La vivienda no es un bien de mercado como otro cualquiera y por eso requiere intervención pública

La vivienda no es un bien de mercado como otro cualquiera y por eso requiere una intervención pública. Los motivos para esta afirmación son numerosos y muy claros.

En primero lugar, bastaría con cumplir los mandatos de nuestra Constitución. España es un Estado social y democrático de derecho (artículo 1) y el conocido artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 

En segundo lugar, no se puede elegir entre tener un lugar donde vivir o no tenerlo. Es un bien que, en la jerga de la economía, tiene una demanda muy inelástica, aquella en la que no existen, o hay poca disponibilidad de sustitutos, y que son bienes que el consumidor considera imprescindibles. En estos bienes la propia teoría económica reconoce que no son de aplicación directa las leyes tradicionales de la competencia.

Consecuencia de lo anterior es que existe una desigualdad entre quien necesita una vivienda o un lugar donde vivir y el que puede ofrecerla.

La vivienda, tradicionalmente en España, es una forma ideal de ahorrar, invertir o especular (por ejemplo, el duque de Lerma trasladó la Corte de Madrid a Valladolid y de Valladolid a Madrid en seis años con enormes beneficios). La vivienda permite beneficios muy por encima del resto de inversiones y desde luego, muy por encima del progreso, la innovación o el bienestar que representa para la sociedad. Además la vivienda es un productor de burbujas especulativas, la última empezó en 2008 y generó la penúltima crisis económica que terminó cuando hemos empezado a salir de la crisis de la pandemia.

La lista de razones podría ser mayor, pero lo que está claro es que la vivienda es un 'bien social', que necesita la intervención pública para asegurar un precio asequible que nos permita construir una sociedad en la que la creatividad de nuestra tierra no termine emigrando, como por desgracia es una realidad histórica en nuestra región. Hace falta una mayor implicación política por la Junta de Comunidades, la titular de la competencia, que no se traduzca en parches o declaraciones con más efectos que resultados.

Al menos, la aplicación de los Planes de Vivienda, los Fondos europeos Next Generation y la Ley Estatal de Vivienda deberían servir para que en zonas concretas se declare zona tensionada, al menos en los corredores de La Sagra y el Henares, por la cercanía con Madrid y el Área Metropolitana de Toledo, por el efecto que el alquiler turístico, más o menos regulado, presiona sobre la oferta de viviendas. No basta con pasarse la pelota entre los ayuntamientos del PP-VOX y el gobierno de Page.

Hace falta mucha más vivienda pública, como existe en cualquier país europeo. Los modelos de vivienda en Europa que mejor funcionan se basan en tener un parque muy numeroso de vivienda pública, es decir en propiedad de administraciones públicas (no construidas con dinero público para quedar en manos privadas) y dedicadas al alquiler.

En el debate de esta semana, el presidente regional prometió la construcción de 1.500 viviendas para compraventa, como ya se prometió en un acuerdo con la SAREB (el banco malo con el que hemos pagado la última burbuja) la adquisición de 1.500 viviendas o si forman parte del Plan de 10.000 viviendas anunciado en el verano de este año.

Las ayudas al alquiler necesitan un impulso y un cambio en su tramitación y cuantía. Los créditos se agotan y se dejan de conceder. Una consulta a la página web de la Junta nos informa del agotamiento del crédito en Albacete, Ciudad Real y Toledo, y el mecanismo de pagos también debe modificarse. Un pago único en abril o mayo del año siguiente no sirve para reducir el precio del alquiler. Hay que ir hacia sistemas que se acerquen a los pagos periódicos, como los subsidios o las pensiones. Para eso hace falta muchos más medios para que las políticas sean efectivas.

Del Bono Joven de Alquiler en la región basta con hacer números: entre 20 y 35 años hay unas 340.000 personas en edad de recibir el bono y con ganas de emanciparse, con una dotación de 8.000.000 de euros. No tocan ni a 25 euros por joven. Por eso las ayudas directas no pueden sustituir a la intervención y la regulación de los precios.

La Administración tiene que dotarse de medios para simplificar, para hacer que sus políticas lleguen de forma sencilla a la población

Además, la política de vivienda dedica importantes fondos a la rehabilitación de viviendas y es una apuesta importante para renovar edificios que están en un estado que requieren una mejora. Todos los vecinos de comunidades que han iniciado o están en una tramitación de estas ayudas saben que su tramitación y pago son un calvario y una aventura. Una subvención, una ayuda de este tipo y a estos ciudadanos, no pueden tener la misma tramitación que una subvención a una gran empresa. La Administración tiene que dotarse de medios para simplificar, para hacer que sus políticas lleguen de forma sencilla a la población.

En definitiva, las políticas de vivienda son uno de los grandes retos de nuestro país, de nuestra región. Destinar de 60 millones en los presupuestos regionales a más de 200 en los presupuestos de 2023 y 2024 es un paso en la buena dirección. Pero para hacer que ese presupuesto se ejecute, sirva a las necesidades, hace falta muchos más medios materiales y personales para hacer esas políticas y ese esfuerzo le corresponde al Gobierno regional y mientras se construye y se ponen a disposición las viviendas públicas necesarias hay que intervenir, limitar precios e impedir que una vivienda para alquiler se convierte en un 'hotel' o un apartamento para un fin de semana.

La vivienda no es un bien de mercado como otro cualquiera y por eso requiere una intervención pública. Los motivos para esta afirmación son numerosos y muy claros.

En primero lugar, bastaría con cumplir los mandatos de nuestra Constitución. España es un Estado social y democrático de derecho (artículo 1) y el conocido artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.