Recuperar las ayudas al transporte para el año próximo está en la agenda del Gobierno de Castilla-La Mancha. “Tenemos un proyecto para finales de 2018 comenzar nuevamente con el transporte social”, ha afirmado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Se trata de ayudas o subvenciones que puedan hacer que los mayores puedan acceder al transporte público dentro de Castilla-La Mancha y que recupera el espíritu de aquella 'Tarjeta Naranja' que funcionaba años atrás y que desapareció dejando el actual escenario en el que los mayores no tienen ayuda alguna. “Queremos que la gente mayor tenga una subvención” porque, dice Sánchez, les viene bien a ellos pero también a la economía de la región.
La iniciativa cuenta con presupuesto, ya que tiene consignada “una partida específica que supera los 500.000 euros”, según la consejera, pero el grueso del proyecto está por perfilar. Y es que corresponde tanto a Bienestar Social como a Fomento poner en marcha de nuevo estas ayudas diseñando un sistema “más sostenible y más eficiente” donde además de confluir todos los transportes, “tenemos que facilitar la accesibilidad”.
Todo ello pasa, tal y como adelanta la consejera, por ubicar las rutas que en los últimos años han desaparecido en la región y que impiden comunicarse a muchos municipios entre ellos y con las capitales de provincia. El objetivo, para poder tener diseñado este transporte social que incorpore las ayudas a los mayores, es “llegar a más puntos de la región”.
Decreto de procedimiento de Dependencia
La Consejería de Bienestar Social trabaja también en la redacción del nuevo Decreto del procedimiento de la Dependencia, que estaría listo para el próximo año y que “surge sobre todo para derogar uno que se publicó en 2013 que ”ralentizaba todo el sistema y lo hacía un procedimiento más farragoso“.
Tal y como explica la consejera, Aurelia Sánchez, este nuevo decreto, el segundo del Gobierno de Emiliano García Page, pretende facilitar los procedimientos para los solicitantes de ayudas a la Dependencia. “Si antes se tenía que pasar dos veces por un circuito de funcionarios, ahora será una vez. Además se facilitarán todos los trámites, también los administrativos”, cuenta. ¿Cómo? Se hará a través del acceso telemático a la información del demandante que “sólo tendrá que facilitar a la administración que pueda acceder a su expediente económico, médico y/o social”.
Esta es una de las dos formas con las que la Junta quiere agilizar los trámites y bajar de los seis meses, periodo que estipula la ley, desde que se solicita hasta que se percibe la ayuda.
La otra forma será con contratación de personal. Concretamente serán siete profesionales más los que pasarán a trabajar en los Servicios de Dependencia de las Direcciones Provinciales de Bienestar Social y que unidos a los contratados hasta ahora suman “50 profesionales más” esta legislatura “para poder atender a más personas y que sea todo más fácil”, insiste Aurelia Sánchez.
Según afirma, día de hoy estos plazos de espera en la región, entre que se solicita y se recibe la ayuda, están en torno a los seis meses, frente a los 14 meses que se registraban en la legislatura anterior. “Se ha conseguido reducir el tiempo de espera ahora que hay un incremento de solicitudes que se han duplicado en relación a 2014”. A día de hoy el borrador del Decreto de procedimiento de Dependencia está en proceso de elaboración.