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Es difícil no hablar hoy de las inundaciones de la semana pasada en Valencia y las terribles pérdidas humanas que han dejado los efectos de la DANA. Mi primer mensaje es de condolencia para los familiares de todas las personas fallecidas. Y de agradecimiento para todos los voluntarios, bomberos, miembros de protección civil, militares, policías, guardias civiles y para todos aquellos que están al pie del cañón, demostrando la solidaridad inmensa de la sociedad española.
Pasados ya unos días desde el fatídico martes 29 de octubre, que quedará grabado para siempre en nuestra memoria, me atrevo a sacar algunas conclusiones. Parto, además, para ello, de mi propia experiencia como consejero en Castilla-La Mancha, responsable de la gestión de los incendios forestales entre 2015 y 2019, años en los que acaecieron algunos que, aunque, no tuvieron, por supuesto, la magnitud de la catástrofe que acaba de suceder en Valencia, si me sirven para realizar las siguientes reflexiones.
En primer lugar, la importancia de seguir las recomendaciones técnicas. Es lo más importante en estos casos. En Valencia, y en todas las catástrofes meteorológicas, el criterio principal es el de los técnicos de la AEMET, que “son los que saben”. Si avisan de un riesgo extremo, no hay que dudar. Hay que comunicarlo inmediatamente a la población, desde Protección Civil de la comunidad autónoma afectada, con los métodos que hoy, gracias a los avances de la tecnología, existen. La anticipación es clave. El reconocimiento de las indicaciones técnicas y la prudencia son siempre las mejores virtudes de un político en estos casos.
En segundo lugar, después de analizar con premura la magnitud de la catástrofe, hay que tomar decisiones sobre qué nivel se le asigna a la emergencia. En casos como el que ha acontecido en Valencia, para que pueda intervenir la UME, el ejercito u otros medios estatales, debe declarase el nivel 2 -como ha sido el caso- o el 3 -en cuyo caso, el control lo toma el Estado-. También aquí es preciso tomar las decisiones rápidamente.
Tercero, la colaboración entre administraciones es fundamental para la logística de las actuaciones posteriores. Para ello es muy necesaria la cooperación a nivel político y dejar trabajar a los técnicos. En España, es probable que sea necesario actualizar los mecanismos de cooperación en catástrofes como esta. No son tolerables las acusaciones de representantes políticos cuando hay vidas humanas en juego y todo el mundo -gobierno y sociedad civil- está dando lo mejor de sí mismo para arrimar el hombro, criticando las actuaciones o decisiones tomadas para intentar sacar tajada partidista. No todo vale. Un ejemplo de comportamiento lamentable ha sido el de Núñez Feijoo en sus primeras declaraciones tras la catástrofe, criticando al presidente del Gobierno y poniendo en duda el trabajo de los profesionales de la AEMET. El propio presidente de la Generalitat lo contradecía, manteniendo un clima de cierto entendimiento con el gobierno central. Ambos, Generalitat y Gobierno central están dando una imagen de cooperación, muy deseable en situaciones de este calibre.
Una cuarta conclusión es que el cambio climático, evidentemente, está aquí y hay que hacer todo lo posible desde los gobiernos, para combatirlo y paliar sus efectos. En este caso concreto, las medidas preventivas, normas urbanísticas más exigentes -y que se cumplan-, inversiones en canalizaciones y mejora de cauces son urgentes. Y deben ser prioritarias. En nada ayudan los discursos negacionistas sobre el cambio climático, irresponsables e ignorantes de la ultraderecha, a la que hay que apartar de los lugares donde se toman las decisiones en nuestro país.
Y, finalmente, para poder hacer frente a este tipo de situaciones, se necesitan administraciones fuertes, con recursos públicos adecuados, funcionarios, técnicos y medios suficientes. En definitiva, esta catástrofe nos debe hacer pensar, de nuevo, en lo importante que son los impuestos para que, cuando se necesite, la administración puede responder de forma rápida y solvente, ayudando a quienes más lo necesitan. Cuando la administración es débil -tal y como ahora reivindican los partidos de derecha-, la respuesta no es la adecuada y los más desfavorecidos se encuentran indefensos y se sienten abandonados.
En definitiva, espero que estemos a la altura en los próximos meses para ayudar a todos los afectados. Y que después, tengamos claro que para que estas situaciones no sucedan -y si suceden, podamos combatirlas mejor-, hay que dar más importancia a lo público y tener muy clara la prioridad en la concienciación y prevención frente al cambio climático.
¡Ojalá hayamos aprendido!
Es difícil no hablar hoy de las inundaciones de la semana pasada en Valencia y las terribles pérdidas humanas que han dejado los efectos de la DANA. Mi primer mensaje es de condolencia para los familiares de todas las personas fallecidas. Y de agradecimiento para todos los voluntarios, bomberos, miembros de protección civil, militares, policías, guardias civiles y para todos aquellos que están al pie del cañón, demostrando la solidaridad inmensa de la sociedad española.
Pasados ya unos días desde el fatídico martes 29 de octubre, que quedará grabado para siempre en nuestra memoria, me atrevo a sacar algunas conclusiones. Parto, además, para ello, de mi propia experiencia como consejero en Castilla-La Mancha, responsable de la gestión de los incendios forestales entre 2015 y 2019, años en los que acaecieron algunos que, aunque, no tuvieron, por supuesto, la magnitud de la catástrofe que acaba de suceder en Valencia, si me sirven para realizar las siguientes reflexiones.