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Nacho Hernando, entre la astracanada o morir de éxito

Emiliano García García

Expresidente de la Asociación de Vecinos 'El Tajo' de Toledo —

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Estaba pensando en escribir sobre el amianto aflorado nuevamente a la superficie por las lluvias en algunas zonas del Polígono, pero leo las declaraciones del consejero y me inclino por volver a escribir sobre la necesidad de vivienda de muchos vecinos en Toledo y también en nuestro barrio.

Conviene recordar que el artículo 47 de la Constitución Española declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. 

Sin embargo, el señor Nacho Hernando se apunta como un éxito el fracaso de no promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda. Cuando tiene en su mano, además, las herramientas necesarias para llevarlo a efecto. Y de paso deja otra frase de escándalo en unas declaraciones que realizó el pasado diez de octubre: “No estamos de acuerdo con quienes quieren poner topes a la propiedad privada, a quienes con su sudor y esfuerzo han conseguido tener dos viviendas”.

Al parecer el señor consejero está más preocupado y tiene como prioridad desarrollar la propiedad privada, por encima de que cada persona o unidad familiar tenga una vivienda como derecho básico constitucional. Pero es fácil demostrar que los fracasos, las dejaciones, la laxitud de las normas, no deberían estar para favorecer acumular dos viviendas públicas (no privadas), y que lo que llama éxito, reitero, es su gran fracaso. Teniendo en cuenta, además, que en el Polígono prácticamente el cien por cien de las viviendas son públicas.

Reconoce que en el barrio se pagan 800 o 900 euros de alquiler, y aun así no se encuentra vivienda. Ahora prolifera la modalidad también de meter tres o cuatro personas en una vivienda, a veces en condiciones bastante deplorables. Es seguro que quien gana con mucha suerte entre 1100 y 1400 euros (teniendo en cuenta que queda mucha gente también por debajo de estas cifras) estarán dando palmas con las orejas celebrando “el éxito” de tener que pagar estos alquileres o tener que vivir compartiendo piso por obligación.

Sin embargo, si esta situación se ha dado es porque la ha fomentado su Consejería. Tienen sobre su mesa cartas, comunicados, solicitudes desde hace seis años, pidiendo que saquen parcelas a concurso para realizar viviendas. Con caso omiso. Tienen sobre la mesa un concurso que deberían haber resuelto desde hace más de un año para realizar viviendas; tienen otras 86 viviendas casi acabadas y cerradas desde hace más de diez años; tienen solicitudes de empresas para desarrollar vivienda. Caso omiso. Desde luego desarrollar más vivienda no es la panacea, pero el señor consejero sabe o debería saber que cuando en el Polígono se sacaron sendos concursos de más de mil viviendas los precios de alquiler o compra se contuvieron. No se trata ahora de sacar 1000 viviendas, pero sí alguna parcela. Y después más según se vayan habitando las viviendas desarrolladas.

Y digo que esto es su fracaso porque todas las parcelas del barrio son propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se puede, por tanto, desarrollar bastante vivienda y más si tenemos en cuenta la fase sexta del barrio daría para dos mil viviendas… ¡Ah, pero ahí hay amianto! Pues sáquenlo que es lo que deben hacer. Y si lo entierran, precintado en un contenedor como mandan los protocolos. No me diga que cuesta mucho, porque si sacan a concurso esas parcelas con las dos mil viviendas proyectadas en esta fase del fallido Barrio avanzado, y según los precios de hace más de una década, ingresarían un mínimo de 43 millones de euros.

Dinamicen más la construcción en venta y alquiler porque eso podría conducir a rebajar el fracaso de los desorbitados alquileres actuales, pues los precios actuales son un rotundo fracaso y no un éxito.

En sus declaraciones también afirma usted que no quieren poner tope a la propiedad privada de quien tiene dos viviendas en el Polígono. Que están en contra de topes al alquiler del gobierno estatal. Bueno, no me sorprende. Últimamente hay mucha costumbre en el Gobierno regional de estar en contra de cualquier medida del gobierno estatal, pero lo de las dos viviendas públicas en el barrio del Polígono es otro gran fracaso de la política de vivienda regional.

Quien quiera comprar dos viviendas en promociones privadas nada que objetar, pero acumular dos viviendas de promoción pública cuando hay quien está pagando los actuales alquileres es un bárbaro fracaso y esto es posible porque nunca han querido sacar una normativa que impida vender viviendas por encima de su precio, evitar acumular más de una vivienda, o controlar los alquileres… Cuando saben muy bien que estas medidas se pueden llevar a cabo.

Quizá estas excesivas declaraciones sean debido a que todos los días hay que comunicar a la prensa una buena noticia, y cuando esto no es posible, las malas también se venden como éxitos. O quizá es que el señor consejero es muy dado a no ser precavido en sus declaraciones. Ya en su día cuando estaban limpiando una parcela de amianto y se sacaban grandes sacos declaró que estos eran de los que llenaban los vecinos por las noches.   

Señor Hernando, Toledo con el suelo del Polígono tiene muchas posibilidades de variar y suavizar los precios de la vivienda, pero también hay que intentar cambiar el rumbo de la línea política actual de vivienda. En su Consejería, además, sabe desde siempre que para eso encontrará aliados en este barrio.

Estaba pensando en escribir sobre el amianto aflorado nuevamente a la superficie por las lluvias en algunas zonas del Polígono, pero leo las declaraciones del consejero y me inclino por volver a escribir sobre la necesidad de vivienda de muchos vecinos en Toledo y también en nuestro barrio.

Conviene recordar que el artículo 47 de la Constitución Española declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.