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Vivimos en un carrusel de incertidumbre en el que se suceden con vértigo acontecimientos inesperados. Tras una pandemia durísima de más de dos años de duración, de la que ya empezamos a ver el final, la invasión rusa de Ucrania, la guerra en Europa, a las puertas de la Unión Europea (UE), ha vuelto a hacer saltar las alarmas de la democracia y de la estabilidad de todo el continente.
De nuevo, los seres humanos causamos un dolor inmenso, acabando de una forma incomprensible con la paz, generando muerte y sufrimientos a muchas personas, todas inocentes, con las que debemos mantener la solidaridad y la ayuda desde los países mas desarrollados.
Más allá de la guerra, están las consecuencias de la misma en la economía. Después de casi dos años de constricción económica, en el ultimo tercio del año pasado se aprecia un vigoroso crecimiento de la economía basado sobre todo en el aumento de la demanda. Y, desde entonces, vivimos un incremento vertiginoso de los precios de los medios de producción, las materias primas, la energía o los combustibles. La guerra ha venido a complicar más todavía esta situación, principalmente debido a la dependencia europea de Ucrania en materias primas esenciales como los cereales o el girasol, y de Rusia, en el suministro de gas. Así, han aumentado los precios hasta niveles casi olvidados, encareciéndose, además de la producción, también de manera muy significativa, el consumo.
Precisamente, para mejorar la situación de los productores de alimentos, los agricultores y ganaderos, y de forma indirecta, controlar la inflación alimentaria, la UE adoptó este pasado mes de marzo decisiones contundentes. Una vez más, la PAC muestra su resiliencia.
Así, además de aprobarse el incremento del 50 hasta el 70% de los pagos que se pueden anticipar a los agricultores y ganaderos a partir del 16 de octubre próximo, la Comisión Europea ha aprobado destinar 500 millones de euros, una parte de los mismos de la reserva de crisis de la PAC y otra de partidas presupuestarias ajenas a la agricultura, para dar ayudas directas a los sectores más afectados por la situación actual.
Los Estados Miembros (EEMM) pueden, además, multiplicar la cuantía que les corresponda, por tres, con fondos nacionales. España recibirá 64,5 millones de euros, con lo que la ayuda directa alcanzará los 193,5 millones de euros, gracias al compromiso del Gobierno de España. El destino de los fondos en nuestro país se decidirá en los próximos días entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas (CCAA), pero es seguro que una porción muy relevante de los mismos se destinarán al sector ganadero en su conjunto.
Además, la Comisión Europea ha autorizado excepcionalmente a los EEMM a conceder ayudas bajo el régimen de ayudas de Estado con sus propios fondos. Aquí también el Gobierno de España ha sido rápido y ha comprometido 169 millones de euros para el sector lácteo: de vaca, oveja y cabra, que se pagará antes del 30 de septiembre.
Entre las dos ayudas, en España se pondrán a disposición del sector, 362,5 millones de euros adicionales a la PAC, la apuesta más grande de fondos nacionales para el sector agrario desde que nuestro país entró en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986.
Finalmente, se ha permitido la siembra excepcional en esta campaña de los barbechos obligatorios para poder cobrar las ayudas de la PAC un año normal. Esta medida responde directamente a la necesidad de incrementar las materias primas europeas en un momento en el que el suministro de algunas como cereales, soja o torta de girasol se ve comprometido por el aumento de la demanda a nivel mundial y la guerra de Ucrania.
Solo en Castilla-La Mancha, la región con más superficie agrícola útil (SAU) hay unas 600.000 hectáreas de barbecho que podrían sembrarse potencialmente de girasol este mes de abril, multiplicando por cuatro la producción actual que es de 120.000 toneladas de pipa de girasol por campaña.
Más allá de la decisión coyuntural y de la oportunidad para los agricultores que quieran aumentar los ingresos y la rentabilidad de sus explotaciones en este año complicado, es necesario reflexionar sobre la conveniencia de que la UE aumente la producción de algunas materias primas fundamentales para la alimentación animal y humana, reduciendo la dependencia exterior. Así, podría ser útil, si persiste la situación actual, permitir la siembra de los barbechos también en la próxima campaña, pudiendo aumentar la superficie y la producción de cereales de invierno.
Esto no quiere decir que la reforma de la PAC, recientemente adoptada para 2023-2027 tenga que cambiar sustancialmente o perder su ambición ambiental. Al contrario, debe mantenerla porque es muy importante no solo que la agricultura y la ganadería ayuden a preservar o mejorar el medio ambiente, si no que también es necesario convencer a los ciudadanos europeos de la rentabilidad social de una política como la PAC, y el medio ambiente es una buena formula para lograrlo.
En todo caso, hay algunos ajustes que se pueden considerar para reducir nuestra dependencia exterior. Esto también serviría para defender mejor nuestro modelo de producción sostenible, la reducción de insumos, el bienestar animal o el respeto a los derechos laborales, que son nuestra forma de entender la agricultura y la ganadería europeas, responsables de la mayor seguridad alimentaria del mundo.
Esa es la PAC, también en tiempos de guerra.
Vivimos en un carrusel de incertidumbre en el que se suceden con vértigo acontecimientos inesperados. Tras una pandemia durísima de más de dos años de duración, de la que ya empezamos a ver el final, la invasión rusa de Ucrania, la guerra en Europa, a las puertas de la Unión Europea (UE), ha vuelto a hacer saltar las alarmas de la democracia y de la estabilidad de todo el continente.
De nuevo, los seres humanos causamos un dolor inmenso, acabando de una forma incomprensible con la paz, generando muerte y sufrimientos a muchas personas, todas inocentes, con las que debemos mantener la solidaridad y la ayuda desde los países mas desarrollados.