Coger el toro por los cuernos

Utilizamos este símil taurino con la resaca de los Sanfermines para abordar uno de los temas más candentes de los últimos meses: los límites a los apartamentos turísticos en los cascos urbanos de las ciudades. Lo teníamos confeccionado con la celebración del santo pamplonica y las últimas declaraciones del alcalde de Toledo no han hecho sino actuar de caja de resonancia al sonido que viene generando el tema desde hace unos años.

Es una evidencia que el crecimiento del número de turistas y el aumento paralelo de la oferta de apartamentos turísticos está desbordando todas las previsiones de economistas, políticos y, también, de los gestores del patrimonio cultural.

Las recientes declaraciones del alcalde de la ciudad de Toledo no son sino la continuidad de una política que no ha dado prioridad hasta la fecha a la restauración de inmuebles y elementos de valor patrimonial -la famosa intervención subsidiaria por interés público que marca la Ley de Patrimonio Cultural se aplique ante la inacción de los propietarios que los dejaban abandonados con fines especulativos-. Y esta deriva no hará sino incrementar la gentrificación de los espacios urbanos encareciendo el suelo al seguir atrayendo inversiones especulativas. 

Así, los cascos históricos se encontraban en un proceso de abandono y deterioro notable, la parte positiva de todo este fenómeno de turistificación es que, por fin, ha iniciado la rehabilitación del caserío evitando la ruina de muchos inmuebles de valor patrimonial o paisajístico. Pero la otra cara de la moneda es la expulsión de los habitantes tradicionales de estos barrios céntricos de las ciudades y la imposibilidad de acceso a la vivienda de jóvenes y rentas bajas, tanto en alquiler como en propiedad. 

Espacios urbanos que, a la vez, se han vaciado de actividades económicas tradicionales y de servicios, donde solamente hay oferta de ocio, de franquicias o de tiendas de objetos de recuerdo. Edificios que se están rehabilitando, modificando en muchos casos sus estructuras interiores y aumentando los volúmenes edificatorios.

No hay una ley regional que facilite el desarrollo normativo de iniciativas municipales y estas se rigen por la ambigüedad o la calculada cautela habida cuenta de los intereses de los grupos de presión local: inversores, sector inmobiliario, turístico y hostelero.

En Toledo, el anterior gobierno municipal estableció un periodo de espera para tramitar una ordenanza municipal al respecto. Solo sabemos que la intención es que los apartamentos o viviendas de uso turístico no podrán superar el 20 por ciento del total de viviendas establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Toledo y que, además, este tipo de viviendas únicamente se podrán establecer en el primer piso y planta baja de los edificios.

Habrá que hilar muy fino, ya que los inversores lo saben, y siguen rehabilitando y dedicando inmuebles para un futuro uso turístico. Sabemos que la ley se interpretará entre líneas, y si se legisla sobre apartamentos o viviendas de uso turístico, surgirán “apartahoteles” u otro tipo de subterfugios para sortear la norma. Ya el actual alcalde de la ciudad, en periodo preelectoral criticó que no se hubiera contado “con la opinión de los operadores y actores empresariales del sector de los apartamentos y viviendas de uso turístico” y ahora declara permitir aquellos edificios destinados exclusivamente a “uso turístico”, que se sumarán a los 26 ya existentes, los más de 30 hoteles y hostales que hay en el casco histórico de la ciudad, además del medio millar de apartamentos turísticos que se ofertan a través de las plataformas. 

Otras ciudades como Barcelona han sido más expeditas a la hora de anunciar el control de la oferta de apartamentos turísticos y, probablemente, sus gabinetes jurídicos estudiarán a fondo los pasos a dar para evitar indemnizaciones o recursos a las normas municipales. En Santiago, el ayuntamiento ya ha recogido el guante de los vecinos y quiere eliminar 600 pisos turísticos, a lo que se opone el gobierno de la Xunta. Sevilla limitará al 10 % la oferta de este tipo de viviendas de alquiler, mientras que en Toledo los apartamentos “legales”, la oferta real y la que se propone, tiene una horquilla demasiado amplia para que temamos que ya hay excesivos intereses sobre la mesa. 

En todo caso, hay que ser restrictivos, ya que, por encima, está el interés por que la ciudad siga estando al servicio de los vecinos, sea habitable y mantenga calidad en la vida cotidiana de los mismos. A la vez hay que analizar detenidamente los proyectos de rehabilitación de los inmuebles e incrementar la labor inspectora para evitar que las estructuras y volúmenes de los edificios situados en los Cascos Históricos declarados de interés cultural no sufran los desafueros de la presión especulativa.

Y, ya lo hemos dicho más de una vez, una ciudad que se convierte en cartón-piedra sería como matar a la gallina de los huevos de oro. No estimulemos una economía depredadora y tengamos en cuenta a todos los sectores a la hora de tomar decisiones. Sí, incluidos a las instituciones y personas técnicas especializadas en la gestión del patrimonio cultural.

Utilizamos este símil taurino con la resaca de los Sanfermines para abordar uno de los temas más candentes de los últimos meses: los límites a los apartamentos turísticos en los cascos urbanos de las ciudades. Lo teníamos confeccionado con la celebración del santo pamplonica y las últimas declaraciones del alcalde de Toledo no han hecho sino actuar de caja de resonancia al sonido que viene generando el tema desde hace unos años.

Es una evidencia que el crecimiento del número de turistas y el aumento paralelo de la oferta de apartamentos turísticos está desbordando todas las previsiones de economistas, políticos y, también, de los gestores del patrimonio cultural.