Calma para los nuevos tiempos

Ya hay nuevo gobierno. Antes de que expirara el límite para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió los apoyos de la mayoría absoluta del Congreso de los diputados en primera votación. Tal y como prevé la Constitución. En los tiempos confusos que vivimos, con informaciones interesadas y sin argumentos, conviene recordarlo. El Gobierno es, por lo tanto, absolutamente, y “constitucionalmente”, legítimo. Como, por cierto, lo fue también el que presidió el propio Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018 o el formado en coalición con Podemos en 2019. Siempre cumpliendo lo establecido en la Constitución, por supuesto. Sobre esto, no debería haber ya másdebates.

Se puede estar o no de acuerdo con las decisiones que se tomen a lo largo de la legislatura, y mostrar el desacuerdo es un papel propio de la oposición. Que ha de ser responsable. Como también lo debe ser el Gobierno, haciendo más pedagogía que nunca, a la hora de explicar las decisiones que puedan ser mas conflictivas.

Y son tan respetables las opiniones en un sentido como en el otro.

Quizá son dos las cuestiones controvertidas que van a marcar el devenir de los primeros meses de esta legislatura, la Ley de amnistía y la condonación de una parte de la deuda que las Comunidades Autónomas tienen con el Estado.

Respecto a la primera, ya conocemos el borrador de la Ley. Su constitucionalidad, o no, en ultimo término, la deberá analizar el Tribunal Constitucional, legítima y legalmente constituido. Mientras tanto, el poder legislativo, que emana de la voluntad popular, por cierto, es el que debe aprobar, o no, un texto. Lo mismo que sucede con cualquier otra Ley. Que es ley, porque es aprobada por el Congreso de los Diputados. Conviene seguir el procedimiento y los trámites parlamentarios, e incidir, de manera especial en la transparencia y la pedagogía hacia el conjunto de la ciudadanía. En definitiva, hacer normal la tramitación de una Ley, que, siendo controvertida, no es mas que eso, una Ley, que deben aprobar las Cortes. Como sucede siempre.

La condonación de deuda de una parte del Estado con el propio Estado no puede ser si no beneficiosa para el conjunto del país y de todas las comunidades autónomas

Y en relación a la segunda de las cuestiones, con la condonación de una parte de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado, conviene no hacerse trampas al solitario al criticarla. La condonación de deuda de una parte del Estado con el propio Estado no puede ser si no beneficiosa para el conjunto del país y de todas las comunidades autónomas como administraciones públicas, y de todos los ciudadanos, en última instancia.

Se trata de una deuda generada, fundamentalmente, en los años de crisis económica en los que los mercados se cerraron a las administraciones públicas de nuestro país. El Estado acudió al auxilio de las comunidades autónomas, entonces, y ahora les ayuda a reducir su deuda y el volumen de los intereses, lo que sin duda es positivo para todos, si se aplica, tal y como se ha expuesto repetidamente, de manera proporcional a todas las regiones.

Puede ser criticable que el acuerdo se alcanzara con un partido político, aunque es demostrar un gran desconocimiento de la política en nuestro país. O si no, que le pregunten a Aznar por su acuerdo con Pujol- sí, sólo con él- en 1996 para ceder a las comunidades autónomas la recaudación de, nada más y nada menos, el 30% del IRPF, a cambio de su apoyo a la investidura. Ahora, con un impacto en lo que algunos califican como “cesión” muy inferior en relevancia y valor absoluto que entonces, se ha alcanzado un acuerdo normal y, desde mi punto de vista, muy beneficiosos para todos los ciudadanos de nuestro país.

Y a la vista queda la negociación de la nueva financiación autonómica, que debe aprobarse también en esta legislatura, y que también ha de beneficiar a todos. Pero ese es otro cantar, y vendrá más adelante.

Tendremos tiempo. Mientras tanto, calma. Y normalidad.

Ya hay nuevo gobierno. Antes de que expirara el límite para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió los apoyos de la mayoría absoluta del Congreso de los diputados en primera votación. Tal y como prevé la Constitución. En los tiempos confusos que vivimos, con informaciones interesadas y sin argumentos, conviene recordarlo. El Gobierno es, por lo tanto, absolutamente, y “constitucionalmente”, legítimo. Como, por cierto, lo fue también el que presidió el propio Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018 o el formado en coalición con Podemos en 2019. Siempre cumpliendo lo establecido en la Constitución, por supuesto. Sobre esto, no debería haber ya másdebates.

Se puede estar o no de acuerdo con las decisiones que se tomen a lo largo de la legislatura, y mostrar el desacuerdo es un papel propio de la oposición. Que ha de ser responsable. Como también lo debe ser el Gobierno, haciendo más pedagogía que nunca, a la hora de explicar las decisiones que puedan ser mas conflictivas.