Continúa el descenso de las operaciones de desahucio en Castilla-La Mancha, según aportan los últimos datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Concretamente, el número de lanzamientos -los desalojos ordenados tras el impago de las cuotas- practicados en el tercer trimestre del año en Castilla-La mancha fue de 459, lo lo que supone una disminución interanual del 8%. De esa cifra, 217 fueron a consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, de impagos de alquiler, mientras que otros 218 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 24 restantes obedecieron a otras causas.
La consecuencia es que esa tendencia a la baja no se ha reflejado en los lanzamientos por impago del alquiler entre periodos, que aumentaron un 13,6% respecto al tercer trimestre de 2016, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias descendieron hasta un notable 26,6%.
El informe del poder judicial incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes existentes en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre de 2017 fue de 198, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 76 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 30,3%.
Menos ejecuciones hipotecarias
Otro dato muy significativo es el extraído en cuanto al número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el tercer trimestre del año en Castilla-La Mancha, fue de 255, casi un 46% por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 471 procedimientos de este tipo.
Se da la circunstancia de que actualmente el Gobierno castellano-manchego trabaja en una nueva Ley regional de Vivienda que pretende reducir aún más los desahucios en esta comunidad autónoma. No solo incorpora la regulación de las denominadas Oficinas Antidesahucio, puestas en marcha a inicios de la legislatura, sino que también incluirá mecanismos para obligar a las entidades financieras a ofrecer altenativas habitacionales para los afectado, entre otras medidas. Estas iniciativas forman también parte del Plan de Garantías Ciudadanas que gestiona Podemos en el Ejecutivo autonómico y que también se convertirá en ley el año que viene.
Precisamente, tanto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en esta comunidad autónoma como Amnistía Internacional han venido defendiendo en los últimos meses la necesidad de que una futura norma que regule el derecho a la vivienda como “esencial y fundamental” para la ciudadanía, así como un registro de viviendas vacías, una posibilidad que contempla la futura ley en aquellas zonas con mayor demanda.