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El pasado 29 de mayo fue aprobado por el Gobierno de la nación el Ingreso Mínimo Vital (IMV), refrendado días después por el Congreso de los Diputados. El IMV debe ser un instrumento que sirva para corregir las desigualdades que genera el sistema capitalista neoliberal en el que vivimos y responde a las demandas por las que hemos abogado muchos profesionales del Trabajo Social durante los últimos años.
El establecimiento de una red mínima de ingresos para las personas como derecho subjetivo es una necesidad evidente en España cuando más de 13 millones de personas se encuentra por debajo del umbral de pobreza y cuando la mayoría de los países de nuestro entorno cuentan con rentas mínimas similares.
Pero la aprobación de esta prestación, que además se gestionará desde un Sistema de Protección Social distinto al de los Servicios Sociales ha pillado a numerosos y numerosas trabajadores y trabajadoras sociales “con el pie cambiado”. ¿Por qué hago esta afirmación?
Seamos autocríticos: durante decenas de años, el Trabajo Social, al menos desde los servicios sociales de Atención Primaria ha visto diluido su objeto de intervención, para centrarse en el famoso binomio necesidad-recursos, pero mal entendiendo el recurso como prestaciones, ya sean en forma de servicios o de prestaciones económicas, olvidando que el principal recurso debe ser el propio profesional.
Además las prestaciones se acabaron convirtiendo en muchos casos en el objeto principal y finalista de nuestra actividad profesional, y no un medio para llegar al cambio, ya sea individual, familiar, grupal o colectivo.
Si con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital se eliminan las rentas mínimas autonómicas (IMS, RMI, RSG, Renta Mínima de Inserción, etc) y las ayudas de emergencia social y a esto se la añade que además se va a tramitar desde la Seguridad Social, ¿a qué nos vamos a dedicar ahora los trabajadores sociales de servicios sociales? La respuesta es bien sencilla: hacer Trabajo Social, ejercer el trabajo social que una vez aprendimos en la Facultad, alejado de ópticas neoliberales en las que acabamos siendo cómplices de un sistema que genera desigualdades y en la que nos acabamos convirtiendo en “parcheadores y cronificadores de esa desigualdad”.
El desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en los años 80 en todo el territorio del país, supuso un impulso indudable para nuestra profesión, a nivel cualitativo, pero sobre todo a nivel cuantitativo. La creación de puestos de trabajo para el Trabajo Social fue enorme, nos puso en el mapa, nos visibilizó como profesión lejos de la Asistencia Social heredada del franquismo. Pero esa excesiva identificación entre Trabajo Social con un Sistema nuevo de Protección Social, hiper burocratizado y lleno de condiciones para el acceso a los servicios y prestaciones, ha acabado diluyendo el verdadero objeto de nuestro trabajo. Existe Trabajo Social más allá de los servicios sociales.
Transcribiendo a mi querida profesora Maria José Aguilar: “El trabajo social es una respuesta al sufrimiento humano de diversos sectores de la sociedad, que ha terminado convirtiéndose en una profesión, una profesión de ayuda que se ha configurado como una disciplina con un fundamento o base científica, orientada a la acción y por tanto, de naturaleza tecnológica. Esta frase ilustra perfectamente lo que somos y de dónde venimos y porqué nacimos como profesión”.
Yo como trabajador social no quiero tener que controlar lo que una persona hace con sus ingresos, ni me formaron para ser policía o inspector de hacienda para controlar sus actos, sus ingresos, sus formas de buscarse la vida, si son en A o si son en B.
Me formé para motivar, escuchar, acompañar, orientar, reestructurar pautas de comportamiento, consensuar, compartir, acordar procesos, me formé para asir a la persona cuando está a punto de caer por culpa de un sistema económico y social que genera situaciones de desigualdad. No me formé para prescribir prestaciones, controlar, sancionar, proponer extinciones si no se cumplen condiciones, no me formé para ser a la vez juez y parte.
Es curioso que a los pobres, a los excluidos, a las personas más vulnerables, les exigimos los profesionales, las normativas y la propia sociedad, una serie de condiciones para “ser merecedores de unas mínimas condiciones de dignidad”. Les exigimos que busquen trabajo de forma activa, que sus hijos no lleguen tarde al colegio y que además vayan bien limpios y aseados, les exigimos que se apunten a todos los cursos de formación laboral que salgan en su pueblo, aunque sean infumables y que no se adapten a sus circunstancias….porque si no, no se le renueva el IMS o no se le concede la Ayuda de Emergencia Social o la RAI… ayudas que por otra parte en nuestra Comunidad Autónoma se ha comprobado ineficaces en la lucha contra la desigualdad.
El pobre tiene que demostrar que se merece esa ayuda, que se merece ser digno de ser perceptor de las ayudas públicas, y si la recibe es juzgado por la sociedad, esa que genera desigualdades. De ahí que aparezcan expresiones como “la paguita”…. Aquí es donde el Trabajo Social debe estar: concienciar, modificar estereotipos, luchar contra los bulos informativos, sensibilizar a la ciudadanía, apoyar a la persona en su proceso de ser persona, como diría Carl Rogers.
El Ingreso Mínimo Vital dará dignidad a las personas para que al menos no tengan que justificarse ante nadie. Son perceptores del IMV porque son eso, personas….reitero: personas sujetos de derechos.
Lo siento compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras sociales, pero tendremos que volver a nuestros orígenes, recomponernos, dejar de ser instrumentos de tramitación de prestaciones, para ser trabajadores sociales de verdad, volver a nuestras verdaderas vocaciones, volver a las trincheras del cambio social, salir del horario de atención al público y estar con los ciudadanos, en la calle, en sus casas, donde nos inviten a entrar y a estar: “Estar al lado de” y no “estar al servicio ni al instrumento de…”
Verdaderamente el Ingreso Mínimo Vital debe ser una oportunidad para el Trabajo Social, el Trabajo Social de verdad.
El pasado 29 de mayo fue aprobado por el Gobierno de la nación el Ingreso Mínimo Vital (IMV), refrendado días después por el Congreso de los Diputados. El IMV debe ser un instrumento que sirva para corregir las desigualdades que genera el sistema capitalista neoliberal en el que vivimos y responde a las demandas por las que hemos abogado muchos profesionales del Trabajo Social durante los últimos años.
El establecimiento de una red mínima de ingresos para las personas como derecho subjetivo es una necesidad evidente en España cuando más de 13 millones de personas se encuentra por debajo del umbral de pobreza y cuando la mayoría de los países de nuestro entorno cuentan con rentas mínimas similares.