La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha celebró este fin de semana su VIII asamblea anual, en la que participaron unos 40 socios y que estuvo marcada por el recuerdo de los dos agentes que murieron en Lérida a manos de los cazadores. El portavoz del colectivo, Alfredo Poveda, asegura que, debido a este suceso, la situación de “inseguridad” que viven los profesionales centró gran parte del debate llevado a cabo en Alcázar de San Juan.
“Hemos comunicado a los socios que necesitamos medidas urgentes para mejorar la seguridad de en nuestra labor, y que, además, no hemos tenido respuesta desde las administraciones”, asegura Poveda. Es por esto, que seguirán reivindicando de manera pública la falta de seguridad que sienten en el entorno profesional y también exigirán formación y protocolo de seguridad, que también debe ir en la nueva Ley que regule el cuerpo. “Creemos que no podemos esperar a la Ley para contar con protocolos que mejoren nuestra seguridad”, asegura Poveda.
Para esto, exigirán que los agentes trabajen siempre en parejas y que se mejore la situación de “aislamiento” en el que se sienten inmersos, en especial en relación a la comunicación y la falta de cobertura móvil a la que se enfrentan. “Hay que tener en cuenta que nuestra profesión se desarrolla en el medio rural que muchas veces nos impide podernos comunicarnos. Hasta ahora hemos constatado falta de voluntad ante cualquier tipo de medida”, afirma el agente.
Cambio de consejería
Otra de las decisiones que se han tomado en la asamblea es pedir el cambio de consejería del que depende el cuerpo profesional. Hasta ahora, han funcionado en el departamento de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, pero su idea es pasar a la consejería de Hacienda y Administraciones Publicas, específicamente a la Dirección General de Protección Ciudadana. “Necesitamos estar coordinados por superiores entrenados en el manejo de efectivos tan numerosos como el nuestro”, afirma el portavoz.
Los agentes también reclaman que se cree una unidad de calidad ambiental en cada provincia, en especial tras las situaciones que se produjeron en los incendios de Chiloeches y Seseña, o las espumas del río Tajo. “Pedimos que se cumpla el reglamento”, explica Poveda. Además, reclaman que no se ha incluido a los profesionales en “ningún curso” relacionado con la recogida de muestras ambientales y de control ambiental, en definitiva, en el Plan de Formación de Calidad Ambiental. “Es algo inaceptable”, asegura Poveda que recuerda que fue un informe de los agentes lo que demostró que el río Tajo traía contaminación desde Madrid.
Finalmente, reclaman en contra de la situación de “bloqueo” que viven en una de las unidades “más exitosas” que ha vivido el cuerpo, la de trabajos en altura. En ella los profesionales se dedicaban a realizar acciones dirigidas a recuperar aves rapaces, pollos y huevos para que pudieran recuperar y criarse en cautividad. Esta especialización, afirma Poveda, se ha “bloqueado por intereses políticos” y aseguran que no hay voluntad para que los agentes puedan trabajar en ello.