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CCM: 5 años y 9000 millones más tarde, no hay responsabilidades políticas

El Supremo ratifica la legalidad de la intervención de Caja Castilla-La Mancha

Mario Ruiz Moreno

Decía José Bono que “sentía vergüenza” de ver a “gente decente” que estaba “buscando para comer todos los meses”. No fueron palabras dedicadas a la plantilla afectada por el ERE de Liberbank (el banco donde ha quedado integrada la antigua Caja de Castilla – La Mancha). Fueron las palabras que dedicó a Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de CCM desde 1999 hasta la intervención de la caja por parte del Banco de España, el 29 de marzo de 2009, tras una ruinosa gestión.

Moltó fue un hombre muy fuerte del socialismo manchego, además de pasar por varias consejerías, fue Secretario General del PSOE de CLM durante 7 años en los 90, precediendo Barreda y sucediendo a Bono. Se trata del mismo cargo que ocupa ahora mismo García Page, quien también manifestó públicamente su confianza en la gestión de la caja y consideró que había cometido errores “como todos” y la crítica a Moltó desproporcionada. Tampoco Barreda criticó precisamente la gestión de la caja y se agarró al mantra socialista de que quien se había llevado por delante la caja había sido la crisis inmobiliaria.

Previsible. Según la Ley de Cajas de Ahorro, su gobierno era responsable de supervisar y controlar la gestión de CCM. Tampoco conviene olvidar que Moltó había sido nombrado Presidente de CCM por las cortes regionales y que la caja estaba llena de cargos políticos socialistas y populares (cuya gestión dejó mucho que desear a tenor de las sanciones –irrisorias- recibidas por parte del Banco de España).

Pero, pese a lo defendido por Barreda, no fue la crisis quien se llevó por delante la caja de CCM, sino su habilidad para realizar inversiones ruinosas y conceder créditos sin ninguna lógica. No lo ve así Moltó, quien en una comparecencia en el Congreso de los Diputados llegó a decir que “la racionalidad económica del aeropuerto de Ciudad Real estaba más que probada”.

Casos como el de Puerta Oro Toledo, quien tras dos años sin pagar absolutamente nada de la hipoteca que tenía en CCM tuvo la suerte de que le renovasen el crédito sin ampliación de garantías, o como el del Centro de Recepción de Turistas de Toledo, que requería una inversión de 2 millones y para el que CLM concedió un crédito de casi 5 a la empresa Grimo 3113 S.L. son solo casos paradigmáticos de la política crediticia de CCM. A día de hoy la política crediticia de CCM sigue siendo investigada por el juez Ruz, en concreto 20 préstamos que los peritos del Banco de España creen que fueron concedidos contraviniendo la normativa y causando un serio perjuicio a la caja.

Pero erraríamos sobremanera si redujésemos el escándalo de CCM a las responsabilidades penales y olvidásemos las políticas. El hecho de que El Pocero recibiese financiación de CCM, o que la mayor parte de los créditos se otorgasen a tres famosos constructores de la región, pone de manifiesto que la burbuja inmobiliaria en nuestra región no habría sido posible sin el impulso financiero que recibió desde CCM.

La caja fue un instrumento financiero (público) esencial para implantar un modelo productivo en nuestra región, el del ladrillazo, que tanto perjuicio ha causado. De la misma manera que no podría haber habido pelotazos urbanísticos sin recalificaciones urbanísticas de los alcaldes de la zona, no habría sido posible si los constructores no hubiesen contado con la financiación necesaria.

5 años más tarde y tras 9000 millones de euros públicos (cifra ampliamente superior al presupuesto anual de Castilla –La Mancha) entre inyecciones de liquidez y avales concedidos por el estado, la ciudadanía castellanomanchega se ha quedado sin una banca pública que, con voluntad política, podría servir para dinamizar la actividad económica de las PYMES, o simplemente para mostrar más sensibilidad ante los desahucios que la que muestra su sucesor Liberbank.

Sin embargo, una banca pública no entraba en absoluto en los planes de los socialistas castellanomanchegos, y dicha privatización fue celebrada por numerosos dirigentes socialistas, entre ellos, como no, Barreda. El ex presidente regional llegó a alabar la privatización del banco porque a juicio de él suponía que los clientes veían asegurado su dinero, y los trabajadores su puesto de trabajo. Desgraciadamente, y como era previsible ante un proceso de fusión bancaria, no ha sido así, y muchos trabajadores de la antigua CCM se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

El hecho de que 5 años después, José María Barreda se encuentre ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados, mientras que la ciudadanía castellanomanchega se ha quedado sin su caja de ahorros, muchos trabajadores de CCM han sido afectados por un ERTE y los contribuyentes de todo el estado han pagado el rescate bancario a CCM, es la constatación de que no ha habido responsabilidades políticas en el escándalo de las cajas españolas. La mayoría de esos políticos que nombraron a los responsables de las cajas, y que debían velar por su buen hacer supervisando y controlando su actividad, incluso muchos de los consejeros de la caja disfrutan todavía de posiciones políticas. Ninguno ha reconocido equivocarse al nombrar al presidente y a los directivos de CCM (ni de ninguna otra caja), y nadie ha pedido perdón por permitir que se insuflase aire desde una caja pública a la burbuja inmobiliaria.

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