Un total de 5,5 millones de euros tendrá que pagar el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en responsabilidad civil subsidiaria y junto con las aseguradoras Zurich y Mapfre, por negligencia médica en un parto. Los hechos ocurrieron en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real) en octubre 2012, cuando la denunciante dio a luz a una bebé que quedó tetrapléjica, con epilepsia y “totalmente dependiente”. Se condena al ginecólogo y a la matrona que asistieron el parto un delito de lesiones por imprudencia profesional grave, con nueve meses de multa a razón de 10 euros diarios por un delito de “lesiones por imprudencia profesional grave”.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real, la han dado conocer en rueda de prensa la mujer afectada y la Asociación El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos ejercieron la acusación. Según han afirmado, se trata de la mayor indemnización por negligencia médica en la sanidad española. Concretamente, se trata de 2,5 millones de euros a los que deben sumarse los intereses por los años transcurridos y por la pensión anual establecida para los padres: en total, 5,5 millones de euros.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso eldiarioclm.es, establece en los hechos probados que unas siete horas después del ingreso hospitalario de la paciente con contracciones, se detectaron hasta 26 episodios de disminución de la frecuencia cardiaca del feto, así como nueve anotaciones de bradicardia, es decir, descensos del ritmo de latidos. No obstante, pese a “estas claras e inequívocas señales de alarma”, la matrona y el ginecólogo “no adoptaron las medidas necesarias” para solucionar la situación y evitar “un sufrimiento fetal irreversible”.
Añade asimismo que a raíz del “deficiente control y seguimiento” durante el proceso, la recién nacida sufrió un “grave y severo daño neurológico como consecuencia de la falta de oxígeno”.
Secuelas
Trastornos cognitivos, daños neurospicológicos muy graves, secuelas motoras y sensitivas, epilepsia no controlada, tetraplejia o incapacidad total de autonomía para las actividades esenciales de la vida diaria son algunas de las secuelas que recoge la sentencia, junto con una “sustancial alteración de la vida de sus familiares ante la prestación de cuidados y atención continuada” que demanda la pequeña, hoy con 8 años de edad.
Con todo ello, y recogiendo el testimonio de peritos especialistas en salud, establece la indemnización a los progenitores: 9.100 euros por días de perjuicio muy grave (91 días de hospitalización); 365.568 euros por las secuelas, más otros 115.952 por el perjuicio estético; 96.000 euros por daño moral complementario y por perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial; 48.000 euros por daño moral por perjuicio estético; 150.000 euros por perjuicio debido a la pérdida de calidad de vida; 12.000 euros año por gastos de asistencia sanitaria futura; 9.500 euros año por rehabilitación domiciliaria y ambulatoria; 50.000 euros por prótesis y órtesis; 150.000 euros por necesidad de ayuda técnica o productos de apoyo para la autonomía personal; 60.000 euros por pérdida de autonomía debido a la falta de movilidad; un millón de euros por ayuda de tercera persona en cuidados; y otros 151.000 euros por incapacidad absoluta para realizar trabajo o actividad profesional.
La madre de la bebé ha mostrado su satisfacción por la sentencia y ha añadido que le gustaría que la matrona que la atendió en el parto “no volviera a trabajar más en ningún sitio”. Además de narrar lo sucedido en el parto, ha aclarado que no cree que lo ocurrido fuera debido a falta de medios, “solo que no quisieron hacer la cesárea, parece que querían que naciera por parto natural”.
“No me ha ayudado nadie, ni nadie me ha pedido perdón por lo sucedido”. También ha explicado las dificultades del día a día de la niña, que por sus problemas respiratorios necesita fisioterapia continua. “Hasta los seis años ha estado en Atención Temprana, luego se supone que el niño se escolariza y en la escuela hay unos fisioterapeutas, logopedas y demás que ayudan a los niños, pero Paula está en cama”, ha explicado.
Desde el Gobierno castellanomanchego se ha pronunciado al respecto el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha señalado que la familia de la bebé ha recibido los cuidados necesarios y ha reiterado que se produjo un “entendible” fallo humano reconocido por los propios autores. Ha dicho que la indemnización es “algo añadido”, dado que la niña, que ahora tiene ocho años, y su familia han recibido “los cuidados que habrán necesitado en este tiempo”.