El trabajo social ante los retos del nuevo curso escolar

El comienzo del nuevo curso escolar está sumiendo en la incertidumbre a muchas familias que viven con inquietud la incorporación de sus hijos e hijas a las aulas. La pandemia que sufrimos ha modificado sustancialmente el escenario educativo y está generando muchas dificultades para desarrollar con normalidad las actividades propias de las escuelas infantiles, colegios, institutos y universidades. De hecho, como consecuencia de la emergencia socio-sanitaria generada por la COVID podríamos afirmar que estamos ante una emergencia educativa.

La situación es ciertamente preocupante en la enseñanza obligatoria por la reducción del gasto en Educación durante la crisis y los recortes de la última década, con una merma de recursos materiales y humanos, a lo que hay que añadir la brecha educativa y la brecha digital de los hogares con rentas más bajas evidenciada durante el confinamiento. Lamentablemente, todo ello está limitando gravemente el derecho a la educación, está minando la igualdad de oportunidades de los colectivos sociales más desfavorecidos y restringiendo las ayudas y la protección que ofrece el medio escolar.

En este contexto, el Trabajo Social en Educación tiene gran trascendencia para la prevención, diagnóstico, intervención y seguimiento de situaciones de desprotección, maltrato, exclusión social y desigualdad educativa. Los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen como prioridad responder a las necesidades del alumnado con problemática social o en situaciones de riesgo, mediante labores coordinadas con los recursos educativos y socio-comunitarios.

Son especialistas que ofrecen apoyo a la comunidad educativa en su conjunto, a las familias, al profesorado y, particularmente, al alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad, precariedad o pobreza, con el propósito de eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y favorecer la adquisición de competencias académicas y la permanencia en el sistema educativo. Asimismo, velan por el cumplimiento del principio de no discriminación, la plena inclusión y la participación de todo el alumnado, independientemente de su condición social y cultural, género, características personales o de diversidad funcional.

Los y las trabajadoras sociales son la figura profesional de referencia para la intervención social en los centros educativos, especialmente en los de enseñanza obligatoria, los de acción educativa singular y de compensación educativa, los centros de educación especial, los centros educativos en instituciones penitenciarias y las unidades educativas hospitalarias.

En el curso que acaba de comenzar, además de las labores específicas del Trabajo Social escolar, pueden participar en la lucha contra la COVID de manera interdisciplinaria, realizando labores de rastreo, desarrollando programas para prevenir el contagio y para la adquisición de hábitos de vida saludable; también pueden facilitar información sobre los recursos sociales de emergencia para atender las necesidades sociofamiliares derivadas de la pandemia. Urge tomar medidas por parte de las administraciones educativas para reforzar el sistema educativo con los recursos profesionales necesarios, entre los que están los y las trabajadoras sociales, con el fin de asegurar que todo el alumnado pueda lograr el máximo desarrollo individual y social en un entorno escolar inclusivo, como factor esencial para la construcción de la sociedad del bienestar y como exponente de equidad y de justicia social.

El comienzo del nuevo curso escolar está sumiendo en la incertidumbre a muchas familias que viven con inquietud la incorporación de sus hijos e hijas a las aulas. La pandemia que sufrimos ha modificado sustancialmente el escenario educativo y está generando muchas dificultades para desarrollar con normalidad las actividades propias de las escuelas infantiles, colegios, institutos y universidades. De hecho, como consecuencia de la emergencia socio-sanitaria generada por la COVID podríamos afirmar que estamos ante una emergencia educativa.

La situación es ciertamente preocupante en la enseñanza obligatoria por la reducción del gasto en Educación durante la crisis y los recortes de la última década, con una merma de recursos materiales y humanos, a lo que hay que añadir la brecha educativa y la brecha digital de los hogares con rentas más bajas evidenciada durante el confinamiento. Lamentablemente, todo ello está limitando gravemente el derecho a la educación, está minando la igualdad de oportunidades de los colectivos sociales más desfavorecidos y restringiendo las ayudas y la protección que ofrece el medio escolar.