Desde eldiarioclm.es recordamos el teléfono gratuito de consultas y urgencias sobre malos tratos 90010114 y el 016 de atención a víctimas de malos tratos por violencia de género, que además no deja registro en la factura de las llamadas.
Algunos casos de violencia machista que se dan en el medio rural mantienen algunas singularidades que los convierten en mucho más complejos, si cabe, para las mujeres que sufren estas situaciones. El proceso no acaba en la denuncia contra el maltratador. La falta de comunicación de los pueblos por carretera con los partidos judiciales y la dependencia de las víctimas, junto con otros factores, han generado un “vacío” en el acompañamiento a mujeres con hijos, sin carné de conducir y en zonas prácticamente incomunicadas.
Así lo denuncian algunos centros de la mujer de Castilla-La Mancha y, según afirman, también lo sufren en áreas despobladas de otras comunidades autónomas. En estos casos, las trabajadoras tienen que lidiar con situaciones en las que las víctimas denuncian a sus agresores pero después empiezan otro camino de “desamparo” y “vacío”.
Ha sucedido y sigue sucediendo en aquellos que operan en zonas como las de Iniesta o Priego (en la provincia de Cuenca) o en el de Cifuentes (Guadalajara), donde hemos conocido el testimonio personal de Sagrario Agudo, asesora jurídica del Centro de la Mujer, que abarca a un total de 32 pueblos y 18 pedanías. Lleva diez años en funcionamiento y además de todas las acciones mencionadas, también elaboran planes de igualdad para empresas y organizaciones.
Nos cuenta que la forma de intervención en estos núcleos de población es muy diferente, con sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, las actividades de carácter comunitario descienden por la escasa población, pero por el contrario, la atención personalizada se convierte en un recurso muy cercano y más accesible que en cualquier gran ciudad. “Eso hay que trabajarlo para darle cierta normalidad y que las mujeres que quieran acceder de forma anónima, puedan hacerlo”, explica Agudo. Como asesora jurídica, ha atendido a situaciones muy variadas de violencia de género: pueden llegar con la denuncia ya presentada para recibir información, pero en el lado contrario, también hay casos donde la mujer “ni siquiera es consciente de lo que le pasa”. Esto suele suceder por cuestiones familiares -por ejemplo, porque se quiere divorciar- donde se detecta “una situación de violencia más o menos grave”. El trabajo con estas mujeres es “diferente” porque “tienen que visualizar que son víctimas para poder empezar a trabajar”.
A partir de ahí, y una vez asumido, hay circunstancias personales, sociales y a veces económicas que pueden llevar o no a la denuncia. Desde el Centro de la Mujer, las trabajadoras animan a la denuncia solo si existe una situación de riesgo. Es importante tener en cuenta que en el medio rural hay patrones de conducta machista que se vienen reproduciendo y “naturalizando” desde siempre, como “agresiones físicas, psicológicas o situaciones de control económico y coacciones”. “Por eso es tan importante el papel de sensibilización que hacemos para que la sociedad sea consciente, sobre todo con los jóvenes. Cuando una sociedad se sensibiliza es más fácil que una mujer pueda pedir ayuda y se sienta cobijada”, explica.
¿Qué ocurre en algunas zonas rurales?
Y aunque desde las instituciones y en sucesivas campañas se insta a la denuncia, ¿qué ocurre después en estas zonas? En los centros consultados de Cuenca y Guadalajara tienen claro que hay que instar a ello en situaciones donde haya un riesgo de agresión física o de muerte para la mujer o para sus hijos. Pero luego hay casos donde no es tan fácil. “En un procedimiento judicial tiene que haber una carga probatoria que normalmente no se da cuando hay coacciones dentro del ámbito familiar, sin testigos. A pesar de lo que se dice, y según mi experiencia como profesional, en el momento en el que una mujer denuncia, empieza otro proceso muy duro para ella”. Se refiere Sagrario Agudo a la falta de acompañamiento en el procedimiento judicial.
La Guardia Civil, que “actúa de manera exquisita y con gran interés” en estos casos, prioriza que la víctima pueda declarar y presentar su denuncia con tranquilidad. El problema viene al día siguiente, cuando la mujer tiene que ir al juzgado. En el caso de la demarcación de Cifuentes y comarca, el partido judicial está en Guadalajara ciudad y “nadie tiene en cuenta si tiene hijos, si debe llevarlos al colegio, si tiene que ir a trabajar, si tiene dinero para ir, cómo va a volver… Y una vez que llega al juzgado no sabe cuándo va a declarar o quién la va a defender. Puede estar allí toda la mañana, absolutamente desinformada, y a lo mejor regresa sin una orden de protección y con su marido en casa otra vez”.
Aquí la Guardia Civil no puede actuar. Su deber es custodiar y llevar al agresor detenido a los juzgados. Tampoco pueden hacer ese acompañamiento desde el Centro de la Mujer y “aunque lo hagamos, en el juzgado no tenemos potestad”, así que “lo que sufren durante ese proceso es increíble”, lamenta.
Contacto telefónico y asesoramiento
Hay un “vacío impresionante” en el ámbito rural que estas trabajadoras tratan de paliar mediante el contacto telefónico con las víctimas y sus letrados, y ayudándolas en la gestión de esos momentos. Pero si al final “tienen problemas para desplazarse, nadie las puede acompañar, y todo son dificultades, puede que al final no vayan”. “¿Qué hace una mujer que al día siguiente tiene que estar en el juzgado, y no hay autobús, no tiene con quién dejar a sus hijos y no sabe ni a qué hora volverá?”.
La solución no parece fácil. Aquí el objetivo sería un acompañamiento a la víctima desde el primer momento. En algunos puntos de España hay asociaciones de voluntarios que se encargan de esta labor, pero se encuentran al margen de la legislación y las competencias se difuminan. Sagrario Agudo pide que esa tarea se elabore desde el ámbito judicial, no tanto como una función de los juzgados de la mujer sino como una oficina anexa que se encargara de este tipo de situaciones mediante interlocutores para asesorar, para amparar, para informar a las víctimas.
Por eso también es crítica con la legislación: “Se ha avanzado mucho, pero nos quedamos ahí. Las leyes requieren un desarrollo, un presupuesto y una dotación de personal. Las medidas son todas buenísimas y coherentes, pero a veces nos perdemos en las competencias y lo que haría falta es una buena coordinación, que se bajara al terreno, que se conocieran estos casos y que se preguntara a las profesionales que trabajamos en ello”.
La Red de Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha es una de las más activas de todo el país en planificación, en innovación, y en atención tanto personalizada como comunitaria. Ponen en marcha decenas de recursos en centros educativos, en charlas con asociaciones y en talleres de todo tipo en materia de igualdad y en la prevención de la violencia de género. Pero en este último caso, según lo relatado, hay situaciones a las que no pueden llegar por falta de competencias, tal y como concluye Sagrario Agudo.