Voto particular y una propuesta ante el desacuerdo sobre los Presupuestos

En derecho procesal, se denomina voto particular concurrente a aquel que estando de acuerdo con la decisión final tomada por un órgano, discrepa sin embargo en aspectos importantes, en este caso en el procedimiento seguido. En este artículo expongo mi voto particular sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha porque considero que es mi obligación como representante público explicarlo a la ciudadanía y a nuestra propia militancia.

Podemos representa un proyecto político autónomo y alternativo tanto al del PP como al del PSOE en Castilla-La Mancha. Este PSOE ha propiciado la investidura de Rajoy y el retorno como ministra de Cospedal, permitiendo la continuidad en el Gobierno central de quienes imponen medidas tan perniciosas para nuestra región como los trasvases, el cierre de Elcogas, la instalación del Cementerio Nuclear o el recurso a las 35 horas. El Gobierno de Page ha demostrado además ser incapaz de cumplir muchos de los compromisos adquiridos e impulsar un verdadero cambio y pretende asentarse cómodamente sobre buena parte de los recortes de Cospedal.

En un artículo anterior expuse el abultado catálogo de incumplimientos de compromisos y resoluciones por parte del Gobierno de Page que condujeron en su momento a la cancelación del acuerdo de investidura, si bien ya entonces manifesté que una cuestión de este calado debería haberse planteado en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos como órgano de dirección política y que la evaluación de los incumplimientos debería al menos haberse socializado también previamente entre nuestras bases.

El rechazo ahora de la gran mayoría de nuestras enmiendas durante la tramitación de los presupuestos regionales vuelve a poner de manifiesto el limitado alcance del cambio que está dispuesto a impulsar el PSOE por su propia iniciativa y que solo bajo presión y condicionado por Podemos se verá obligado a asumir ciertos avances. 

Estos hechos confirman la necesidad de que asumamos el reto de constituirnos como alternativa de gobierno frente a PP y PSOE para impulsar en Castilla-La Mancha un verdadero cambio, descartando explícitamente cualquier posibilidad de entrada en el Gobierno de Page. Mientras tanto, durante esta legislatura, hemos de ser conscientes de las posibilidades de una acción institucional condicionada por los resultados de las elecciones autonómicas. Estos resultados nos situaron en una posición minoritaria, pero decisiva a la hora de conformar la mayoría necesaria para impulsar y aprobar medidas legislativas a favor de la mayoría social. Desde esta posición, una de las herramientas de incidencia política más influyentes de las que disponemos es precisamente la negociación de los Presupuestos regionales. 

A mediados de noviembre de 2016 presentamos públicamente nuestro Proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas y establecimos como condición fundamental para negociar los presupuestos la dotación presupuestaria de un Plan de Garantías como primer paso para la posterior tramitación del Proyecto de Ley. La aceptación del Plan de Garantías por parte del Gobierno regional permitió abrir una ronda de negociaciones que culminó con la presentación pública de un acuerdo para la tramitación -que no necesariamente aprobación- del Proyecto de Ley de Presupuestos. Este acuerdo de mínimos contemplaba el encaje presupuestario del Plan de Garantías, con una dotación de casi 120 millones de euros, además de un incremento del gasto social, incluyendo una congelación de los conciertos educativos y una reducción de las derivaciones sanitarias, entre otras cuestiones. Este acuerdo de mínimos para la tramitación no implicaba desde luego una renuncia por nuestra parte a profundizar avances en la fase de enmiendas parciales.

En esa fase, la mayoría de nuestras enmiendas fueron elaboradas a iniciativa respectivamente de cada uno de los diputados en contacto con diversas organizaciones y colectivos y después fueron puestas en común y asumidas en conjunto por el grupo parlamentario. Unas pocas fueron acordadas con el grupo socialista. Otras, en cambio, se presentaron aun con la conciencia de que probablemente serían rechazadas por este grupo, al menos en primera instancia. El PSOE, por su parte, presentó ciertas enmiendas que contravenían el criterio acordado de priorizar los servicios públicos, planteando, por ejemplo, la gestión externalizada de residencias de personas mayores y con discapacidad o de los museos a través de la Fundación Impulsa. Inició al mismo tiempo una campaña desaforada de ataque público a las enmiendas de Podemos que contribuyó a polarizar la situación y dificultar la negociación. En la Comisión de Presupuestos de los días 27 y 28 de marzo el PSOE rechazó la mayoría de nuestras enmiendas. Siguiendo, no obstante, el procedimiento habitual en este caso, mantuvimos las enmiendas vivas para que volvieran a debatirse y votarse en el Pleno, previsto para los días 6 y 7 de abril.

La toma de decisión

En ese lapso intermedio, sin embargo, las negociaciones con el PSOE quedaron en suspenso y no hubo mayor avance. La consideración que compartí entonces con mi compañero de grupo parlamentario fue que, una vez presentadas y rechazadas determinadas enmiendas, la aprobación o rechazo por nuestra parte de los presupuestos nos obligaría a enfrentar dilemas en cualquiera de los dos escenarios y que correspondía a la dirección política tomar la decisión final, que yo acataría y respaldaría en cualquier caso. La decisión de rechazar los presupuestos se tomó en el Consejo de Coordinación, que, según nuestro documento político-organizativo vigente, es “el equipo en el que se apoya el/la Secretario/a General para realizar sus tareas”, si bien el mismo documento establece que es el Consejo Ciudadano Autonómico “el órgano de dirección política de Podemos con funciones ejecutivas”.  Esta decisión final se me comunicó el mismo día 7 de abril en el Pleno apenas una hora antes de la votación.

Dada esta secuencia de acontecimientos y una vez rechazadas también en el Pleno la mayoría de nuestras enmiendas, difícilmente cabía otra decisión. El procedimiento, sin embargo, es cuestionable en aspectos importantes.

En primer lugar, en un proceso de negociación las condiciones deben ser exigentes, pero claras y consistentes desde el inicio, identificando con nitidez cuáles de ellas se consideran irrenunciables y previniendo sobre las posibles consecuencias de su rechazo. De ello depende nuestra credibilidad como interlocutores. En cualquier caso, en el proceso seguido es probable que no se agotaran tampoco todas las posibilidades de negociación, particularmente en el lapso crítico que medió entre la Comisión y el Pleno. En ese lapso de una semana pudo haberse negociado con el PSOE desde una posición de enorme fuerza, la que nos hubiese conferido la mera advertencia de que el rechazo de nuestras enmiendas de nuevo en el Pleno podría conllevar la no aprobación de los presupuestos. 

En segundo lugar, el proceso de toma de decisiones no se ajustó a la organicidad contemplada en nuestro documento político-organizativo. La trascendencia política de esta decisión ciertamente hubiese merecido la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano Autonómico como órgano de dirección política con funciones ejecutivas. Este órgano solo puede ser convocado a propuesta del Secretario General o a petición del 25% del propio órgano o del 10% de las personas inscritas o de los Círculos validados. 

Por último, pero no menos importante, las decisiones de Podemos deben también responder en lo posible a nuestros principios de democracia participativa. En nuestro documento político-organizativo se establece que la Asamblea Ciudadana, es decir el conjunto de personas inscritas en Podemos en Castilla-La Mancha, “deberá ser consultada con carácter preceptivo para todas las decisiones de relevancia”. Esta consulta solo puede ser convocada por el Secretario General o por mayoría simple del Consejo Ciudadano Autonómico o por un 20% de las personas inscritas o de los Círculos validados. Parece evidente, sobre todo a la luz de la controversia generada y de las posibles repercusiones, que la decisión de aprobar o rechazar los presupuestos es una cuestión de relevancia que merece ser consultada a la militancia. Así se tiene previsto hacer, por ejemplo, por parte de Podemos en Aragón, donde la decisión final sobre la aprobación o rechazo de los presupuestos será consultada a la Asamblea Ciudadana.

Incluso aunque pueda discutirse si en tal caso la consulta es o no obligada, difícilmente puede cuestionarse que cuando menos resulta conveniente. Una decisión informada, consultada y participada proporciona mayor legitimidad y fuerza y prepara mejor a nuestros órganos y militancia para defenderla y explicarla a la sociedad. Como ya argumenté también con relación a la cancelación del acuerdo de investidura, “con toda probabilidad la decisión habría sido concurrente, pero el procedimiento es igualmente importante en una organización que no solo reclama, sino que debe dar ejemplo de democracia participativa. Además, frente a los ataques de nuestros adversarios, la mejor forma de garantizar la defensa unitaria de una decisión es asegurando que esta es participada y asumida por el conjunto de las bases y órganos del partido”. 

Propuestas

¿Qué podemos hacer ahora? Diversos colectivos, plataformas y organizaciones de la sociedad civil están apelando a la necesidad de que PSOE y Podemos retomemos el diálogo y logremos un acuerdo. En respuesta a esa demanda social, planteo a continuación una propuesta concreta que se compone de los siguientes pasos: 

En primer lugar, se abrirá una renegociación centrada en aquellas enmiendas parciales sobre las que persistían importantes discrepancias y orientada a alcanzar cuatro acuerdos básicos: 

-Un acuerdo sobre sanidad y servicios sociales, que signifique un mayor avance en la reducción de las derivaciones sanitarias y el refuerzo de la atención primaria en la sanidad pública, mejoras en el transporte sanitario, recursos adicionales para resolver el limbo de la dependencia, así como la apertura con gestión pública y directa de residencias de mayores y personas dependientes, conforme a lo establecido en la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

 -Un acuerdo sobre educación y cultura, que conlleve un mayor esfuerzo presupuestario para la sustitución de barracones por aulas en condiciones redistribuyendo fondos públicos desde la educación concertada, según lo comprometido ya en el acuerdo para la tramitación de los presupuestos de 2016, así como la gestión pública y directa de los museos de la región y mecanismos suficientes de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de aquellas actividades culturales que se mantengan en la Fundación Impulsa.

 -Un acuerdo sobre agricultura y medio ambiente, que implique el archivo definitivo de los expedientes de minería de tierras raras, la reversión de recortes a la agricultura ecológica tomando como base lo acordado con las organizaciones agrarias en el Pacto de Tomelloso, una dotación presupuestaria realista para la construcción de regadíos y la incorporación de jóvenes a la agricultura, así como recursos adicionales para la retirada inmediata de los residuos de amianto.

 -Y un acuerdo para la adopción de medidas de emergencia frente a la violencia machista, centrado en el refuerzo de la red de Centros de la Mujer y recursos de acogida y en la realización de programas de prevención de la violencia machista particularmente entre los y las jóvenes.

En segundo lugar, la aprobación o rechazo de los presupuestos, incluyendo el resultado de estos acuerdos, se debatirá y votará en el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Castilla-La Mancha y se someterá a consulta de la Asamblea Ciudadana.

Por último, y para agilizar el proceso, se seguirá un procedimiento lo más abreviado posible en las Cortes de Castilla-La Mancha, omitiendo las comparecencias de consejerías, ya realizadas, y simplificando la tramitación de las posibles enmiendas parciales.

En las últimas semanas hemos sufrido un fracaso político compartido. El PSOE no puede seguir comportándose como si gobernase con mayoría absoluta. En Podemos debemos hacer también nuestra autocrítica y mejorar nuestros procedimientos de comunicación y toma de decisiones. Desde nuestro partido asumimos desde el inicio el compromiso de hacer una oposición exigente, pero constructiva y, sobre todo, útil a la ciudadanía. La ciudanía está ahora expectante y espera de ambas partes responsabilidad y voluntad política.

En derecho procesal, se denomina voto particular concurrente a aquel que estando de acuerdo con la decisión final tomada por un órgano, discrepa sin embargo en aspectos importantes, en este caso en el procedimiento seguido. En este artículo expongo mi voto particular sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha porque considero que es mi obligación como representante público explicarlo a la ciudadanía y a nuestra propia militancia.

Podemos representa un proyecto político autónomo y alternativo tanto al del PP como al del PSOE en Castilla-La Mancha. Este PSOE ha propiciado la investidura de Rajoy y el retorno como ministra de Cospedal, permitiendo la continuidad en el Gobierno central de quienes imponen medidas tan perniciosas para nuestra región como los trasvases, el cierre de Elcogas, la instalación del Cementerio Nuclear o el recurso a las 35 horas. El Gobierno de Page ha demostrado además ser incapaz de cumplir muchos de los compromisos adquiridos e impulsar un verdadero cambio y pretende asentarse cómodamente sobre buena parte de los recortes de Cospedal.