Presidente García-Page, defienda a las bibliotecas públicas

El presidente García-Page ha dicho en un desayuno informativo que ha mantenido en Madrid que “en la próxima Conferencia de Presidentes, que tiene previsto celebrarse en enero de 2017, vamos a establecer mínimos de financiación que tienen que ver con las necesidades y los derechos básicos de los ciudadanos, aquellos que estamos dispuestos a reconocerles también a aquellos ciudadanos que vengan a vivir a España.”

Esto es esencial en un Estado con estructura autonómica: la igualdad de los ciudadanos en el acceso a servicios públicos, con independencia de la región o de la localidad donde residan. Vengo manteniendo esta tesis desde hace décadas: no puede haber desigualdad entre los ciudadanos y he escrito numerosos artículos en esa línea, especialmente referidos al ámbito de las bibliotecas públicas. Me reitero defensor del Estado de las Autonomías diseñado por la Constitución de 1978, pero es preciso incidir en los criterios de igualdad que la Carta Magna establece.

No es nuevo que la cultura no es una prioridad política. Ningún partido, ningún gobierno abandera una política cultural. En el propio acto al que me refiero, y al que fui invitado, faltaban los creadores y representantes del mundo de la cultura. La propia nota informativa del gobierno regional expresa que “han asistido más de trescientos invitados, representantes de asociaciones empresariales, dirigentes sindicales de Castilla-La Mancha y responsables del mundo de la banca y la empresa”. Algunos medios de comunicación limitan la participación en el acto a los sectores de la vida política y medios de comunicación. Quiero expresar, pues, mi agradecimiento por la consideración que se hace a la Biblioteca de Castilla-La Mancha de estar presente en un acto de tanta importancia mediática.

Pero volviendo a la intervención del presidente García-Page, expresó la certeza de que de que “sea el Estado quien establezca el criterio de trato igualitario” en servicios esenciales como la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, acordándose cómo deben prestarse esos servicios y la financiación que para ello precisan las Administraciones Autonómicas. Esto es lo que vengo manteniendo para un servicio público que es absolutamente fundamental para la sociedad: la biblioteca pública, puerta democrática de acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Las bibliotecas son lugares para la libertad, el encuentro, el debate, la convivencia ciudadana, la solidaridad, la cultura, la información, la educación permanente y la creatividad. Los libros y las tecnologías de la información, con la complicidad de la sociedad, se unen para que las bibliotecas sean “laboratorios de la ciudad soñada” (José Antonio Marina).

Los ciudadanos son su mayor fortaleza: en 2014 eran socios de una biblioteca pública en España 16.080.515 personas, el 34,49 % de los españoles. A pesar de los recortes presupuestarios y de personal, desde 2010 ha crecido este indicador en casi un 6%, que muestra la necesidad de este servicio público que es esencial y además gratuito para los ciudadanos, porque se financia con los impuestos de todos. Las bibliotecas españolas recibieron ese año un total de 109.061.703 visitantes. Al contrario de lo que sucede con nuestra visita a un hospital o un centro de educación obligatoria, vamos libremente. Por ello estas cifras son realmente espectaculares.

Pero a pesar de los indudables avances experimentados en España, las bibliotecas españolas no acaban de ser considerados servicios esenciales y necesarios para todos los ciudadanos. Si la lectura no es lujo y sí una necesidad de la población, las bibliotecas constituyen el marco democrático que ofrece sus servicios a todo tipo de personas y colectivos, sin barreras de ningún tipo. Desde los inicios de los años ochenta del siglo XX clamé por una Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirviese de marco para el desarrollo de los servicios públicos de lectura e información en todo el país. Cuando, por fin, se planteó esa Ley estatal, mostré una esperanza que luego derivaría en frustración: se aprobó la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, pero no resolvió los problemas prácticos que nos preocupaban a los que habíamos clamado por esa Ley. Es una norma que señala vías de cooperación, a través fundamentalmente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, pero no aborda la imprescindible y obligada coordinación en la que debieran trabajar los sistemas bibliotecarios de nuestro país. Es una Ley que recogió principios pero no concretó estándares de servicio público ni responsabilidades de financiación. Fue una oportunidad perdida. Lo que ahora dice el presidente regional: a un máximo de cuánto tiempo del lugar de residencia tiene que haber un hospital, qué institutos o centros de salud tiene que haber en las poblaciones…

Una década después de promulgarse esa ley, no sólo no ha mejorado la situación sino que la crisis económica ha motivado una parálisis de muchas bibliotecas y un importante descenso presupuestario que no tiene parangón con el que han tenido otros ámbitos de los servicios públicos. A las desigualdades padecidas por los ciudadanos por razón de su localidad o región de residencia, se han sumado el cierre de algunas bibliotecas, la falta de presupuestos para adquisiciones de libros y audiovisuales en las bibliotecas, la paralización de las inversiones y la preocupante situación de buena parte de los profesionales, especialmente en bibliotecas de municipios pequeños. No se ha resuelto tampoco el problema histórico de los ciudadanos que carecen de servicios bibliotecarios por vivir en localidades menores de 5.000 habitantes, aunque en regiones como Castilla-La Mancha se trabajó con la idea de universalizar este servicio a todos los habitantes en la línea de que dispongan de biblioteca pública todos los pueblos mayores de 1.000 habitantes dispuestos a financiar ese servicio.

España ofrece un dato realmente preocupante: en 2014, un total de 2.995 municipios españoles carecen de cualquier tipo de acceso a servicios de biblioteca pública, que supone sólo un 3,22% de la población pero que corresponde al 37% de los municipios españoles. Es decir, que apenas el 63% de los municipios de nuestro país cuenta con un algún servicio de biblioteca pública. Aunque los españoles no pueden sufrir discriminación en razón de su residencia, no hay un plan nacional para ofrecer servicios bibliotecarios a los municipios pequeños. La alternativa son los bibliobuses, pero no todas las regiones están dispuestos a asumir un servicio pensado para esas localidades que no pueden disponen de biblioteca fija. Podemos afirmar que a los españoles de los pequeños municipios se les niega el derecho a leer y a la información.

Y no podemos olvidar que aunque se considere que una ciudad tiene cubierto el servicio porque exista una biblioteca para 50.000, 70.000 o incluso más habitantes, no podemos aceptar esta hipocresía estadística. Nadie acepta que una localidad de esa población disponga sólo de un único Instituto de Bachillerato, un único Centro de Salud…cosa que en bibliotecas es bastante corriente. Estas localidades deben tener una verdadera Red de Lectura Pública que atienda a los ciudadanos de los distintos barrios, con horarios amplios y una plantilla suficiente y adecuada de profesionales, y muchas veces cuentan sólo con una biblioteca. Al faltar las obligaciones legales precisas, encontramos ciudades con planes modélicos de desarrollo del servicio de biblioteca pública junto a casos verdaderamente dramáticos en bastantes ciudades españolas.

Los indicadores estadísticos expresan perfectamente la desigualdad: colecciones, número de habitantes por biblioteca, puestos de lectura, actividades culturales, gasto por habitante, inversiones realizadas…Las comunidades autónomas y los municipios son un mosaico de desigualdades que afectan a los ciudadanos, porque tanto la legislación nacional como la autonómica no concluyen con las obligaciones a cumplir por este servicio público. Es cierto que, junto a los presupuestos, el mayor factor de éxito y dinamismo de una biblioteca lo consiguen los profesionales. Y sorprende la capacidad de los bibliotecarios de tantas pequeñas bibliotecas que con su dedicación, imaginación y complicidad con la sociedad consiguen que esos centros sean verdaderamente ejemplares.

Sin duda ha habido regiones que han sido más democratizadoras de este derecho y situaron en 2.000 e incluso en 1.000 habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública. Leyes autonómicas más avanzadas, planes bibliotecarios más progresistas y programas regionales de apoyo financiero o técnico para el desarrollo de bibliotecas públicas municipales, han sido los factores diferenciadores que han articulado un mapa bibliotecario muy desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y otros.

No es momento de citar datos. En realidad la gravedad de la situación procede de la falta de una política de Estado en materia de bibliotecas públicas. De momento las bibliotecas no están en las agendas públicas, pero el problema compete conjuntamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a las Comunidades Autónomas y a las Administraciones Locales. La biblioteca pública es un derecho de todos los ciudadanos, y al Estado corresponde abordar un plan coordinado que garantice este derecho al conjunto de la población española.

En algunas intervenciones públicas he escuchado a Emiliano García-Page elogiar la cultura y la necesidad de invertir en cultura. Y yo le animo a ello, especialmente en un ámbito que construye personas: las bibliotecas públicas. En 2008 escribí un artículo que publicaron numerosos medios de comunicación de la región y que concluía con estas palabras: “Confiamos en nuestro presidente para conseguir que Castilla-La Mancha vuelva a tener el liderazgo ideológico en materia de bibliotecas públicas en nuestro país y le hacemos un ruego: presidente Barreda: ¡Invierta en bibliotecas!” .

Ahora expreso esta petición al actual presidente de Castilla-La Mancha: presidente García-Page, ¡apoye a las bibliotecas; defienda a las bibliotecas, intente conseguir articular una política de Estado en materia de bibliotecas públicas! Los españoles se lo agradeceremos.

El presidente García-Page ha dicho en un desayuno informativo que ha mantenido en Madrid que “en la próxima Conferencia de Presidentes, que tiene previsto celebrarse en enero de 2017, vamos a establecer mínimos de financiación que tienen que ver con las necesidades y los derechos básicos de los ciudadanos, aquellos que estamos dispuestos a reconocerles también a aquellos ciudadanos que vengan a vivir a España.”

Esto es esencial en un Estado con estructura autonómica: la igualdad de los ciudadanos en el acceso a servicios públicos, con independencia de la región o de la localidad donde residan. Vengo manteniendo esta tesis desde hace décadas: no puede haber desigualdad entre los ciudadanos y he escrito numerosos artículos en esa línea, especialmente referidos al ámbito de las bibliotecas públicas. Me reitero defensor del Estado de las Autonomías diseñado por la Constitución de 1978, pero es preciso incidir en los criterios de igualdad que la Carta Magna establece.