Una alternativa denigrante para desmantelar el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia

En ocasiones, quienes tienen el poder pretenden aparecer como portadores de la verdad. Insensibles a las demandas ciudadanas no ofrecen cauces de participación real, para dar una respuesta a los problemas. Al contrario, nos encontramos con que plantean alternativas de despacho y sin futuro, que ofenden a los pueblos. Es lo que está ocurriendo con los que desean acabar con el ferrocarril, en perjuicio de un desarrollo sostenible y de las personas que residen en los núcleos rurales despoblados de la región.

Fue a comienzos de verano, cuando el poder económico de la provincia, la CEOE-CEPYME de Cuenca, adquirió protagonismo con su Plan de Movilidad para la destrucción del servicio público de ferrocarril. La idea fue aireada en los medios y obtuvo el visto bueno de políticos, sin sentido de lo público y que prescinden de razonar en términos de derechos y de justicia, como el alcalde de Cuenca y el presidente de la diputación. El Plan es tan inverosímil, que la organización empresarial, defensora entusiasta de la inversión en el cementerio nuclear de Villar de Cañas, le echó un barniz ecologista, esbozando un increíble proyecto de vía verde, financiado por la ADIF.

El Plan ha provocado protestas ciudadanas, porque constituye un agravio y crea problemas. Más de treinta ayuntamientos, once asociaciones y diversos colectivos, liderados por la asociación Pueblos con el Tren, salieron a la calle para reclamar la mejora de la línea férrea Madrid-Cuenca-Valencia y rechazar la alternativa de la CEOE-CEPYME de Cuenca, del alcalde y del presidente de la diputación, para la destrucción del ferrocarril.

El Plan es un agravio, porque plantea como alternativa de movilidad una fórmula denigrante. Consiste en que los poderes públicos destruyan la línea de ferrocarril y acepten el proyecto de “movilidad sensible a la demanda”. Una propuesta que solo crea problemas a la ciudadanía. Es irritante que se presente como alternativa, una idea que ofende la dignidad de los pueblos. Tenemos la certeza del agravio gracias a miles de firmas ciudadanas que han sufrido la experiencia.

El redactor y primer firmante de las reclamaciones, contra esa movilidad sensible a la demanda, era un vecino de Gutierre-Muñoz (pequeña localidad abulense). Contaba que la empresa 'Avanza', pensando en su rentabilidad, iba modificando la frecuencia con la que pasan los autobuses en “función de la demanda” (el subrayado es nuestro). “Esto provoca que haya semanas en las que, al ir a coger el autobús descubres que se ha modificado la frecuencia y solo hay un autobús. O incluso que no pasa ninguno”. El problema afecta también a varios pueblos de la zona, como Sanchidrián, Adanero o Arévalo.

Finalizaba el vecino su reclamación pidiendo (...) a la Junta de Castilla y León que nos asegure un transporte público de calidad con una frecuencia fija, que nos permita transportarnos a otros municipios de la zona y a grandes ciudades proveedoras de servicios que no llegan aquí (...). A la vista del escrito, la pregunta que surge inevitablemente es: ¿Cómo hay representantes políticos y agentes sociales partidarios de que la ciudadanía sufra esta desgraciada experiencia de movilidad sensible a la demanda?

Las personas de a pie podemos comprender que los cargos públicos, acostumbrados a viajar en coche oficial eléctrico, estén encantados de disfrutar de su “movilidad sensible a la demanda”. Pero sería aconsejable que no trasladen su singular experiencia, al transporte público del resto de la ciudadanía, porque provocarían malestar.

Deberían saber los responsables públicos, que la ciudadanía de Cuenca que no tiene el privilegio de disfrutar de coche oficial, comparte la opinión de miles de personas, de los pueblos de la España Vaciada que reclaman el ferrocarril. De ahí que se manifiesten para expresar su demanda por un transporte público por ferrocarril de calidad, seguro, con horarios convenientes, frecuencia fija, precio asequible y paradas establecidas en los pueblos.

Cualquier político responsable sabe que, en un Estado social y democrático de derecho, las personas deseamos tener seguridad en el disfrute de derechos, como el de la libre circulación. Por eso la ciudadanía de Cuenca salió a la calle el día 7 de agosto, para gritar por la mejora de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, que atraviesa territorios de nuestra región despoblada.

Afortunadamente el gobierno regional, que persigue la cohesión social y territorial, con su Plan Europeo Castilla-La Mancha Avanza, se ha mostrado sensible al sentir de la ciudadanía y considera que “el mantenimiento y mejora de la infraestructura y los servicios ferroviarios es indispensable para fijar población”. Esperemos que actúe ante el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, para que mejore la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, porque el tren ayuda a cumplir los objetivos del Acuerdo Verde Europeo, contribuye a que la ciudadanía disfrute de un transporte público digno, seguro, socialmente eficiente, que ofrece oportunidades vitales y garantiza los derechos de quienes residen en los pueblos de la Cuenca despoblada.

En ocasiones, quienes tienen el poder pretenden aparecer como portadores de la verdad. Insensibles a las demandas ciudadanas no ofrecen cauces de participación real, para dar una respuesta a los problemas. Al contrario, nos encontramos con que plantean alternativas de despacho y sin futuro, que ofenden a los pueblos. Es lo que está ocurriendo con los que desean acabar con el ferrocarril, en perjuicio de un desarrollo sostenible y de las personas que residen en los núcleos rurales despoblados de la región.

Fue a comienzos de verano, cuando el poder económico de la provincia, la CEOE-CEPYME de Cuenca, adquirió protagonismo con su Plan de Movilidad para la destrucción del servicio público de ferrocarril. La idea fue aireada en los medios y obtuvo el visto bueno de políticos, sin sentido de lo público y que prescinden de razonar en términos de derechos y de justicia, como el alcalde de Cuenca y el presidente de la diputación. El Plan es tan inverosímil, que la organización empresarial, defensora entusiasta de la inversión en el cementerio nuclear de Villar de Cañas, le echó un barniz ecologista, esbozando un increíble proyecto de vía verde, financiado por la ADIF.