La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha calificado de “precaria” la seguridad en la que desarrollan sus funciones, y ha acusado también al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo de “mirar para otro lado”. La asociación ha decidido hacer estas afirmaciones, “a punto” de cumplirse el primer aniversario del asesinato de los Agentes Rurales, Xavier Ribes y David Iglesias, en Lleida, a manos de un cazador furtivo.
Desde APAM recuerdan que las condiciones se mantienen a pesar de que se producen sentencias condenatorias “firmes” por delitos de atentado contra agentes medioambientales. Así, consideran que su seguridad es una “asignatura pendiente” para el Ejecutivo regional. Entre otras, se han querido referir a una sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Cuenca, debido a la agresión y amenaza de muerte de un vecino del municipio de Las Pedroñeras a un agente medioambiental, cuando éste se encontraba “una vez más” en solitario. Los hechos se produjeron después de que el Agente recogiese los datos de la matrícula del vehículo de dos cazadores que practicaban la actividad cinegética “de forma irregular”.
Tras estos hechos, el agente agredido comunicó de forma inmediata lo sucedido a la Central de Incendios, ya que, lamentan, no tienen una Central de Coordinación propia con personal especializado. Posteriormente emprendió un seguimiento del vehículo del agresor, que logró escapar. Tampoco pudo contar con el apoyo de la Guardia Civil al no contar con patrullas en la zona. Finalmente, se identificó al agresor y se emitió un Atestado por un Delito de Atentado contra Agente de la Autoridad.
“Ningún interés”
En este sentido, desde la Asociación profesional quieren denunciar que es “sumamente grave” que el Agente solicitase por los cauces reglamentarios al secretario provincial de la Delegación de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural asistencia jurídica para el procedimiento que se iba a iniciar en vía judicial mediante el nombramiento de letrado y procurador “y nunca recibiese contestación alguna” ni tampoco instrucciones del Coordinador Provincial.
“No es sólo el hecho de que la Consejería no se personase en la causa como acusación particular ya que el Agente que sufrió la agresión y amenazas se encontraba de servicio y por ende actuando en representación de esta Administración, sino que en ningún momento le fue mostrado un mínimo interés”. De este modo, recuerdan que han exigido a Francisco Martínez Arroyo la adopción de medidas urgentes para “minimizar” los riesgos a los que se enfrenta un Agente.
Sin embargo, concluyen que “pese a que los casos de agresión van en aumento”, el consejero de Agricultura ha “ preferido mirar hacia otro lado y obviar la cruda realidad a la que se enfrenta este colectivo de funcionarios”.