Organizaciones vecinales, sindicales y políticas de Guadalajara han iniciado una campaña para denunciar la situación de deterioro del servicio de autobuses urbanos en la ciudad, cuando se ha cumplido un año de la nueva concesión.
En este periodo el servicio ha perdido 1.150.000 viajeros respecto del año anterior y la aportación que deberá hacer el Ayuntamiento a la concesionaria, para suplir el denominado “déficit de tarifa”, se calcula en unos 900.000 euros, es decir justo lo opuesto que el equipo de gobierno municipal del PP pretendía con la nueva concesión.
Entre las iniciativas previstas se prevé una consulta ciudadana sobre la calidad del servicio y una concentración el próximo 10 de abril en la Plaza Mayor, con el fin de exigir al equipo de gobierno una solución inmediata para que mejore el servicio o bien se rescinda el contrato, al que restan todavía once años de vigencia.
Las organizaciones vecinales, de mayores y discapacitados inciden en que las nuevas líneas y servicios no dan respuesta adecuada a los usuarios, por lo que se les expulsa hacia el transporte privado, ya que se deja sin atención a determinadas zonas, se imposibilita la comunicación con el centro, se alargan los tiempos de espera, mientras otras líneas permanecen infrautilizadas por deficiencias en su diseño o de horarios. Mención aparte merece el servicio de conexión con el Hospital que se estima muy deficiente porque las frecuencias no son adecuadas y los horarios no se adaptan a las necesidades ni de los pacientes ni de los trabajadores.
Los grupos de la oposición municipal de Psoe e IU califican de “desastre” la situación, que se ha venido prolongando durante un año ante la pasividad del equipo de gobierno del PP y reclaman la convocatoria de la Mesa de Movilidad para abordar los problemas del servicio de transporte urbano.