Por qué NO a las reválidas

El pasado 30 de julio apareció publicado en el BOE el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. Mucho se ha escrito en los últimos meses sobre estas pruebas, conocidas como reválidas, que la LOMCE ha recuperado y que yacían en el imaginario de nuestros conciudadanos no tan jóvenes.

La polémica y el malestar general han ido 'in crescendo' a medida que la determinación unilateral delGobierno del PP chocaba contra la totalidad del arco parlamentario; posicionaba a gran parte de la comunidad educativa en contra y, finalmente, movilizaba al alumnado en una jornada de huelga de gran repercusión el pasado 26 de octubre y se convocaba otra para el 24 de noviembre. 

Durante todo este tiempo, la crítica vertida contra la reválida se puede sistematizar en torno a varios ejes.

Primero, en relación al alumnado. La reválida degradará la valía del trabajo del alumnado, ya que todo lo superado año a año, materia a materia o unidad a unidad no tendrá valor alguno; solo la superación de la prueba final tendrá efectos académicos. Este hecho generará un alto grado de estrés en el día a día del alumnado, una presión nociva e innecesaria. Etimológicamente, re-validar es volver a validar lo ya validado.

Segundo, en relación a la evaluación. La reválida destruirá el valor de la evaluación continua. Los progresos realizados por un alumnado que parte desde contextos bien diferentes no serán valorados en su justa medida si deben superar una prueba estándar con un nivel determinado de manera externa al proceso de aprendizaje. Se dará la paradoja de que alumnos con necesidades educativas, o inmersos en contextos socioeconómicos desfavorables, que hayan realizado un trabajo considerable, esfuerzos ímprobos y grandes avances no puedan superar la reválida.

Tercero, en relación al profesorado. Resulta cuanto menos paradójico que la aplicación de la LOMCE -con un desarrollo legislativo que desdibuja la figura del docente y la reduce a la de mero técnico evaluador, sumergido en un océano de centenares y centenares de estándares de evaluación- instale una desconfianza permanente y un cuestionamiento sistemático del trabajo de estos profesionales, labor fiscalizada con estas pruebas. Asistimos, pues, a un paso más en la campaña de acoso y derribo y de deslegitimación del profesorado iniciada, casualmente, justo antes de los grandes recortes educativos efectuados por el PP.

Cuarto, en relación a la didáctica. La reválida forzará un cambio del enfoque metodológico del profesorado. Así, muchos docentes se verán abocados a renunciar a enseñar y deberán optar por preparar al alumnado para superar la prueba -los docentes que imparten clase en segundo de bachillerato conocen y sufren esta terrible disyuntiva cada año-. El resultado no es cuestión baladí; todo lo contrario, implica una degradación de los contenidos trabajados en clase, abordados en un nivel muy superficial, ya que no se podrá profundizar en los mismos ni ampliar aquellos otros que despierten la curiosidad del alumnado.

Una vez expuesta esta crítica, es inevitable hacer la siguiente reflexión: si las reválidas no aportan ninguna mejora al sistema educativo ¿por qué ese empeño en imponerlas sí o sí?

La LOMCE en su contexto 

A pesar del despliegue de todo este argumentario, desde el Área de Educación de Podemos Castilla-La Mancha consideramos que las críticas a la reválidas se han centrado en las consecuencias de su aplicación, en lo que puede llegar a suceder pero que todavía no ha ocurrido. En cambio, han pasado casi de puntillas por lo que sí está sucediendo a día de hoy y estamos sufriendo en el ámbito educativo. Es ahí donde se ha profundizado poco, es ahí donde queremos focalizar la crítica a la reválida, en su auténtica concepción, naturaleza y razón de ser.

Es necesario comenzar recordando que la LOMCE es la materialización legislativa de un modelo ideológico neoliberal y conservador que responde a unos intereses y persigue unas metas. En este modelo se insertan dos procesos que se ciernen sobre el sistema educativo a día de hoy: por un lado, la mercantilización de la educación; por otro, la privatización encubierta del sistema educativo público. Este doble proceso no es un fenómeno nacional, trasciende nuestras fronteras, responde a un proyecto ideológico que viene materializándose desde los años ochenta y persigue un objetivo: el debilitamiento de lo público y la laminación del estado del bienestar, o lo que es lo mismo, transformar los sectores públicos tradicionales en nuevos nichos de mercado de los cuales las oligarquías puedan extraer beneficios económicos.

Pues bien, en esta dinámica nos hallamos y es precisamente dentro de esta inercia donde las diferentes piezas del sistema educativo han de ser contextualizadas para entender su verdadera naturaleza y razón de ser.

Empecemos. En primer lugar, quizás sea necesario modificar el enfoque con el que explicamos la crisis económica [el tablero] que sufrimos y no concebirla como una anomalía del sistema o una coyuntura pasajera, sino como una nueva estructura sistémica que llega para quedarse. Esta crisis ha traído consigo unos recortes económicos [una pieza] en educación que están provocando una degradación de la red educativa pública sin precedentes, merma presupuestaria inevitable según el discurso predominante. Dentro de esta situación de asfixia permanente, el distrito único [otra pieza] aporta una teórica -y falaz al mismo tiempo- capacidad de elección a las familias y se presenta como vía de escape ante esta flagrante situación; además, desempeña un papel muy importante, ya que permite el trasvase de alumnado de centros públicos a centros privados concertados –lo que a su vez implica una degradación del alumnado desde la categoría de ciudadanos que disfrutan de un derecho constitucional a la de meros clientes que consumen un producto de empresas educativas-.

“El gran supermercado educativo”

Finalmente llegamos a la reválida [otra pieza], concebida como instrumento clave para clasificar al alumnado y a los centros educativos, estableciendo rankings que difunden los resultados obtenidos. De esta manera se configura una especie de gran supermercado educativo con centros privados, centros privados concertados, centros públicos de primera, centros públicos de segunda…

Este último punto, la publicación de los resultados de la reválida, ha generado mucha controversia. Los medios han seguido esta polémica y se han hecho eco de las filtraciones o declaraciones del ministerio al respecto. Públicos o no públicos los resultados, el Real Decreto 310/2016 establece en el artículo 11 de su Capítulo I lo siguiente: “Las Administraciones educativas pondrán en conocimiento de la comunidad educativa los resultados de las evaluaciones finales que realicen en su ámbito de gestión…”. Como se puede leer, el texto presenta una plasticidad y es lo suficientemente ambiguo como para esperar cualquier opción. Un matiz antes de seguir: la reválida y el distrito único se retroalimentan y deben ir de la mano, ya que la primera sin la segunda hace que el modelo mercantilizador descrito pierda fuerza, y esto podría responder a la pregunta que exponíamos más arriba, el empeño del gobierno del PP en imponer la reválida sí o sí. Responde a una lógica interna de consolidación de un modelo abanderado por el Partido Popular.

Para terminar, se puede observar que las piezas del tablero educativo encajan perfectamente y responden a una lógica imperante, un modelo claro con un trasfondo ideológico neoliberal y conservador. Las espadas, pues, siguen en alto. Solo queda esperar y analizar cómo encajan las novedades que vayan llegando en esta realidad.

En definitiva, consideramos que la mayor amenaza que pende sobre el sistema educativo público es este doble proceso de mercantilización y de privatización encubierta, por lo que el rechazo de la reválida no debe concebirse como una pugna por evitar un examen, sino como una lucha por un modelo educativo democrático y universal y unas instituciones educativas al servicio de la ciudadanía. En Podemos-CLM nos reafirmamos en nuestra posición de garantes y defensores de este modelo. Sin embargo, y aunque cueste reconocerlo, los defensores de lo público vamos perdiendo esta lucha de manera indiscutible. Tomemos nota.

El pasado 30 de julio apareció publicado en el BOE el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. Mucho se ha escrito en los últimos meses sobre estas pruebas, conocidas como reválidas, que la LOMCE ha recuperado y que yacían en el imaginario de nuestros conciudadanos no tan jóvenes.

La polémica y el malestar general han ido 'in crescendo' a medida que la determinación unilateral delGobierno del PP chocaba contra la totalidad del arco parlamentario; posicionaba a gran parte de la comunidad educativa en contra y, finalmente, movilizaba al alumnado en una jornada de huelga de gran repercusión el pasado 26 de octubre y se convocaba otra para el 24 de noviembre.