El Ingreso Mínimo de Solidaridad y su recorte encubierto

Para poder entender lo que está ocurriendo hoy con la supresión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, una prestación ofrecida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a las familias que no tienen los recursos económicos suficientes para atender sus necesidades básicas, y las sucesivas artimañas en torno a este tenemos que retroceder, al menos, un año atrás.

En el mes de agosto de 2019 conocíamos que el Gobierno de Castilla-La Mancha estaba denegando las ayudas de IMS por falta de presupuesto, además de que las ayudas de Emergencia Social, destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, también llevaban paralizadas un par de meses. Nosotras, en Izquierda Unida, llevábamos años pidiendo a Aurelia Sánchez, Consejera de Bienestar Social, y al Presidente autonómico, García-Page, en la misma línea que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que se necesitaban al menos 63 millones de euros destinadas a rentas de reinserción para que Castilla-La Mancha no se quedase atrás.

A todo esto hay que recordar que más de un 30% de la población castellano-manchega se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, alrededor de 640.000 personas. Unos niveles que nos sitúan entre las tres peores comunidades autónomas de España. Realidad que es ocultada por el Gobierno regional con la complicidad de los diputados y diputadas que se sientan en las Cortes Regionales, que no se atreven a denunciar esta insoportable verdad. 

Pero esto no es culpa de los castellanomanchegos, el problema han sido las políticas que se han hecho en nuestra región, el abandono que ha sufrido nuestra tierra y la ausencia de políticas de protección social que han dejado abandonada a la población más desprotegida.

Nuevamente, en enero de este año denunciamos un tijeretazo de la Consejería de Bienestar Social a estas ayudas. El presupuesto del Ingreso Mínimo de Solidaridad pasó de 17,9 millones en el 2019 a 13,4 millones de euros en el 2020, mientras que las Ayudas de Emergencia Social pasaban de 5,6 a 3,2 millones, es decir, un recorte de casi 7 millones de euros. Lógicamente, volvimos a denunciar esta situación, teniendo en cuenta que el año anterior había sido insuficiente la cantidad presupuestada para el número total de personas que lo necesitaban. No ha habido respuesta por parte de la Consejera, ni del Gobierno, tan solo volver a poner en marcha su aparato propagandístico con palabras huecas y promesas incumplidas.

Estando en esta situación, nos encontramos con una pandemia que nos trae una nueva crisis económica y social y es en este momento cuando, con absoluta insensibilidad e irresponsabilidad, la Consejera de Bienestar Social anuncia que el Gobierno regional paraliza las ayudas del IMS. En el peor momento de la pandemia, cuando más necesidades tienen las familias, la Consejería envió una nota informativa a los trabajadores y trabajadoras sociales donde les ordenaba que paralizaran el reconocimiento de nuevos Ingresos Mínimos de Solidaridad. Cuando lo esperado y lo más sensato era justamente lo contrario, aprobar un fondo especial y extraordinario para hacer frente a los efectos de la pandemia, la Consejera y el Gobierno regional han optado por dejar abandonadas a las familias que están sufriendo los efectos de la crisis. 

El pretexto, más propio de farsantes que de políticos, fue la supuesta incompatibilidad por la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central, cuando la Consejería de Bienestar Social conocía perfectamente que por problemas en la tramitación aún no se han concedido estas ayudas. Una jugada realizada también por el Gobierno Andaluz del PP y Cs y apoyada por VOX. 

En lugar de ampliar los fondos para llegar a más familias que peor lo están pasando, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Consejera de Bienestar Social les dieron la espalda una vez más, despreciando a un enorme número de personas. 

Así llegamos al último episodio, cuando la Consejera, Aurelia Sánchez, sin despeinarse, afirmó que la administración regional no tenía conocimiento de que hubiera familias que no estuvieran cobrando ni IMS, ni el IMV. 

Por ello, desde IU pedimos la dimisión de Aurelia Sánchez, por el desprecio demostrado, por dejar abandonadas a miles de familias en el peor momento que vivimos desde hace décadas, por encontrarse desaparecida sin dar la cara como responsable de su Consejería, por intentar engañar a la sociedad castellano-manchega y por despreocuparse y abandonar a los profesionales de los servicios sociales.

Ahora nos anunciará nuevas ayudas, volverá a ponerse en marcha la maquinaria de la propaganda, nos dirá que no dejarán a nadie atrás o que han estado siempre del lado de estas familias, pero durante este año han demostrado lo contrario, y los hechos son los hechos.

Para poder entender lo que está ocurriendo hoy con la supresión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, una prestación ofrecida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a las familias que no tienen los recursos económicos suficientes para atender sus necesidades básicas, y las sucesivas artimañas en torno a este tenemos que retroceder, al menos, un año atrás.

En el mes de agosto de 2019 conocíamos que el Gobierno de Castilla-La Mancha estaba denegando las ayudas de IMS por falta de presupuesto, además de que las ayudas de Emergencia Social, destinadas a atender situaciones de urgente y grave necesidad, excepcionales y previsiblemente irrepetibles, también llevaban paralizadas un par de meses. Nosotras, en Izquierda Unida, llevábamos años pidiendo a Aurelia Sánchez, Consejera de Bienestar Social, y al Presidente autonómico, García-Page, en la misma línea que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que se necesitaban al menos 63 millones de euros destinadas a rentas de reinserción para que Castilla-La Mancha no se quedase atrás.