El Ministerio de Transición Ecológica ha dado luz verde a abrir el trasvase Júcar-Vinalopó para enviar a las Comarcas del Vinalopó 6,5 hectómetros cúbicos de agua para “riego de socorro”. Así, se manda este agua a la zona del Baix Vinalopó (Alicante) después de que las entidades agrarias hayan estado negociando desde el mes de mayo, con el anterior Gobierno del Partido Popular, un convenio para establecer un aporte anual de 20 hm3.
Tal y como explica el presidente de la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, Herminio Molina, este riego de socorro forma parte del trasvase Júcar-Vinalopó que se acordó en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar y es parte de una transferencia de 80 hm3 que se debería mandar al año. El problema está, señala Molina, que “como no hay acuerdo entre los regantes y el Ministerio para explotar la infraestructura que ya está construida (que ha costado más de 400 millones de euros) y no se llega a un acuerdo con los usuarios futuros, el Ministerio ha tenido que ir acordando puntualmente unos pequeños envíos de agua”, como éste de 6,5 hm3. Lo que preocupa es la forma en la que se están aprobando estos envíos de agua.
Una transferencia en tiempos de restricciones
“Esto tendría que ser una cosa normal dentro del Plan de Cuenca del Júcar pero para que se pueda desarrollar este envío de agua el mismo plan dice que tiene que haber unas normas de explotación que garanticen que esos envíos de agua no perjudican a los usuarios del sistema Júcar”.
Pero esas normas no están, de momento no existen y lo que se está haciendo, tal y como señala el presidente de la JCRMO, es el propio Ministerio (ahora el de Transición Ecológica) el que está llegando a acuerdos directamente con los regantes del Baix Vinalopó “sin que esto pase por los órganos de decisión de la Confederación del Júcar”. Que ahora se apruebe este trasvase sin haber contado con los usuarios del Júcar para saber si altera “nuestras demandas no nos parece lo adecuado”.
También sorprende a la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental que en un año en el que a los usuarios del sistema Júcar se les han impuesto restricciones por la sequía, “se diga que todavía el Júcar tiene excedentes para mandarlos a Alicante”, añade Molina.
Y es que este riego de socorro viene cuando los datos del Ministerio de Transición Ecológica muestran que la del Júcar es la única demarcación que presenta, a día de hoy, peores datos que el pasado año. Es decir, en la Cuenca del Júcar los embalses almacenan ahora 1.136 hectómetros cúbicos de agua, doce menos que en los primeros días de julio de 2017.
Molina insiste en que “siendo este un trasvase que nos preocupa” no se puede olvidar que el Júcar “sufre” otros trasvases: “se está trasvasando al Vinalopó, al Túria, al canal Júcar-Turia y también se está trasvasando a la Albufera”. Todo junto, explica, este año ha sumado más de 350 hectómetros cúbicos de agua.
Una hipoteca del Júcar “que no es de hoy”
En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, que señala que el mismo Plan de Cuenca prevé estos trasvases. “Ahora lo que esperamos es que el nuevo Gobierno tenga intención de hacer una reformulación del agua a nivel nacional”. Dice Morcillo que las normas que se aplican “son las que hay”, tanto en el trasvase del Tajo-Segura como las derivaciones del Júcar.
“No hay que olvidar que el Júcar tiene una hipoteca de más de 500 hm3 que viene de los últimos procesos de planificación y que lo que es necesario es elaborar una estrategia nacional de la que tanto se habló durante los peores años de la sequía”, explica. Pero las lluvias y los cambios en el Gobierno han dejado el debate paralizado y “no sabemos si habrá intención de avanzar en una planificación donde, independientemente de estas actuaciones, desde Castilla-La Mancha tenemos que pedir que se aseguren las dotaciones de nuestra gente” que están sufriendo restricciones.
La Junta no quiere que se lleve “ni una sola gota de agua para regadío en el Levante”
Esta transferencia de agua a la que el Ministerio de Transición Ecológica ha dado el visto bueno llega casi a la vez del trasvase Tajo-Segura aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que contampla una derivación de 38 hectómetros. Una noticia que no cayó bien en la región desde donde se produjeron críticas a la decisión del Ejecutivo nacional que tomó la decisión basándose en las normas del PP.
Y todo ello a pesar de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que aunque “no está prohibido” se trata de un “recurso extraordinario destinado a momentos de necesidad”. Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, Ribera ha manifestado que recurrir al trasvase debe ser una medida extraordinaria, y ha aclarado que “no se puede mantener un sistema de agua con trasvases”.
Con esta realidad como telón de fondo el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado el borrador del que será el documento en defensa del agua y en el que la postura es la de que no se destine “ni una sola gota de agua para regadío en el Levante”, ya que “el agua para regadío se puede utilizar en Castilla-La Mancha”.
Tal y como ha asegurado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, el documento, que ha sido acordado con organizaciones sindicales, agrarias, económicas y medioambientales de la región y que se enviará “en los próximos días” a las fuerzas políticas castellano-manchegas, plantea que únicamente se favorecerá el trasvase de agua “cuando haya necesidades imperiosas de consumo humano” en la cuenca receptora y “siempre poniendo por delante los intereses de la cuenca cedente”. “Es de sentido común”, ha afirmado.
“Lo que planteamos en el documento es la necesidad de apostar por otras fórmulas de abastecimiento de agua en el Levante, priorizando la desalación frente a cualquier otra fórmula para abastecer de agua a regantes y limitando el trasvase a las necesidades imperiosas y reales de abastecimiento humano, cuestión que no ha ocurrido durante toda la legislatura mientras se aprobaba trasvase tras trasvase en una situación de sequía extrema y con las desaladoras no funcionando al cien por cien”, ha explicado el consejero.
En un postura totalmente contraria a la que plantea el documento está el 'socialista' Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana que ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura “en estos momentos y en estas condiciones para nosotros es absolutamente irrenunciable”, y ha subrayado que “hay que abordar esta cuestión no desde la confrontación sino desde el acuerdo”.
Los trasvases “son insostenibles”, para Podemos
“Nuestra posición ante los trasvases es que son insostenibles a todos los niveles”, ha dicho José García Molina, secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha que ha recordado que muchas veces se utiliza el agua “para hacer negocio”.
Molina ha recordado que existe un acuerdo social del agua que ha sido firmado por partidos políticos, numerosas organizaciones y asociaciones de todo el territorio español. Un acuerdo en el que se ha trabajado durante mucho tiempo y en el que queda recogida una idea principal: “El agua para la vida independientemente de la comunidad en la que estemos, sin que se convierta en una mercancía para hacer negocio”.