mi voto por la sanidad universal”, aprovechando abril, declarado Mes de la Salud por la Comisión Europea, pero también para recordar que el día 24 de este mes se cumplen tres años de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012. Esta medida, señala la organización, ha costado la tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas en toda España.
Este domingo, la organización participará en un stand en el “Día del Vecino” que se celebra en Toledo, para dar a conocer la realidad de las personas que, debido a su condición de “sin papeles”, no pueden acceder a una apropiada atención sanitaria. Esta campaña es una más de las que ha llevado a cabo la organización desde que se inauguró esta norma sanitaria. El pasado nueve de marzo se hizo una declaración institucional por la universalidad del derecho a la salud, a nivel federal, y es esto lo que hará también Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha.
No es novedad que la región es la única en España que no ha hecho ninguna gestión para facilitar la atención de los inmigrantes sin tarjeta sanitaria, ni siquiera en aquellos casos que el mismo Real Decreto 16/2012 señala como excepcionales. En este sentido Idoia Ugarte, presidenta de la organización en la región señala que es necesario que los partidos se comprometan con este tema y lo incluyan en sus agendas electorales para restituir el derecho de la salud a todas las personas.
Médicos del Mundo denuncia también que el actual Gobierno regional no sólo no ha hecho nada para ayudar a los inmigrantes a recibir atención sanitaria. La organización señala que, si bien hubo reuniones durante 2014, no llegaron a articular ningún tipo de programa especial o protocolo para poder clarificar los procedimientos. Sin embargo, el Sescam no ha instruido a sus profesionales sanitarios para saber cómo actuar ante estos casos.
Además, la organización denuncia “el efecto disuadorio” que ha tenido la falta de información en este aspecto, ya que muchos de los inmigrantes sin tarjeta sanitaria, deciden no acudir a los servicios de Urgencias, ante el miedo de recibir una carta de pago, que se ha entregado en ocasiones, tal como señala Médicos del Mundo. “Nosotros explicamos que es un derecho contemplado por la ley y que es ilegal que se les emita una factura”, asegura Ugarte, pero señala que la organización tiene recursos muy limitados y no puede ayudar a todos los casos.
Ugarte señala, además, que hay constancia de casos de embarazadas y menores en la región que no han recibido atención en los centros de salud, y que luego han decidido no ir a Urgencias, por lo que en el caso de las mujeres pueden estar casi todo el embarazo sin recibir atención médica. “No existe normativa, ni procedimiento establecido para canalizar la atención a estos supuestos, y esto repercute directamente en los pacientes”, señala Idoia.
El tratamiento farmacológico es parte también del problema, ya que sin tarjeta sanitaria no se puede acceder a ningún tipo de cofinanciación, y los pacientes deben pagar el 100%. “Son pacientes que no tienen recursos económicos, y es especialmente grave en el caso de enfermedades crónicas, como la diabetes”, señala Ugarte. La diabetes no se corresponde con las excepciones del Real Decreto por no considerarse “patología urgente”, y no tiene ni seguimiento médico ni pauta de tratamiento. Además, el coste del tratamiento de insulina y demás elementos, puede llegar hasta los 600 euros al mes.