Defensa y el Patrimonio

Titular esta columna “InDefensión” iba a llevar a la confusión al lector, por lo que hemos sido más claros al definir la situación en la que se encuentra el patrimonio que está bajo la jurisdicción del ministerio de Defensa.

Y es que a los órganos competentes delegados en materia cultural (comunidades autónomas) se les hurta la vigilancia y tutela de dichos bienes patrimoniales. Teóricamente es el Estado el que debiera ejercer dicho papel, pero en la práctica el Ministerio de Defensa se convierte en un, popularmente dicho, “yo me lo guiso, yo me lo como”.

Y así, en nuestra región encontramos fortalezas, cuarteles, campos de tiro o edificios administrativos adscritos a Defensa en los cuales la Junta de Comunidades poco o nada puede decir en cuanto a gestión y conservación de cuanto patrimonio cultural pudieran contener. Y con ello excavaciones arqueológicas que se realicen, labores de restauración y conservación, inventarios, condiciones de acceso a fondos documentales y bibliográficos, etc.

Recordemos que Defensa tiene campos de tiro, maniobras o adiestramiento en las provincias de Albacete (Chinchilla), Guadalajara (Uceda) y Toledo (Ahijares). Y, declarándolos “zonas de interés para la Defensa Nacional”, el ministerio de Defensa se “asegura” la “seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones”, blindándolos así de controles externos.

Se están preparando instalaciones para abrir dentro de unos meses un Archivo Histórico de la Armada en Campamento (Madrid), el “Juan Sebastián Elcano”, creando así dos sedes que compartirá fondos con el Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán” desde su actual ubicación en el Viso del Marqués a Madrid. No sabemos hasta qué punto alcanzará la medida a los fondos y funcionamiento del archivo actual, pero entendemos que es un paso atrás en la política de descentralización hacia la España Vaciada.

En la provincia de Toledo hemos visto ejemplos de mala gestión. Lo vimos en el desmantelamiento de la Fábrica de Armas, donde un descontrol consentido permitió perder bienes muebles de gran interés histórico, etnográfico y artístico. Hace poco en el asunto del castillo de Maqueda, varado en medio de la nada con la tremenda mutilación que supuso una construcción interior de la que no se sabe el destino y que, después de una millonaria e inútil inversión, se ha intentado vender al mejor postor sin éxito.

Tratamiento patrimonial

Nadie ha contemplado el declarar BIC el acueducto y torres acuarias que, desde la presa de Alcantarilla llevaba las aguas hasta Toledo, una de las conducciones hidráulicas mejor conservadas de época romana; el estado de la calzada romana que atraviesa el campo de tiro de los Alijares o el tratamiento que se ha de dar a las estructuras bélicas que recuerdan a la Guerra Civil.

La política de información y acceso se debería agilizar para los centros dependientes del Ministerio, publicando las entradas para la investigación de los expedientes que guarda el Archivo General de Guadalajara o los volúmenes que guarda el Archivo y Biblioteca de la Academia de Infantería de Toledo.

Y, por último, tampoco nadie -salvo orden superior- se ha inmiscuido en el necesario cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en dichos recintos, entendiendo que debe haber en las decisiones un asesoramiento técnico y una transparencia en la gestión de las intervenciones.

Debería la ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, aplicar la eficacia y transparencia que se observa en otros departamentos de su ministerio a esta del Patrimonio Cultural. Entendemos que la defensa Nacional es también la defensa de su patrimonio.

No podemos terminar sin señalar también en esta columna el ejemplo de buena gestión del Museo del Ejército ubicado en el Alcázar de Toledo, pese a los conatos de incendio que se han producido en los últimos meses.

Titular esta columna “InDefensión” iba a llevar a la confusión al lector, por lo que hemos sido más claros al definir la situación en la que se encuentra el patrimonio que está bajo la jurisdicción del ministerio de Defensa.

Y es que a los órganos competentes delegados en materia cultural (comunidades autónomas) se les hurta la vigilancia y tutela de dichos bienes patrimoniales. Teóricamente es el Estado el que debiera ejercer dicho papel, pero en la práctica el Ministerio de Defensa se convierte en un, popularmente dicho, “yo me lo guiso, yo me lo como”.