Sistemas electorales a medida

Sin embargo, con lo que me siento verdaderamente preocupado es con la reforma que el PP pretende hacer respecto de los ayuntamientos: que gobierne la lista más votada. Y digo que me preocupa porque estamos ante un cambio verdaderamente significativo en lo que concierne a las reglas más básicas de la representación del poder popular, de la transmutación de la soberanía en poder político a través de la gestión democrática de la cesión que cada ciudadano/a hace de su libertad. Es decir, cambiar las leyes laborales, castrar el sistema de bienestar, cargarse la educación pública y olvidarse de la investigación y la cultura es algo gravísimo, pero tocar el reglamento de juego electoral por el que nos hemos estado rigiendo desde la transición me parece de UVI, es jugar con las cosas de comer, tanto más cuando se hace por necesidades espurias del partido en el poder.

No soy de los que consideran que existen esencias sacrosantas intocables que mejor no menear, como la constitución o ciertas leyes. Es cierto que al Estado y sus cosas hay que dotarlos de mecanismos que los protejan y le den estabilidad, pero pasado un número determinado de generaciones, pasado el tiempo, lo lógico es, al menos, hacer un análisis critico y ver que piezas inamovibles del sistema han de seguir siéndolo, cuales necesitan recambio y cuantas hay que requieran de una simple reparación. Puede ser que el sistema electoral sea una de esas piezas, yo no digo que no, pero lo que me llena de estupor es la forma y el fondo que el PP utiliza para determinar que es necesaria una reforma “ipso facto”, ahora, ya.

Hasta el momento los partidos en el poder regional, buscando su beneficio electoral, han implementado pequeños cambios a la hora de poner un diputado más de tal provincia y restarlo en aquella. Se acogían a razones poblacionales más o menos justificadas y para las siguientes elecciones se apresuran a cambiar los cambios si los sociólogos activan las alarmas. Pero tales argucias son niñerías comparado con lo que se avecina y con lo que ya se está ejecutando. Recordemos que en Castilla-La Mancha se ha reformado el estatuto para que haya menos diputados, lo cual sólo puede beneficiar a los partidos mayoritarios. La Comunidad de Madrid quiere ir por el mismo camino, pero mas allá, adentrándose en la jungla inconstitucional de los sistemas mayoritarios. Y para coronar la guinda, el ministro Soria ya aventuró que él extendería la reforma que se pretende en los ayuntamientos también a las comunidades autónomas.

IU y UPD, a diferencia del PP o del PSOE llevan un montón de tiempo pidiendo cambios en el sistema electoral que reconozcan su potencia electoral en el ámbito estatal frente a la sangría que se produce a raíz de que la circunscripción sea provincial. Sin embargo nadie en el poder, nadie que ha vivido bien con el sistema (es decir, PP, PSOE y los partidos nacionalistas) se ha planteado jamás tocar lo “gordo” del mismo porque se diseñó precisamente para beneficiarlos a ellos, a los actores principales de un bipartidismo imperfecto lleno de ventajas. Y la excusa para no cambiar el sistema es precisamente que el sistema es una de las esencias de nuestra democracia, las reglas de juego eternas e intocables, aquello sagrado que no puede andar meneándose alegremente por el capricho oportunista de nadie. ¡Ole! Y ahora el PP, con su mayoría absoluta, ante un panorama electoral desértico de cara a las municipales y regionales del año que viene y con intrusos políticos que saltan a la arena con nuevas propuestas, nuevos modelos y nuevas formas, se envuelve en la túnica de la “regeneración democrática” y a golpe de mayoría absoluta intenta cambiar en el parlamento el reglamento de juego -la esencia inviolable que sólo pueden violar los del PP- tratando de evitar que el pueblo los cambie a ellos en las urnas y por la fuerza de los votos.

En mi modesta opinión no se debería tomar a pitorreo algo tan serio. Los sistemas y procedimientos electorales han de ser sagrados, pero de verdad. Nadie debería tener el poder de cambiar algo tan esencial sin consultar a los ciudadanos/as y sin un consenso entre los partidos. No puedo comprender por qué un presidente/a de la región puede reducir o aumentar el número de diputados de su cámara sin que existan estudios rigurosos y sin que alguna instancia del Estado tenga el poder de proponer, arbitrar o decir algo al respecto. Igualmente no asimilo que Rajoy pueda decidir él solo que ahora cambiamos la forma de elegir al alcalde. Tales privilegios debería pertenecer al Estado en exclusiva. Cualquier aspecto que tocase los asuntos electorales y sus reglas formales de juego, independientemente de que el ámbito sea local, regional o estatal, deberían estar protegidos por dispositivos legales poderosos que evitasen el mangoneo oportunista de los partidos. Y de existir la necesidad o la demanda a la hora de cambiar dichas reglas, la ciudadanía debería poder expresar su opinión a través de un referéndum antes de que ningún gobierno metiese mano en ellas.

Si una democracia es sólo formal no funciona, pero si una democracia no respeta sus aspectos formales, funciona menos aún. Para un sistema democrático el reglamento de juego es la clave de bóveda, y si este es cambiado interesadamente cuando el ganador de turno se siente en peligro, la formalidad de nuestra democracia se va a la mierda y entramos en lo que se considera un “Estado Fallido”. Y eso, amigos, sí que es jodido.

Sin embargo, con lo que me siento verdaderamente preocupado es con la reforma que el PP pretende hacer respecto de los ayuntamientos: que gobierne la lista más votada. Y digo que me preocupa porque estamos ante un cambio verdaderamente significativo en lo que concierne a las reglas más básicas de la representación del poder popular, de la transmutación de la soberanía en poder político a través de la gestión democrática de la cesión que cada ciudadano/a hace de su libertad. Es decir, cambiar las leyes laborales, castrar el sistema de bienestar, cargarse la educación pública y olvidarse de la investigación y la cultura es algo gravísimo, pero tocar el reglamento de juego electoral por el que nos hemos estado rigiendo desde la transición me parece de UVI, es jugar con las cosas de comer, tanto más cuando se hace por necesidades espurias del partido en el poder.

No soy de los que consideran que existen esencias sacrosantas intocables que mejor no menear, como la constitución o ciertas leyes. Es cierto que al Estado y sus cosas hay que dotarlos de mecanismos que los protejan y le den estabilidad, pero pasado un número determinado de generaciones, pasado el tiempo, lo lógico es, al menos, hacer un análisis critico y ver que piezas inamovibles del sistema han de seguir siéndolo, cuales necesitan recambio y cuantas hay que requieran de una simple reparación. Puede ser que el sistema electoral sea una de esas piezas, yo no digo que no, pero lo que me llena de estupor es la forma y el fondo que el PP utiliza para determinar que es necesaria una reforma “ipso facto”, ahora, ya.