Una farsa llamada proceso de evaluación ambiental

Recientemente, hemos sabido que un proyecto de explotación porcina intensiva en Saelices (Cuenca) ha recibido una Declaración Impacto Ambiental negativa. No podemos menos que congratularnos por este hecho, una actividad que iba a generar grandes emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes atmosféricos, consumos industriales de agua, riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, poco empleo y precario, maltrato animal, no iba a resultar precisamente positiva para esta zona.

Pero la razón esgrimida por la Administración regional no es ninguna de éstas, el problema venía dado por su impacto al patrimonio cultural, según se expone en la propia Resolución, situándose este proyecto a escasos kilómetros del Parque Arqueológico de Segóbriga, el más importante de Castilla-La Mancha con miles de visitantes al año.

Lo que sin duda es una buena noticia por la que podemos decir sin complejos que en este caso la JCCM ha hecho lo que debía, también nos invita a la reflexión. Y es que a aproximadamente a la misma distancia, a tres kilómetros del mismo Parque Arqueológico, hay otro proyecto de macrogranja porcina en el municipio de Almendros y la Administración le ha dado el visto bueno. ¿Cómo puede ser que un proyecto afecte a Segóbriga y otro no? No es concebible.

Ecologistas en Acción Cuenca presentó alegaciones a este proyecto en Almendros, argumentado, entre otras cosas, el mismo motivo por el que se ha desestimado ahora el proyecto de Saelices, el impacto al patrimonio cultural, su cercanía a Segóbriga. Pero la Viceconsejería de Medio Ambiente no atendió estas alegaciones, después se presentó un Recurso de Alzada contra la Resolución que otorgaba la Autorización Ambiental Integrada, recurso que no fue contestado.

Ahora el procedimiento administrativo está pendiente de un proceso judicial, las vecinas y vecinos de Almendros presentaron una demanda contencioso-administrativa, sí, esa población que según dice el consejero Sr. Martínez Arroyo “si no quieren la explotación, no se hace”. El alcalde, que es quien vende los terrenos a la empresa promotora, parece que prefiere que se monte la explotación. No sé porqué será.

Ah, se me olvidó comentar, por si consideran ustedes de interés para el análisis de la situación, que en el caso de Almendros, la que la Junta de Page aprueba, la empresa promotora es IcPor, integradora de Incarlopsa.

Después de muchas alegaciones presentadas a instalaciones intensivas de porcino, vemos desde Pueblos Vivos Cuenca cómo la Viceconsejería de Medio Ambiente hace la vista gorda en los procesos de evaluación ambiental ante importantes impactos al medio natural, a la economía local o al propio patrimonio cultural.

Los ejemplos son demasiado numerosos como para tomarlos a broma: omisiones de planes de abonado, descripciones irreales de los hábitats naturales, inventario ambiental incompleto, falta del listado de parcelas donde se pretende echar el purín... Da igual que se aleguen defectos en el proyecto, la Viceconsejería huye hacia adelante y los aprueba. Y si tienes algún problema con la Resolución administrativa gástate los cuartos y vete al juzgado.

Ni que decir tiene que el compromiso del Sr. Consejero Martínez Arroyo de no aprobar proyectos donde la población no los quiera quedó en papel mojado desde el mismo momento en que lo dijo: Priego, Cañete, Cardenete, Villalba de la Sierra, Almendros, Mota del Cuervo...

Por poner un ejemplo muy ilustrativo, según el proyecto de macrogranja de Cañete, no hacía falta plantearse qué se va a hacer con los purines en caso de nevada porque, aunque la normativa prohíbe expresamente esparcir purines en la nieve, no hay posibilidad de nieve en Cañete, según indica el estudio de impacto ambiental presentado.

Claro, esto puede ser más o menos coherente si dices, como dice el proyecto, que Çañete está 300 m. sobre el nivel del mar, el problema es que Cañete está a 1100 m. y raro será el año que no nieva. Lo peor no es que se pongan este tipo de cosas en los estudios de impacto ambiental de explotaciones industriales, que pueden ser errores, lo grave es que la administración los dé por buenos. Y así nos va.

El último capítulo lo hemos tenido esta semana. Medio Ambiente da por bueno que una explotación de porcino intensivo en Huerta de la Obispalía funcione sin las autorizaciones ambientales previstas en la Ley 04/07 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para este tipo de actividad.

Resulta que cuando se publica la Sentencia que condena a la JCCM y anula las autorizaciones ambientales de esta macrogranja en enero de 2018, Joaquín Cuadrado, director provincial de Agricultura, salió argumentando que esa autorización la había aprobado el Gobierno de Cospedal, y ahora publican exactamente la misma declaración de impacto ambiental, sin dejar plazo de alegaciones.

Y si, como dice Medio Ambiente, a lo que se refiere exclusivamente la Sentencia es a publicar de manera separada la declaración de impacto y la autorización ambiental, entonces la actual JCCM lo está haciendo igual que el Gobierno anterior del PP. Parece que el TSJ va a tener que volver a pronunciarse porque a Medio Ambiente no le ha quedado claro.

El colmo será cuando las próximas elecciones autonómicas las gane el PP (que tal y como está haciendo las cosas el gobierno socialista es previsible porque el mundo rural está muy cabreado con este PSOE) y el TSJ vuelva a condenar a la JCCM: entonces dirá que esa autorización ambiental la aprobó el PSOE. Y así nos va. Mientras, el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey (por cierto, del PSOE, Sr. consejero Martínez Arroyo, que va diciendo por ahí que ve esta lucha vecinal “con intencionalidad política”), gastándose el dinero en demandas judiciales contra la administración regional (PSOE-Podemos).

¿Quién paga todo esto? La gente con sus impuestos ¿Quién sale beneficiada? La industria cárnica.

Recientemente, hemos sabido que un proyecto de explotación porcina intensiva en Saelices (Cuenca) ha recibido una Declaración Impacto Ambiental negativa. No podemos menos que congratularnos por este hecho, una actividad que iba a generar grandes emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes atmosféricos, consumos industriales de agua, riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, poco empleo y precario, maltrato animal, no iba a resultar precisamente positiva para esta zona.

Pero la razón esgrimida por la Administración regional no es ninguna de éstas, el problema venía dado por su impacto al patrimonio cultural, según se expone en la propia Resolución, situándose este proyecto a escasos kilómetros del Parque Arqueológico de Segóbriga, el más importante de Castilla-La Mancha con miles de visitantes al año.