El poder de las escopetas

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho pública recientemente una noticia preocupante: el partido de gobierno ha presentado una enmienda a la Ley de medidas administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación en las Cortes regionales, con el fin de modificar la Ley de Caza. El objetivo es posibilitar la práctica de esta actividad en las vías y caminos de uso público, senderos señalizados y vías pecuarias, algo que hasta ahora está expresamente prohibido por la ley vigente.

En concreto, la ley actual obliga a los cazadores a descargar sus armas como medida de seguridad siempre que se encuentren a menos de cincuenta metros de los caminos y vías de uso público, y prohíbe disparar en dirección a ellas cuando puedan ser alcanzadas por un proyectil. La modificación propuesta permitiría anular estas limitaciones generales siempre que los titulares de estas la infraestructuras de tránsito, normalmente los ayuntamientos, así lo autoricen.

El partido de gobierno nos dirá que su propuesta no elimina las protecciones, sino que se limita a dejarlas en manos de otras administraciones, pero debemos suponer que los mismos ayuntamientos que han hecho la vista gorda, e incluso autorizado el vallado sistemático de los caminos públicos que debían defender para regalárselos o vendérselos a los propietarios de las grandes fincas, no van a molestarse en prohibir la caza en los que siguen siendo transitables. Si el Gobierno regional no es capaz de poner freno a la voracidad de los cazadores, no podemos pretender que lo hagan los pequeños municipios.

Para entender el alcance de esta modificación debemos recordar que la práctica totalidad del territorio regional está acotado para la caza,  así que estamos hablando de todos los caminos de la región. Solo quedan fuera de los cotos los núcleos urbanos y aún así, es relativamente frecuente que algunos cazadores mal informados se adentren en parques urbanos poco frecuentados persiguiendo a sus presas, de ahí los carteles de advertencia que podemos encontrar en estos mismos parques.

También interesa recordar que las temporadas de caza de las distintas especies cinegéticas coinciden con las más agradables para el ejercicio de todo tipo de actividades al aire libre, y los días de la semana en los que se permite cazar con los que solemos tener libres los que disfrutamos de este tipo de actividades,  así que podemos decir que en la práctica, la propuesta del PSOE podría suponer el cierre del territorio regional para cualquier otra actividad que no sea la caza. O sea, que si queremos disfrutar de la naturaleza tendremos que comprarnos una escopeta, disponer de abundantes cantidades de dinero negro y empezar a pegar tiros. No nos queda otra.

Lo peor de todo es que esta preocupante noticia no es un hecho aislado, sino una nueva vuelta de tuerca de un proceso de privatización del territorio que avanza de forma imparable. Los grandes propietarios imponen su ley y han decidido que el mejor destino para sus activos en nuestra región es convertirlos en un inmenso coto de caza donde todo lo que no sean ciervos, jabalíes, fincas de recreo amuralladas para pavos reales y serviles secretarios sobra.

Durante la pandemia, por ejemplo, una de las primeras medidas de la Junta de Comunidades como autoridad delegada para gestionar el estado de alarma fue declarar la caza como una actividad necesaria, y permitir las cacerías sin límite de participantes incluyendo desplazamientos de entrada y salida en la región desde cualquier punto del mundo, mientras el resto de los ciudadanos apenas podía salir de su casa para evitar los contagios. En aquel momento no fue necesario autorizar la caza en los caminos, simplemente los cazadores no podían encontrarse con nadie. Puede parecer una anécdota, pero es bastante ilustrativa de por donde van los tiros y del poder de las escopetas.

Es sabido que las leyes no siempre se cumplen, especialmente cuando los que tienen que cumplirlas se sienten empoderados con armas de fuego y los que tienen que hacerlas cumplir hacen la vista gorda. La vigente Ley de Caza, en concreto, ha demostrado ser insuficiente para garantizar el uso de los caminos públicos, pero al menos nos da la razón a los que queremos compartir el paisaje, y nos recuerda a todos dónde está el sentido común en caso de conflicto. La propuesta de modificación pretende, simplemente, eliminar los conflictos monopolizando el uso del territorio a favor de una sola actividad.   

Lo que tenemos que hacer no es monopolizar sino facilitar el uso compartido del territorio, como siempre se ha hecho, y esto solo será posible si mantenemos abierta en todo momento la red de caminos públicos, que son su sistema circulatorio. Para facilitar la convivencia hay que señalizarlos correctamente, indicar itinerarios alternativos cuando por algún motivo tenga que cortarse transitoriamente un tramo, y suministrar información puntual, actualizada, fiable,  y fácilmente accesible de cualquier actividad que pueda afectar al resto con suficiente antelación para que todos los demás podamos programar las nuestras. No hay que cerrar los caminos, sino regular mejor su uso.

No soy cazador, pero no tengo nada en contra de la caza, creo que puede ser una afición tan saludable como cualquier otra, pero no quiero que nadie me expulse de mi tierra, y si la regulamos como un monopolio acabará expulsándonos a todos.

También sé que la caza puede ser un importante aliciente económico en algunas localidades, pero lo mismo podríamos decir de un montón de actividades al aire libre que cada vez atraen a mas personas, y todas ellas, salvo la caza, tienden a ser inclusivas, a sumar.  

Si queremos atraer visitantes y mejorar la economía del mundo rural no nos convirtamos en una especie de Zimbabwe low cost, sino en un ejemplo de gestión y convivencia para todos los amantes de la naturaleza. El futuro nos lo agradecerá.

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha hecho pública recientemente una noticia preocupante: el partido de gobierno ha presentado una enmienda a la Ley de medidas administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación en las Cortes regionales, con el fin de modificar la Ley de Caza. El objetivo es posibilitar la práctica de esta actividad en las vías y caminos de uso público, senderos señalizados y vías pecuarias, algo que hasta ahora está expresamente prohibido por la ley vigente.

En concreto, la ley actual obliga a los cazadores a descargar sus armas como medida de seguridad siempre que se encuentren a menos de cincuenta metros de los caminos y vías de uso público, y prohíbe disparar en dirección a ellas cuando puedan ser alcanzadas por un proyectil. La modificación propuesta permitiría anular estas limitaciones generales siempre que los titulares de estas la infraestructuras de tránsito, normalmente los ayuntamientos, así lo autoricen.