La Constitución necesita consenso para garantizar los derechos de todos los españoles

La primera vez que pude ejercer mi derecho a voto fue el 6 de diciembre de 1978. Lo hice con ilusión, pero sin una reflexión crítica profunda, convencida de que cualquier laguna en la Constitución se corregiría con el paso del tiempo. Como es conocido, en aquel momento, importaba poco su estructura o redacción, priorizando la imagen de reconciliación y concordia entre los españoles. A pesar de haber sido redactada por muy diversas personas, se presentó como obra de los denominados 'padres de la Constitución', reforzando la imagen de consenso político. 

La Constitución española se redactó en un momento histórico en que los españoles precisaban la reconciliación, siendo el reflejo y la norma que agrupaba las expectativas de los españoles en un contexto crucial de la historia de España. 

Por primera vez, en nuestro país, la Constitución consiguió de forma ordenada, convertir a España en una democracia homologable a las del resto de Europa. Esta Constitución ha hecho posible un sistema democrático que ampara libertad, igualdad y pluralismo político, además de dar encaje a la diversidad territorial de nuestro país. 

Uno de los artículos que siempre he valorado especialmente es el artículo 14 de la Constitución, que proclama: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Sin embargo, actualmente estamos comprobando, debido a la evolución de la sociedad y a determinadas medidas que los gobiernos españoles han ido consintiendo que, lo establecido en dicho artículo 14, no se interpreta de manera uniforme en todo el territorio nacional. Efectivamente, con el tiempo, se han expresado muy diversas interpretaciones y se ha evidenciado que, el efectivo desarrollo democrático, exigía cambios significativos que, por intereses partidistas, se han ido posponiendo y/o realizando sin el preceptivo consenso.

Si bien es cierto que la Constitución del 78 es un marco de convivencia y establece las reglas el juego político, se ha cometido el error de considerarla como algo inamovible. Los cambios necesarios para adaptarla a las nuevas realidades sociales y políticas no se han abordado con el consenso que exige su relevancia. En el marco político actual, parece difícil alcanzar el amplio consenso que marcó su redacción inicial, donde se unieron planteamientos ideológicos muy diversos.

Razonadamente, resulta imprescindible no continuar retrocediendo en derechos y garantizar el cumplimento de lo recogido en el citado artículo 14 en todo el territorio español. Esto implica asegurar la igualdad de derechos, la no discriminación, una vida digna, y que se garanticen los principios de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica, etc.

En resumen, hoy más que nunca, resulta imprescindible aunar esfuerzos para velar por su defensa como símbolo de los valores que unen a todos los españoles, sin exclusiones ni privilegios. Su adaptación y protección deben hacerse desde el consenso, reforzando su papel como garantía de convivencia democrática e igualdad.