La gobernanza, derecho ciudadano capaz de transformar la realidad

El pasado 4 de abril, en la sede de Cáritas Diocesana de Cuenca, se celebró el XV Encuentro Regional de Participación social organizado por EAPN-CLM y financiado en el marco de la Orden de Inclusión Social que canaliza parte de los recursos que invierte FSE+ en nuestra región, y en colaboración con las organizaciones que forman parte de la red. El encuentro se desarrolló bajo el lema 'Por un empleo digno y su impacto en los grupos vulnerables', al que acudieron alrededor de 70 personas, casi todas en situación de vulnerabilidad y / o exclusión.

El encuentro se dividió en tres partes principales, la primera fue formativa, con una ponencia marco sobre las desigualdades en el acceso al empleo, que estuvo a cargo de Mª Dolores López-Caniego, profesora de la Facultad de Trabajo Social de la UCLM. Continúo Elena García, Directora General de Empleo en CLM, que abordó los recursos y servicios que dispone el gobierno autonómico para el acceso al empleo. Esta mesa estuvo moderada por Emilio José Ciriano, profesor de la Facultad de Trabajo Social de la UCLM.    

En la segunda parte del encuentro tuvimos la oportunidad de compartir espacios de trabajo con personas en situación de vulnerabilidad y / o exclusión social y responsables de la elaboración de las políticas sociales, especialmente se destaca el interés de la Consejería de Bienestar Social, encabezada por Bárbara García, que estuvo presente en el plenario de propuestas, tercera parte de la jornada, y su compromiso con las propuestas recibidas por parte de las personas participantes en el encuentro, que además, serán trasladadas al resto de decisores políticos en el mes de octubre en conmemoración del día Internacional de erradicación de la pobreza.  

Es especialmente relevante destacar, que la gran parte de los asistentes fueron personas en situación de vulnerabilidad y / o pobreza, quienes brindaron valiosas perspectivas del impacto que tienen las políticas públicas sobre su situación de vida.

Algunas de estas propuestas fueron:

-         Visibilizar las políticas existentes para el incentivo del empleo y formación.

-         Promover planes de orientación laboral y contratación en las empresas para incentivar la diversidad.

-         Crear ayudas económicas para la contratación de menores de 30 años con una duración mínima de dos años.

-         Que la administración pública de incentivos a las empresas que adapten sus horarios por cuestiones de conciliación.

-         Comunicación entre universidades para facilitar la homologación de títulos.

-         Crear más puestos profesionales de la figura de orientación para el empleo y autoempleo.

-         Sensibilizar la contratación del trabajo doméstico.

-     Trabajar por la construcción de pensamientos colectivos y acciones, trabajo en red y que esté compartido con la administración pública.

Sin duda todas las propuestas tenían un aspecto común, como es el de la simplificación administrativa y agilidad en la burocracia.

Tener aliados que se sumen a nuestras movilizaciones ciudadanas es fundamental. En este sentido resulta crucial fomentar la participación de las organizaciones del Tercer Sector   y que el Sistema Público de Servicios sociales actúe en colaboración con estas y las personas con las que trabajan, para que los procesos participativos no queden en actividades simbólicas, sino que se trasladen a otros espacios de trabajo y de construcción de propuestas útiles para el Gobierno autonómico.

En este contexto, es importante mencionar que una delegación de personas de Castilla-La Mancha participará en el próximo encuentro estatal de participación social en Valencia, los próximos días 24, 25 y 26 de abril, lo que supone una importante oportunidad para trasladar nuestras demandas a los decisores políticos del gobierno estatal.

Tal y como hemos podido validar en el encuentro la participación social de las personas en situación de exclusión es fundamental para conocer el impacto real de las políticas públicas, canalizar las demandas y crear propuestas concretas para la mejora de los recursos y servicios públicos que dan respuesta a   situaciones de riesgo y exclusión social.

Los decisores públicos deben establecer una colaboración efectiva con la sociedad civil, avanzando de medidas paliativas a acciones preventivas. Es fundamental asegurar el acceso a la gobernanza como un derecho ciudadano, potenciando el poder transformador necesario para impulsar el desarrollo de políticas sociales, inclusivas y equitativas.