El fomento del compromiso comunitario, el valor de la solidaridad y la lucha contra la pobreza, la marginación, la desigualdad y la discriminación, promocionando la participación plena, son algunos de los objetivos de la recién constituida Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, que este viernes tendrá su puesta de largo con la presencia del presidente regional, Emiliano García-Page. Está formada por las organizaciones Cáritas, Cruz Roja, ONCE, CERMI-CLM y EAPN-CLM y fue constituida bajo la presidencia de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, junto con la vicepresidenta de Participación y Desarrollo Territorial de la Plataforma del Tercer Sector, Estrella Rodríguez.
La presidenta de la Comisión Gestora de esta Mesa será Sol Lahera (EAPN-CLM), el vicepresidente será José Luis Muñoz (Cruz Roja), el secretario, José Antonio Romero (CERMI), y como vocales estarán Amador Casquero (Cáritas) y José Martínez (ONCE).
La constitución de este órgano en Castilla-La Mancha parte de la necesidad de conseguir una “sociedad civil solidaria”, según apuntan desde su organización, suficientemente articulada para la “defensa solvente de los valores sociales y los intereses de las personas y grupos más desfavorecidos”. Con ello, “emerge con fuerza el poder de la sociedad civil organizada en torno a un proyecto conjunto con cohesión interna, estrategia común y capacidad real de interlocución, influencia y corresponsabilidad”.
La Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha se fundamenta en los mismos principios constitucionales de la Plataforma del Tercer Sector, pues pretende contribuir a la articulación real y efectiva que se está desarrollando en el territorio. A ella se suman las ya constituidas Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Plataforma del Tercer Sector de Aragón, Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia, la Mesa del Tercer Sector de Asturias, la Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunidad Valenciana, Plataforma del Tercer Sector de La Rioja.
Entre sus objetivos destaca el fomento del compromiso comunitario, el valor de la solidaridad y la lucha contra la pobreza, la marginación, la desigualdad y la discriminación, promocionando la participación plena, la inclusión y la cohesión social de todas las personas que lo integran.
En busca de un “profundo diálogo civil y social”
De este modo, nace con la vocación de ser una organización unitaria de interlocución social, fuerte y cohesionada de amplio espectro representativo, con capacidad de influencia y desarrollo de un profundo diálogo civil y social con los poderes públicos, los agentes sociales, el mundo empresarial, los grupos mediáticos y el conjunto de instituciones relevantes de la comunidad autónoma. Asimismo, la Mesa busca reforzar la cohesión interna y la identidad como sector, la cooperación y la gestión eficiente de lo social implementando mecanismos de colaboración y sinergias que permitan servicios compartidos.
En paralelo a esta iniciativa, en Castilla-La Mancha se está desarrollando también la Ley castellano-manchega del Tercer Sector, que ya está elaborando un grupo de trabajo con las principales entidades que operan es este sector y técnicos de la Consejería de Bienestar Social.
En este caso, la normativa quiere servir para ofrecer un marco legal de estabilidad al sector, abriendo nuevos formatos de relación con los sectores privados para facilitar, canalizar y potenciar el uso de infraestructuras y las redes de servicios con el objetivo de ampliar y mejorar la atención a la ciudadanía. Con ello, se busca reconocer jurídicamente y dar soporte y estabilidad institucional y económica a esta parte de la sociedad civil y regule legalmente el “concierto social” en el que las entidades prestan servicios sociales básicos para el conjunto de la sociedad.
El precedente de esta ley de ámbito regional para Castilla-La Mancha se encuentra en la de ámbito nacional Ley 43/2015 de 9 de octubre del Tercer Sector de Acción Social, por lo que se busca convertir a esta comunidad autónoma en la segunda en contar con un marco normativo propio para este ámbito de actividad, ya que en este momento sólo Euskadi tiene aprobada su propia ley territorial de Tercer Sector.