Los riesgos de externalizar la gestión cultural o el suspenso de la memoria

Aprovechando la celebración del aniversario de la proclamación de la II República española publicamos en estas líneas un artículo en el 2022 titulado: “La memoria ha de ser de todos”, con motivo del desarrollo del Decreto del Gobierno Regional de 19 de octubre de 2021 por el que se creó y reguló la composición y el funcionamiento del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, adscrito a la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hoy celebramos el primer aniversario de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática que quería dar un paso más en esta materia.

Los objetivos del plan cuatrienal del Consejo era la “localización, exhumación e identificación de víctimas; divulgación de trabajos y resultados de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición; favorecer el enterramiento regular de las víctimas halladas o, en su lugar, dignificar los lugares de enterramientos irregulares conforme a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Es decir, se centraba en los trabajos de localización, exhumación y dignificación de las víctimas de la represión, reservando la parte más académica a las universidades de la región, UCLM y Universidad de Alcalá de Henares.

Hoy podemos señalar que la cesión a la Universidad de Castilla-La Mancha de la gestión de los trabajos de investigación y memoria democrática ha sido un fracaso. Se ha limitado a recopilar lo que, en relación al asunto, se había hecho en la región – desarrollando únicamente la plasmación del 'Mapa Regional de fosas' en la página web creada al efecto. 

Por lo que nos consta, desde hace meses tiene paralizadas sus actividades, no sabemos si por falta de financiación de la Junta de Comunidades o porque no ha querido beneficiarse de las convocatorias anuales que por la implementación de la Ley de Memoria Democrática se convocan anualmente. Tampoco la Universidad de Castilla-La Mancha ha buscado otras fuentes de financiación para mantener el pulso investigador y académico. Es más, seguimos trabajando en descoordinación, ya que la Universidad de Alcalá de Henares -la otra universidad de la región, junto con la UNED-, protagoniza las jornadas que sobre Memoria Democrática convoca el Archivo Histórico provincial de Guadalajara. 

No se ha ido más allá. No se ha dinamizado o coordinado los distintos agentes que trabajan sobre la memoria democrática, no se ha generalizado la implementación de buenas prácticas que dentro o fuera de ella se han realizado al respecto. Y lo que es peor, no ha funcionado tal y cómo preveía el decreto de creación del Consejo, sin hacer apenas dos reuniones -incluida la de constitución-, elaborar planes o publicar memorias anuales.

¿Han dicho algo los miembros del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha al respecto? Nos tememos que al ser un órgano colegiado creado por la Administración regional tiene muy limitada la capacidad de autonomía y de iniciativas que exijan al gobierno regional las medidas necesarias para hacer cumplir sus funciones.

¿Se ha denunciado la falta de cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática? Creemos que no, ya que nombres de municipios y centros públicos siguen ostentando nombres de protagonistas del golpe de Estado de 1936 o de la dictadura. Monumentos, inscripciones y símbolos siguen campando en calles y plazas de la Región. No se ha creado protocolos de actuación, ni el Consejo se ha utilizado para ello.

¿Se han aplicado la anulación de condenas desde los órganos jurídicos regionales -sean civiles o militares-, a aquellas personas que se destacaron en la lucha por las libertades? ¿Se han creado bancos de datos sobre niños y niñas robados? ¿Se han realizado inventario de los bienes incautados arbitrariamente durante la dictadura?

Por otra parte, no hemos de esperar que la oposición política en las Cortes regionales realice nada al respecto, puesto que ni el Partido Popular ni Vox han condenado las atrocidades realizadas por el bando vencedor de la Guerra Civil. Tampoco los vocales en el Consejo nombrados por diputaciones -ahora en manos del PP y Vox- han exigido nada.

¿A qué espera pues el Gobierno regional? ¿Qué piensan de esta falta de actuación las asociaciones, foros y fundaciones memorialistas? No sabemos -no nos consta- si los vocales no institucionales representados en el consejo -el Foro por la Memoria de Guadalajara, La Gavilla Verde y la Asociación por la Memoria Histórica de Manzanares-, hay realizado un balance de este primer año de funcionamiento del mismo. La labor de las asociaciones que promueven la verdad, la justicia y la reparación de la memoria democrática deberían ir más allá de las acciones locales o puntuales en el tratamiento de los desaparecidos o enterrados en fosas comunes y lograr una gestión integral de todas las aristas que presenta la triste herencia de la Guerra Civil y la dictadura.

Únicamente se va a iniciar la digitalización de imágenes de los fondos de los Archivos Históricos provinciales sobre Memoria Histórica y Democrática por iniciativa de la Junta de Comunidades. Pero, la “Memoria” de nuestra región no sólo se encuentra en las dependencias bajo titularidad del Gobierno regional. La mayoría está depositada en fondos que se encuentran en archivos foráneos y en fondos documentales de organismos militares y cuyo acceso se debería facilitar a familiares, asociaciones memorialistas e investigadores.

Externalizar las políticas que deberían desarrollar los organismos públicos, laminar su capacidad de tomar iniciativas mediante la falta de financiación, apenas convocar y ser ágiles en sus reuniones o de neutralizar sus decisiones mediante el agotamiento administrativo tiene un coste que no nos podemos permitir ya que el precio es el olvido y la posibilidad de volvamos a repetir errores del pasado, algo tan real y posible como fue aquello que, desgraciadamente sufrieron nuestros mayores y cuyas secuelas aún perduran.