Más participación ciudadana en las Residencias de Mayores

La crisis del modelo de centros residenciales para personas mayores que ha estallado a raíz del impacto del COVID-19 está haciendo aflorar una serie de propuestas para su mejora, e incluso de modelos alternativos. Medidas como el redimensionamiento de las residencias, para que no vivan tantas personas juntas -con estimaciones de 60 como máximo-, y para adaptar los espacios a unidades convivenciales de no más de doce residentes y con más habitaciones individuales. Otras medidas claman por una mejora de los ratios de personal y de la coordinación con los servicios de atención primaria de salud.

Pero la reformulación del modelo residencial debería tomarse en serio la adopción de medidas que otorguen una mayor capacidad de control y participación a la ciudadanía, sobre todo por parte de las personas residentes y de sus familiares. En este sentido, propongo al menos dos líneas de actuación: establecer órganos de representación en cada centro residencial, con la participación de representantes de usuarios y de familiares, y por otra parte, publicar las actas de inspección que periódicamente deben realizar los órganos competentes de las comunidades autónomas.

Existe un mantra actual por el que las empresas y profesionales que gestionan residencias se preocupan por desmarcarse del modelo asilar y poner el foco en la atención centrada en la persona. Las web y los congresos del sector insisten en estos términos. No queda tan claro que  los ciudadanos compartan esa visión sin reparos. Detrás de muchas residencias hay propietarios públicos y privados sensibles y generosos, pero también hay fondos de inversión insensibles a los derechos humanos y responsables políticos negligentes. Al frente hay personas en la dirección cualificadas y éticamente íntegras, aunque no siempre. Pero el empoderamiento de las personas mayores que tanto se predica deja al individuo solo frente a la institución.

El origen de la palabra empoderamiento radica en el acceso al control de los recursos materiales que permiten incrementar la puesta en práctica de las capacidades políticas, sociales y económicas de un grupo de población desfavorecido o vulnerable. El empoderamiento no lo puede hacer solo un individuo, sino que es una actividad llevada a cabo por un conjunto de personas que se encuentran en la misma situación, que se apoyan y refuerzan mutuamente. Pero en una residencia viven muchas personas con deterioro cognitivo o graves limitaciones sensoriales, cada vez son más las dependientes en Grado III. Los familiares siguen actuando en estas situaciones como cuidadores y en la toma de decisiones. Por eso es necesario que tengan derecho a estar presentes en la gestión de las residencias junto con representantes de las personas usuarias. Y esa presencia debe regularse normativamente, arbitrando órganos de representación, comisiones de trabajo y asambleas.

Para garantizar una participación democrática y eficaz es necesario disponer de información. Y para que la información fluya hace falta aplicar transparencia. Las actas que levanta periódicamente el funcionariado que inspecciona las residencias deben estar disponibles en la recepción y a través de acceso digital, al menos para los residentes y sus familiares. El conocimiento de las recomendaciones de mejora o de los incumplimientos de las normas que detectan los servicios de inspección tiene que ser fácilmente accesible para las personas interesadas.

Si no se introducen medidas que potencien la participación colectiva de los residentes y sus familiares como actores con peso específico en las Residencias de personas mayores, por muchas denominaciones de nuevo cuño que introduzcamos para modernizarlas, no dejarán de ser asilos. Con una pátina de cientifismo, o incluso con glamour, pero asilos al fin y al cabo.

La crisis del modelo de centros residenciales para personas mayores que ha estallado a raíz del impacto del COVID-19 está haciendo aflorar una serie de propuestas para su mejora, e incluso de modelos alternativos. Medidas como el redimensionamiento de las residencias, para que no vivan tantas personas juntas -con estimaciones de 60 como máximo-, y para adaptar los espacios a unidades convivenciales de no más de doce residentes y con más habitaciones individuales. Otras medidas claman por una mejora de los ratios de personal y de la coordinación con los servicios de atención primaria de salud.

Pero la reformulación del modelo residencial debería tomarse en serio la adopción de medidas que otorguen una mayor capacidad de control y participación a la ciudadanía, sobre todo por parte de las personas residentes y de sus familiares. En este sentido, propongo al menos dos líneas de actuación: establecer órganos de representación en cada centro residencial, con la participación de representantes de usuarios y de familiares, y por otra parte, publicar las actas de inspección que periódicamente deben realizar los órganos competentes de las comunidades autónomas.